Los más de 43 mil detenidos dentro de los penales y comisarías bonaerenses encuentran formas creativas para contrabandear objetos no permitidos tras las rejas.
Carlos Damián Cedrón, oriundo de Boulogne, de 23 años de edad, fue condenado en agosto de 2014 a cinco años y seis meses por el delito de robo, una pena supervisada por el Juzgado de Ejecución Penal N°2 de San Isidro. Cedrón pasó por varias cárceles bonaerenses hasta llegar a la Unidad N°48 de San Martín: recibió en enero del año pasado el beneficio de las salidas transitorias hasta el vencimiento de su pena, que será en noviembre de este año.
El fin de semana pasado, Cedrón regresó a la cárcel tras una salida. Llevaba un bolso. Cuando agentes penitenciarios lo requisaron, encontraron un doble fondo con marihuana, un celular. En el bolso, Cedrón también llevaba empanadas de carne. Los penitenciarios la palparon, al verlas llamativamente grandes. Adentro de una de ellas, había un dispositivo para cargar teléfonos.
La jugada fue sumamente dañina para Cedrón: la Justicia le revocó el beneficio de las salidas. Sin embargo, ese teléfono y esa empanada no ocurren en un vacío.
De acuerdo a un informe del Servicio Penitenciario Bonaerense, hubo 15.800 facas incautadas en todo 2017 -poco más de cuatro de cada diez presos con un arma letal-, 26 mil celulares -es decir, casi 7 de cada 10 de todos los presos del SPB con un aparato clandestino-, 11.800 pastillas y 1.600 litros de bebida tumbera fermentada.
El contrabando penitenciario, por otra parte, llega a extremos más graves que un teléfono, un cargador o un blister de psicofármacos. En julio de 2018, una requisa en la cocina de la Unidad N°24 de Florencio Varela encontró más de ocho kilos de cocaína embalada en un cajón de tomates perita, con un valor callejero mínimo de 100 mil dólares. Ese mismo mes, otra requisa detectó dos barras de trotyl y municiones de alto calibre en otro penal de la jurisdicción.
Hoy al mediodía, la gobernadora María Eugenia Vidal y el ministro de Justicia Gustavo Ferrari -de quien depende el Servicio Penitenciario Bonaerense- inaugurarán una nueva cárcel en Campana para 600 detenidos de 18 a 21 años, la primera que se inaugura en los últimos 15 años.
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