La fiscalía pidió los audios de las escuchas del caso Maldonado

Tras el aval de la Cámara de Casación sobre la legalidad de las escuchas telefónicas del caso Maldonado, la fiscal federal subrogante en Esquel, Silvina Ávila, solicitó la remisión de la totalidad de esos audios, grabados en discos compactos, que el juez Gustavo Lleral atesora como prueba reservada en su tribunal de Rawson.

El pedido de la fiscalía fue requerido al primer juez de caso Maldonado, Guido Otranto, quien había ordenado intervenir los teléfonos de los testigos Claudina Pilquiman y Ariel Garzi y más tarde de Sergio Maldonado, para dar con el paradero de Santiago. El magistrado ahora deberá resolver si hace lugar a la solicitud y envía un exhorto a Lleral para que entregue los discos que el propio magistrado había ordenado destruir.

En el escrito de solicitud al que accedió Infobae, la fiscal informa que cuando quiso acceder a esos discos, antes de que Lleral los declarara inconstitucionales, pudo constatar que ni en la causa de hábeas corpus ni en los legajos reservados, resguardados en el Juzgado Federal de Rawson, obraba constancia de que el tribunal hubiera recibido esa prueba.

Según consigna el documento, al consultar sobre esa falta al secretario del juzgado, Leonardo Barzini, éste manifestó que tanto la constancia como los discos compactos "deben estar entre las cosas que trajeron de Esquel, que están todas desordenadas".

Ávila hace tiempo que busca obtener esa prueba. Quiere avanzar en la instrucción de dos causas impulsadas por el Ministerio de Seguridad a principios del año pasado contra los abogados Fernando Cabaleiro y Carlos María González Quintana y contra miembros de la comunidad mapuche de Cushamen por haber cimentado un relato falaz sobre la desaparición de Santiago.

Los letrados fueron denunciados por la cartera de Patricia Bullrich de haber falseado la declaración de Lucas Naiman Pilquiman, más conocido como el testigo E, para respaldar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la supuesta desaparición forzada del joven anarquista. Aquel documento apócrifo redundó en una medida cautelar contra el país.

Ávila investiga esos hechos y los imputó por los delitos de falsa denuncia, estafa procesal, inducción a sufragar contra el gobierno nacional y por usurpación de títulos y honores debido a que los abogados se presentaron ante la CIDH como miembros de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), cuando no revisten en esa institución.

La mendacidad de aquel testimonio presentado como "revelador" el 19 de septiembre pasado ante la CIDH quedó demostrada al menos en dos hechos. No solo por la declaración judicial tres meses después del propio testigo E, el último en ver con vida a Santiago, sino también por el contenido de cinco escuchas del 17 de septiembre sobre el celular de Ariel Garzi. En ellas, el activista mapuche y amigo de Santiago dialoga con el abogado Cabaleiro, y le aporta y le ratifica detalles y circunstancias sobre la supuesta captura del joven a manos de la Gendarmería, información que aparecerá dos días después atribuida al testigo E en el documento presentado ante el tribunal internacional.

La fiscal sospecha que aquella versión aportada en realidad por Garzi fue parte de una trama aún más compleja de presuntas complicidades con los mapuches para desviar la investigación. Necesita pruebas para demostrarlo o para desterrar esa hipótesis, y entre ellas está el poder revisar todo el contenido de las intervenciones telefónicas.

En el caso de los 12 miembros y allegados a la Lof de Cushamen, Ávila ya pidió que sean indagados como parte de una asociación ilícita que obstaculizó la investigación, plantó pruebas, aportó datos falsos y mintió en sus declaraciones testimoniales.

Los acusados, cuyas  indagatorias deberá decidir también el magistrado Otranto, son Matías Daniel Santana, Claudina Inés Pilquiman, Lucas Ariel Naiman Pilquiman, Martiniano Jones Huala, Ariel Mariotto Garzi, Soraya Guitart, Ailín Co Pilquiman, Fausto Jones Huala, Andrea Millañanco, Nicolás Hernández Huala, Trinidad Jones  y Adriana Baigorria.

"Si esta organización —escribió al solicitar la medida— hubiese relatado lo que sabía desde el primer momento, no hubiese falseado declaraciones, no se hubiese apoderado ilegítimamente de elementos de la víctima, hubiese permitido el ingreso al predio a los auxiliares de la Justicia y a los funcionarios judiciales, no hubiese plantado prueba, los rastrillajes se hubiesen hecho en el lugar que correspondían (no más de 100 metros río abajo donde los propios imputados indicaron) y hubiese habido mayores posibilidades de encontrar el cuerpo sin vida de Santiago Maldonado mucho antes.

El acceso al contenido de las pinchaduras podría eventualmente robustecer imputaciones y dilucidar cómo fue urdido aquel plan. Aunque también esos intercambios podrían no aportar mayores pruebas o información a la ya recabada.

No lo sabrá hasta que Lleral le entregue los audios.

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