La falla informática que paralizó la Justicia puso de manifiesto la falta de inversión del Consejo de la Magistratura

La actividad del Poder Judicial de la Nación quedó paralizada el jueves 31 de mayo en todo el país como consecuencia de un "apagón informático" producido por una falla en el data center que depende del Consejo de la Magistratura.

El desperfecto provocó la caída del Sistema de Gestión Judicial dejando paralizados los juzgados, las Cámaras y los tribunales nacionales y federales de todo el país. El sistema Lex-100 que se utiliza en todas las dependencias judiciales nacionales dejó de funcionar impidiendo realizar cualquier tipo de movimiento en las causas. Fue imposible dictar resoluciones, notificar y cargar escritos. Tampoco los abogados pudieron acceder al sistema para controlar los expedientes en los que actúan o subir escritos.

El problema generado en el equipamiento de red fue reparado provisoriamente a la espera de un repuesto cuyo precio ha sido presupuestado en una cifra cercana a los 300.000 dólares.

La gestión y mantenimiento del hardware, el almacenamiento y la conectividad del data center está en manos del Consejo de la Magistratura y, según pudo saber Infobae, desde hace años no se ha invertido un solo peso en el sistema. Esta situación fue denunciada en varias oportunidades por el gremio de los empleados judiciales y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En un comunicado firmado por Eduardo Parody, coordinador de la Comisión Nacional de Gestión y por Andrés Sacchi, director de sistemas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se dejó constancia de que "el problema surge de la desinversión en la actualización de la infraestructura informática, por parte del Consejo de la Magistratura de la Nación, circunstancia que se ha comunicado reiteradamente a las autoridades del Consejo de la Magistratura, sin solución efectiva al día de la fecha".

Por su parte el gremio advirtió que "el funcionamiento calamitoso del Lex-100 esconde casi una década de desinversión en todos los aspectos. Hoy fue el equipo de comunicaciones central al que no se le previó el reemplazo a pesar de que no se informó hace años dicha necesidad". Y agregaron desde el sindicato liderado por Julio Piumato, "hace siete años que no se adquieren computadoras, pero también hace años que los equipos que deberían estabilizar la electricidad han ido saliendo de operación, la consecuencia se paga con computadoras quemadas".

De acuerdo con fuentes consultadas por Infobae, los equipos tienen casi 10 años, no son de última generación y no hay un equipamiento secundario para que en caso de rotura del principal no ocurra lo que sucedió este jueves, incidente que paralizó juzgados y Cámaras de todo el país.

La licitación para la puesta en marcha del data center fue llevada a cabo por el Consejo de la Magistratura, por lo tanto es el organismo de contralor, mantenimiento y actualización de todo lo relacionado con el equipamiento informático.

La inversión en tecnología -que es donde se produjo el problema-, tanto la inicial como el mantenimiento está dentro del presupuesto del Consejo de la Magistratura, por lo que se debe manejar tanto presupuestaria como financieramente en el ámbito de ese organismo. Nunca podría el Consejo pedirle recursos a la Corte Suprema para atender estas necesidades ya que aquella entidad cuenta con su propio presupuesto. Esto surge de la ley de Autarquía del Poder Judicial que establece que además del 3,5 por ciento que recibe el Consejo de la Magistratura del Tesoro Nacional, se le debe adicionar el aporte que anualmente destine el Poder Ejecutivo Nacional para los bienes de uso, rubro en el que está incluido el sistema informático. Está claro entonces que la normativa vigente no permite que la Corte acuda en auxilio con sus propios recursos a resolver un problema provocado por la falta de inversión del Consejo.

A raíz del "apagón informático", el titular de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Julio Piumato, le solicitó a la Corte Suprema que decrete feria judicial para todos los tribunales del país afectados por la caída del sistema Lex-100.

Por su parte, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, a través de su presidente Jorge Rizzo, hizo un pedido similar al del gremio judicial ante los graves problemas que presentó el sistema informático que depende del Consejo de la Magistratura. En respuesta a la solicitud, el Máximo Tribunal declaró inhábil el jueves 31 de mayo.

Estas continuas fallas del sistema por falta de inversiones ponen en riesgo la administración de justicia y los intereses de los justiciables no sólo por la pérdida de tiempo que trae como consecuencia que los procesos se dilaten.

Las presentaciones que suben las partes se pueden perder y no recuperarse jamás. Es así que documentos como escritos o cédulas electrónicas que es obligatorio subirlas al sistema informático y que no tienen soporte en papel pueden perderse para siempre tornando ilusoria la pretensión de los ciudadanos que acuden a la Justicia. Tal es el caso, por ejemplo, de la reparación histórica de los jubilados.