Crimen de las 185 puñaladas: se demora la decisión judicial que podría liberar a las dos acusadas

El viernes de la semana pasada el  juez de Garantías 4 de San Martín, Alberto Brizuela, ordenó la "excarcelación extraordinaria" de la madre e hija que mataron de 185 cuchillazos a su esposo y padre, respectivamente, en la localidad bonaerense José C. Paz, al considerar que fue un caso de "violencia de género histórico". Falta sin embargo el aval de la fiscal Silvia González Bazzani y por ese motivo familiares y amigos de las acusadas, marcharon este lunes a la fiscalía de Malvinas Argentinas.

La decisión de Brizuela benefició a Paola Elvira Córdoba (38) y su hija, Paula Milagros Naiaretti (18), quienes estaban presas desde el sábado, cuando se produjo el homicidio de Alberto Elvio Naretti (46).  A pesar de esto  las mujeres continúan este lunes detenidas en la alcaidía departamental de La Plata, ya que hasta que la fiscal Bazzani -quien podría apelar la decisión- no sea notificada, la medida no quedará firme y madre e hija no podrán ser excarceladas.

En este marco este lunes familiares y amigos de las dos mujeres marcharon hacia la fiscalía de Malvinas Argentinas en un intento de ejercer presión para que Bazzani convalide la "excarcelación extraordinaria" dispuesta por el juez. El defensor oficial de madre e hija, Javier Chirinos, había explicado la semana pasada que si la fiscal está de acuerdo con la medida, recuperarán la libertad de inmediato, pero si esta apela a la Cámara, sus asistidas deberán esperar esa resolución.

El juez Brizuela impuso como condiciones para la excarcelación que Córdoba y su hija permanezcan los primeros 30 días de libertad en la casa de una hermana de la primera y que no se alejen a más de 100 kilómetros mientras sigue la investigación. En cuanto a los otros tres hijos de la mujer, ordenó que no tengan contacto hasta que lo autorice la asesora de menores y le impidió cualquier acercamiento a la familia de Naiaretti.

El abogado Chirinos había pedido la excarcelación de ambas mujeres, al considerar que este es un caso de "violencia de género histórica", sufrido por Córdoba a lo largo de más de 20 años, violencia que se daba en el plano económico, físico y que inclusive la llevó a ejercer obligada la prostitución. Estos abusos, según el defensor, no sólo la tuvo como víctima a ella sino también sus hijos.

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