Basualdo salió ileso del ataque. Él mismo lo repelió, ya que portaba un arma. El dirigente justicialista Lorenzo Pepe, que por entonces también era legislador, recordó el hecho para Infobae: "Fue en los primeros tiempos de la democracia, en las primeras sesiones del Congreso. Los diputados no sólo tenían derecho de portación de armas, sino que la misma Cámara le proveía una pistola 9 milímetros al que la solicitara. Yo no la tenía, pero Basualdo sí. Era diputado por la provincia de Buenos Aires. Sacó su arma y repelió el ataque. Los individuos se dieron a la fuga y nunca se los identificó. Afortunadamente no lo hirieron".

Ese día, la sesión había terminado tarde, como suele suceder en la cámara. Cuando Basualdo fue a buscar su auto en el subsuelo del Congreso,  empezaron los disparos. Lo estaban esperando. Evidentemente conocían sus rutinos o alguien les avisó que se dirigía al estacionamiento. El diputado sacó su arma y respondió. Eran dos o más individuos desde otro vehículo que, tras disparar, se dieron a la fuga.

La democracia recuperada daba sus primeros pasos. Las elecciones habían tenido lugar el 30 de octubre y el nuevo gobierno, así como la nueva legislatura, habían jurado el 10 de diciembre. Por lo tanto, 1984 fue el primer año de actividad parlamentaria normal luego del cierre del Congreso tras el golpe de Estado de 1976.

Lorenzo Pepe considera que el ataque pudo haber sido simplemente porque era diputado. Le pudo tocar a cualquier legislador. También Jorge Vanossi, que era diputado por el radicalismo en ese entonces, recuerda que se vivía bajo un clima de constantes amenazas en el Congreso.  Sin embargo, en aquel entonces, en los medios y en los círculos políticos se vinculó el ataque con la investigación de un negociado del Proceso.

Así lo confirma Julio César Aráoz, ex ministro de Salud y ex secretario de lucha contra la Droga en el gobierno de Carlos Menem, que en 1983 había sido electo diputado nacional por el PJ de su provincia, Córdoba. "Fue por caso Ítalo, por el que hasta llegamos a detener a José Alfredo Martinez de Hoz; la gota que rebalsó el vaso y nos valió amenazas y el atentado contra Basualdo".

Julio César Aráoz fue diputado nacional en 1983. Integraba la Comisión investigadora de la Ítalo, junto a Héctor Basualdo, el legislador baleado en el estacionamiento del Congreso
Julio César Aráoz fue diputado nacional en 1983. Integraba la Comisión investigadora de la Ítalo, junto a Héctor Basualdo, el legislador baleado en el estacionamiento del Congreso

Ese año había varias iniciativas parlamentarias destinadas a investigar diferentes aspectos de lo ocurrido durante los siete años de dictadura. Una de esas comisiones fue la que se ocupó de revisar el llamado "negociado de la Ítalo", en referencia a la escandalosa estatización de la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad, un muy buen negocio para sus accionistas y pésimo para el Estado.

Una iniciativa que, por otra parte, iba a contramano de la filosofía privatista del Proceso. Pero un repaso por los nombres de algunos de sus directivos y accionistas lo explica todo: Francisco Soldati, Roberto Alemann, Nicanor Costa Méndez y el mismísimo Alfredo Martínez de Hoz.

La comisión que investigaba el caso, y de la que Héctor Basualdo era integrante, había comenzado a citar a todos los involucrados para escuchar sus explicaciones. Por lo tanto, cuando fue atacado, de inmediato se pensó que había un vínculo con esa investigación.

Por entonces, operaban muchas bandas formadas por lo que se llamaba "mano de obra desocupada", en referencia a represores que habían sido exonerados de las distintas fuerzas, y que se dedicaban a crear este clima enrarecido o al delito común, como el secuestro extorsivo.

Jorge Vanossi recuerda incluso que su nombre y el de Balbino Zubiri, otro diputado radical -ambos estaban en la comisión que seguía los juicios a las Juntas-, aparecieron en una lista de posibles blancos de secuestro en poder de un miembro de la banda de Aníbal Gordon.

El nombre completo de la comisión especial era "Investigadora de presuntas irregularidades cometidas al ser transferida al Estado argentino la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad S.A."  y había sido creada por resolución de la Cámara de Diputados el 15 de marzo de 1984.

Su presidente era Guillermo Tello Rosas, diputado radical por la Capital Federal. Héctor Basualdo, del PJ y de la provincia de Buenos Aires, era el vicepresidente de la comisión. A ellos se agregaban un secretario y cinco vocales, entre los que estaba Julio César Aráoz, que más tarde fue ministro de Salud de Carlos Menem, entre otros cargos.

"Nos llegaban todo el tiempo comunicados amenazantes firmados por un Comando Libertadores de América -cuenta Aráoz a Infobae-, nuestra comisión puso nerviosos a muchos porque no s{olo investigábamos, también teníamos potestad para interrogar, allanar y detener. Los miembros de las Juntas, como Videla, Massera y otros, fueron citados por nosotros". Estos altos jefes de la dictadura ya estaban detenidos en el marco del juicio a las juntas.

Pero la cosa se puso más espesa cuando detuvieron al ex ministro de Economía del Proceso José Alfredo Martínez de Hoz y allanaron el estudio de su número dos, Guillermo Walter Klein, que había sido su secretario de Programación y Coordinación Económica. En ese allanamiento se secuestró documentación probatoria del negociado.

El ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, junto a Jorge Rafael Videla (Foto: Télam)
El ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, junto a Jorge Rafael Videla (Foto: Télam)

Martínez de Hoz estuvo sólo 48 horas detenido. Los militares todavía tenían mucho poder y el gobierno democrático se sentía débil como para abrir tantos frentes al mismo tiempo. Aráoz recuerda que Alfonsín les reprochó tanta temeridad. "Habíamos puesto un poco en conflicto al gobierno con nuestra actitud. El Presidente de la Nación nos pidió desacelerar porque la democracia estaba débil", dice.

A tal punto era fuerte todavía la dictadura, que poco después, una comisión de juristas anuló todo lo actuado -incluyendo las pruebas obtenidas por la comisión- alegando que los diputados no tenían potestades expresas para allanar. Y, al concluir ese primer mandato legislativo, las pruebas colectadas por la comisión habían desaparecido misteriosamente de la caja fuerte de la Cámara. 

Aráoz está incluso convencido de que tenían infiltrada la comisión y de que aquella madrugada, estaban esperando a su colega. Basualdo, recuerda Aráoz, tuvo que vivir varios meses protegido por el Sindicato de Luz y Fuerza, del que había sido dirigente, porque corría riesgo de vida. "Recibimos varios premios por aquella investigación -recuerda Aráoz- pero nos quedamos en eso".

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