El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky imputó esta semana al empresario Juan José Levy por los delitos de cohecho y soborno trasnacional. En 2017, lo había procesado y trabado un embargo de diez millones de pesos por el delito de lavado de dinero, una maniobra revelada por Infobae en 2016. Además del empresario también están siendo investigados sus socios, Pablo y Francisco Rubio.

El magistrado investiga una serie de negociados hechos a través del fideicomiso celebrado entre Argentina y Venezuela. Contra esa resolución la defensa de Levy interpuso un recurso que fue resuelto por la Cámara en lo Penal Económico. El juez Aguinsky consideró que Levy había defraudado al Estado venezolano, criterio que la Cámara no compartió indicando que para eso debía responder Venezuela, trámite que debía realizarse a través de un exhorto.

Es claro que aquel país no va a responder con premura ese requerimiento toda vez que funcionarios del gobierno chavista están involucrados en la maniobra. No obstante que esta decisión haría caer en vía muerta la causa, a pedido del fiscal Pablo Turano -en virtud de los hechos revelados en la causa de los cuadernos de Centeno-, el juez Marcelo Aguinsky amplió la imputación de Levy, quien ahora también está acusado de cohecho y soborno transnacional. El representante del Ministerio Público pedirá copias de las declaraciones que están en la causa que tramita ante el juzgado de Claudio Bonadio a fin de acompañarlas al expediente en el que está imputado Juan José Levy. El juez Aguinsky delegó esa parte de la investigación en el fiscal Turano.

La pesquisa es sobre hechos vinculados a una serie de contratos de provisión de bienes y servicios en el marco de un acuerdo binacional entre nuestro país y el país caribeño del que viene informando ampliamente Infobae desde 2016. En la maniobra están involucradas las firmas Laboratorios Esme, Bleu Tel y Corporación Gulfos, de la familia Levy y sus socios Pablo y Francisco Rubio. Por medio de estas sociedades, Levy vendió distinto tipo de mercaderías a empresas estatales venezolanas cuyos valores -no sólo de los artículos sino de los fletes y seguros- habrían sido sobrevaluados.

Las empresas de Levy cobraron millonarios anticipos que fueron pagados por las empresas estatales de Venezuela. Para el juez Aguinsky, las maniobras llevadas a cabo para incluir sobreprecios en los costos de los productos, fletes y seguros permiten presuponer que se habría cometido una defraudación a la administración pública venezolana. Este accionar habría impactado también en el Estado Argentino, ya que gran parte de los pagos de los contratos se hicieron a través del Fideicomiso del Convenio Integral de Cooperación suscripto entre Venezuela y Argentina durante el kirchnerismo.

Los millonarios anticipos por las ventas con sobreprecio de las empresas de Levy se terminaban pagando con bienes del fideicomiso provenientes de pagarés emitidos por CAMMESA y ENARSA por la compra de combustible a PDVSA de Venezuela, es decir, lo terminaba pagando el Estado argentino. Como consecuencia de esta maniobra defraudatoria habrían ingresado enormes montos de dinero al patrimonio de Laboratorios Esme, Bleu Tel y Corporación Gulfos, las sociedades de Levy y los hermanos Pablo y Francisco Rubio, de aceitados vínculos con el kirchnerismo. Luego, esos fondos se habrían puesto en circulación en el mercado mediante la constitución de plazos fijos, simulación de gastos o compras sobrevaluadas, pago de honorarios a directores, reparto de dividendos entre los accionistas y pago de mercadería que no ingresa al país efectuada a cuentas bancarias controladas por empresas radicadas en el exterior.

Entre abril de 2010 y marzo de 2012 Laboratorios Esme firmó un acuerdo de intención y tres contratos con Suvinca de Venezuela para venderle productos de higiene personal y cuidado del hogar por más de 119.700.000 dólares. Por esa operación y antes de enviar un sólo producto, la empresa venezolana le anticipó a la sociedad de Levy  71.800.000 dólares. Parte de ese dinero se habría desviado a cuentas bancarias en las Islas Caymán.

Bleu Tel, la otra empresa de Levy firmó un contrato con CANTV de Venezuela por el cual se comprometió a venderle 150.000 decodificadores de televisión digital y 150.000 antenas receptoras. El monto total ascendía a USD 20.070.000 y cobró como anticipo USD 11.675.319.

Por último, Corporación Gulfos -también de Levy- suscribió un acuerdo con la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV) por medio del cual se comprometió a suministrarle decodificadores de televisión digital, televisores y antenas. El monto a favor de la compañía de Levy era de USD 106.051.050. En el período comprendido entre 2013 y 2015, Corporación Gulfos cobró casi 94 millones de dólares.

El empresario Juan José Levy habría estado a cargo de las negociaciones con Venezuela, firmó los contratos e impartió órdenes a los empleados para documentar las ventas de las mercaderías. Asimismo, estaba autorizado para operar las cuentas bancarias de las sociedades. "La ejecución de parte de la maniobra habría estado, según la prueba recopilada hasta el momento, en sus manos", según precisó el juez Aguinsky al momento de procesarlo.

En cuanto a su actuación con relación a la otra empresa, Bleu Tel, en la causa hay correos electrónicos de los que surge la intervención que Juan José Levy tuvo en las operaciones entre la compañía argentina y la venezolana. También hay en el expediente un informe de Migraciones revela que Levy viajaba a Venezuela con "personas de alto nivel en la esfera política nacional".

La abundante prueba producida y los allanamientos a domicilios y empresas de Levy fueron ordenadas por el juez Aguinsky cuando aún no había terminado el mandato de Cristina Kirchner y el hombre que hacía negocios con Venezuela era cercano al Gobierno en ese momento. En pocos años, las empresas de Juan José Levy recibieron más de 177 millones de dólares, una cifra por demás llamativa teniendo en cuenta que está inscripto en la AFIP como monotributista.