El escándalo de la valija con USD 800 mil de Guido Antonini Wilson continuará bajo investigación judicial. Es que el magistrado que instruye el caso, Pablo Yadarola, rechazó hacer lugar a un planteo de extinción de la acción penal. En otras palabras, el caso no prescribió. También rechazó un planteo de inconstitucionalidad.
"Toda vez que en la presente causa se dirigen imputaciones, entre otros, contra cuatro funcionarios públicos en ejercicio de la función, la acción penal emergente de autos permanece vigente toda vez que el cómputo del plazo de la prescripción nunca ha comenzado a operar en la presente causa", determinó el juez en la resolución a la que accedió Infobae.
Sin avances en los últimos años, los imputados alegaron que el caso que se había iniciado en agosto de 2007 había prescripto cuando -gracias a las revelaciones del chofer Oscar Centeno- volvió a tomar impulso el expediente.
"En tal sentido, de acuerdo con el esquema legal existente en nuestro derecho, la prescripción de la acción penal se suspende en los casos de delitos cometidos en ejercicio de la función pública, para todos los que hubieran participado, aunque no tuvieran dicha calidad, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público y se mantiene hasta que el último de ellos cese en su actividad no efectuando distingo alguno al respecto conforme lo postula la defensa en cuanto a la oportunidad en que se efectúe su convocatoria al proceso", precisó el juez.
Recientemente, Yadarola citó a indagatoria a Julio De Vido y a Ricardo Echegaray -entre otros-. El ex ministro de Planificación está acusado de habar participado en una maniobra de contrabando agravada. Echegaray era titular de Aduana y está sospechado de hacer gestiones para facilitar el ingreso de la valija al país.
El recordado episodio ocurrió en la madrugada del 4 de agosto de 2007, cuando la agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) María del Luján Telpuk ordenó abrir una valija del empresario venezolano en un avión de la empresa Royal Class contratado por ENARSA (Energía Argentina Sociedad Anónima). Al abrirla encontró USD 790.550.
Finalmente, más de una década después, la Justicia dispuso que el dinero sea utilizado por el Estado nacional. Los dólares fueron derivados al Ministerio de Desarrollo Social que construirá y pondrá en marcha dos Espacios de Primera Infancia (EPI) en las localidades de Tafí Viejo, Tucumán, y de Oberá, Misiones.
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