La jueza Brenda Madrid le concedió este martes el beneficio de la prisión domiciliaria a Pablo "Bebote" Álvarez, en el marco de la investigación por asociación ilícita que involucra a la barra brava de Independiente y la familia Moyano.
Álvarez, en prisión preventiva desde 2017 por su participación en la causa, acusó en repetidas ocasiones a Hugo y Pablo Moyano, presidente y vicepresidente del club respectivamente, de estar involucrados en el fraude y de usar el club para llevar a cabo negocios ilegales en beneficio propio. Según Álvarez, padre e hijo defraudaron a la institución de Avellaneda por una cifra que ronda los 30 millones de dólares a través de un fideicomiso denominado Arístides.
En diálogo con el programa periodístico "La Cornisa" en mayo, "Bebote" explicó que la suma está compuesta por "venta de jugadores, entradas no declaradas, publicidades que no se blanquearon ni se informaron" a la AFA, "entre otros chanchullos más".
La decisión llega menos de una semana después que la jueza Madrid rechazara aceptar a Álvarez como arrepentido en la causa -argumentó que la figura no está contemplada en la normativa legal de la provincia de Buenos Aires- pero, no obstante, accediera a un pedido de la fiscalía de reducirle la escala penal por la colaboración prestada. Al tomar como válida su declaración, la jueza podrá reducir su eventual condena penal. Ahora, "Bebote" usará una tobillera electrónica.
En la práctica, y de acuerdo al artículo 41 ter esto implica la posibilidad de "reducir en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo respecto de los partícipes o encubridores que, durante la sustanciación del proceso o antes de su iniciación, proporcionen información". Álvarez se encuentra acusado de ser uno de los organizadores de la asociación ilícita junto a Pablo Moyano.
El 19 de julio, el fiscal adjunto de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, solicitó que la causa se eleve de forma parcial a juicio oral. La parte en cuestión no comprende a Moyano -quien fue indagado después que otros involucrados- pero si a "Bebote" y otros procesados como Roberto "Polaco" Petrov, Noray Nakis y Héctor "Yoyo" Maldonado.
El fiscal Scalera, no obstante, no descartó volver a pedir la detención de Pablo Moyano. Esto estará supeditado al resultado de una serie de pericias que ya obtuvo parcialmente y concluirán en agosto, a la espera de la declaración testimonial del hombre encargado de hacer los tickets que terminaban en manos de la barra y al nuevo status de Álvarez.
En la entrevista con "La Cornisa", Álvarez indicó que "las mil entradas" que le daban a su agrupación y otras "80 o 100 de procotolo" no pasaban por la contabilidad del club, sino que las rendían de manera paralela, para simular operaciones y usarlas para beneficio propio. "Eran mil socios que no pagaban sus cuotas a Independiente sino que iban directo al bolso de la familia Moyano", aseguró.
El ex jefe de la barra también se explayó sobre otras vetas del negocio ilegal, al asegurar que los Moyano extorsionaron a las empresas Loma Negra y Acindar, de usar a la barra para extorsionar jugadores, al ex técnico Ariel Holan y "garantizar la salida del (ex presidente) Cantero", y de comprar en dos millones y medio de dólares al jugador Víctor Cuesta, pero haber hecho figurar la transacción en 600 mil dólares más.
Scalera ya había solicitado la prisión preventiva de Moyano, pero esta fue rechazada en su momento por el juez Silvio Carzoglio, quien fue suspendido acusado de mal desempeño de sus funciones tras esa decisión.
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