Algo viene mutando en el entramado delictual. La ola de secuestros exprés que asolaba a los centros urbanos más populosos del país, especialmente a CABA y el conurbano bonaerense, continúa experimentando un descenso drástico.

Aún ante el pertinaz escenario de crisis económica, la estadística criminal muestra que hoy ese tipo de delito virulento—ejecutado al voleo, con una duración promedio de entre 4 a 6 horas de cautiverio arriba de un auto, a manos de bandas que lograron embolsar pingües ganancias—, pareciera encaminarse a la extinción. O mutar hacia otra tipología delictiva como son los robos a mano armada y las entraderas, debido al éxito que ha tenido la persecución conjunta de este clase de delitos contra las personas.

Según datos de la UFESE, la fiscalía especializada en secuestros extorsivos que dirige el fiscal federal Santiago Marquevich, en el primer semestre de este año la baja fue notoria: los secuestros cayeron un 85% en comparación con igual período en 2015.

La foto ampliada en esa unidad, que opera sobre las organizaciones delictivas y ya no sólo sobre el delito en sí, exhibe que esa curva se mantiene firme en su declive. Por lo menos desde fines de 2016. Resulta imposible medirla en un mayor lapso temporal ya que durante una década (2005-2014) no se difundieron índices de criminalidad.

Los informes mensuales de la UFESE divulgados en el sitio de la Procuración General, muestran que mientras en 2015 se registró un total 294 secuestros, a razón de casi uno por día, en 2016 hubo 227 (19 mensuales);185 en 2017 (15 al mes) y 111 en 2018 (9 por mes).

La caída continuó acentuándose hasta su piso histórico este año: durante un lapso de más de 7 meses, se registró un total 27 secuestros—siempre de corta duración y sin inteligencia previa—, con un promedio de 4 interceptaciones al mes con exigencias de rescates. En lo que va de agosto, no hubo víctimas en cautiverio a cambio de pagos. La estadística de 2019  incluye los casos de secuestros a miembros de bandas narco, en los que los rescates se saldan con droga y efectivo.

No obstante, las víctimas recurrentes fueron hombres solos captados a punta de pistola, a partir de las 18, mientras circulaban en vehículos de mediana y alta gama en calles urbanas de las zonas sur y oeste del conurbano, o en barrios de la capital cercanos a los accesos principales como la General Paz, la autopista La Plata o demás arterias neurálgicas.

"Hoy manejamos cifras de secuestros realmente muy bajas en comparación con 2015 cuando ese delito recrudeció", afirmaron los investigadores de la UFESE a Infobae. "Pero la modalidad típica se da entre bandas semi estructuradas, es decir, no del todo organizadas y poco profesionales, de entre 3 a 6 integrantes: salen a dar vueltas con un vehículo robado días antes. Interceptan con uno o dos autos a la víctima a punta de pistola y lo pasan al asiento trasero. Circulan por autopistas y desde el propio celular de la víctima se exige un rescate a los familiares con mucha intimidación y agresión verbal. Algunas veces también hay violencia física; golpes o quemaduras con el encendedor del auto para intimidar tanto a la víctima activa como a la pasiva, la familia, y acelerar el pago".

"La exigencia parte de un monto alto; pueden ser unos $500.000—describe la fuente—. Y siempre muestran urgencia por cobrar el rescate dado que carecen de la logística para ocultar a las víctimas. Pueden ser tres llamados en los que sobreviene luego una negociación con la familia que intenta bajar el monto exigido para poder reunir el dinero. Y se pauta un lugar de pago, que puede ser una estación de servicio o un punto en colectora o en la propia autopista. Allí el familiar suele verle la cara al cobrador. Si bien cada caso es único, el protocolo de actuación policial apunta siempre a asegurar la vida de la víctima. Y eso supone pagar el rescate, que es lo que hoy se recomienda. La Policía, si bien tiene monitoreada la situación en todo momento por escuchas y seguimientos, no suele intervenir hasta después de concretada la liberación. Eso los delincuentes lo saben. Aunque la decisión operativa de intervenir siempre es de las fuerzas de seguridad. Nosotros en la UFESE colaboramos con los fiscales de otras jurisdicciones en la investigación judicial".

Santiago Marquevich, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos
Santiago Marquevich, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos

Antes del secuestro de Axel Blumberg en 2003, existían concepciones contrapuestas para la actuación policial. La Brigada Antisecuestros de la Federal insistía en interceptar el pago para dar con la organización, liberar luego a la víctima y prevenir que con lo recaudado las bandas perfeccionaran su logística y aumentara ese tipo de delito. En la Bonaerense, en cambio, primaba el criterio opuesto, que es el que terminó imponiéndose: pagar el rescate y desarticular a la banda después.

Desde la asunción de Marquevich en 2016, la UFESE creó un mapa online del delito a nivel nacional, con los puntos de las interceptaciones, los cobros de los rescates y las liberaciones de la víctimas. Además, aunque no se difunden online, lleva un registro minucioso de los montos pagados en los rescates a los que accedió Infobae. No sólo para seguir el rastro del dinero. También para monitorear que las ganancias no se vuelquen en logística y en el rearmado de organizaciones parcialmente desbaratadas.

Dólares, euros y pesos

En tres años de raid delictivo, las diferentes bandas abocadas a secuestros cobraron rescates por un total de 58.307.255 de pesos. Esa cifra incluye dinero en efectivo en moneda nacional, dólares y euros. Pero a eso hay que sumarle joyas y objetos de valor, como notebooks, plasmas y otros electrodomésticos que las familias entregan para conformar a los delincuentes.

Ese monto total, cercano a 1,3 millones de dólares comprende los pagos efectuados entre junio de 2016 hasta igual mes de este año, lo que arroja que en promedio—y a título meramente ilustrativo— cada víctima pasiva debió desembolsar $134.658 para que los delincuentes aceptaran liberar sus seres queridos.

La cifra, de todas maneras, fluctúa, ya que en los 433 secuestros registrados en ese período hubo víctimas que recuperaron su libertad sin que se efectuaran el pago y casos en los que el desembolso fue mayor y menor a ese monto.

En lo que los expertos no dudan es en el ocaso de los secuestros de larga duración, con apoyo logístico y víctimas previamente elegidas por su solvencia económica.

El ocaso del secuestro planificado

El último secuestro extorsivo de seis días de cautiverio ocurrió en diciembre de 2016. La víctima, Mauricio Di Nenno, de 28 años, hijo de un supermercadista de la zona sur, fue secuestrado en Berazategui y liberado en Quilmes tras un pago de $650 mil.

Semanas atrás, la fiscalía de Ituzaingó, con la colaboración de la UFESE y la DDI de Morón, capturó a uno de los prófugos más buscados. Se trata de Alan Mayorano, el último integrante de la desbaratada Banda del Focus, también conocida como la Banda del Hoyo, imputada de más de media docena de secuestros, violentas entraderas y robos de automotores, entre ellos el auto de la actriz Moria Casan.

Liderada por Matías Gabriel Pereyra, procesado con prisión preventiva como jefe de una asociación ilícita, uno de los últimos secuestros exprés que perpetró la banda tuvo como víctima al empresario inmobiliario Pablo Ezequiel Mingote en febrero de este año, en Marcos Paz.

Tras una persecución policial, a Mingote la banda lo mantuvo cautivo en una casa quinta del conurbano y fue liberado horas después en Merlo tras el pago de USD 35.000 y $135.000 pesos en efectivo.

El grueso de la banda cayó un mes después por cruces e interceptaciones de llamadas telefónicas ordenadas por la UFESE y las tareas de inteligencia criminal de la Policía Bonaerense.

"No hay secretos en la baja del delito", señala el Director Nacional de Investigaciones del Ministerio de Seguridad, Rodrigo Bonini. "¿Por qué han bajado tanto los secuestros exprés? Porque hubo una decisión política estratégica de ir detrás de estas bandas, capturar a sus integrantes e impedir que se profesionalizaran a través de la inteligencia criminal".

"El resultado ha sido exitoso", continuó el funcionario. "En tres años y medio desmantelamos 27 organizaciones dedicadas al secuestro extorsivo, detuvimos a 140 integrantes y se esclarecieron 97 secuestros. Hay mucho monitoreo y, por otro lado, los delincuentes saben que hoy los jueces sancionan con severidad este delito: las penas no bajan de los 15 años de prisión".

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