El insólito negocio con propiedades de Nordelta del acusado de la mayor estafa de la historia argentina

Enrique Blaksley Señorans, presidente y socio en un 97% de la financiera Hope Funds, investigado en Comodoro Py por la jueza María Romilda Servini en un expediente bajo los cargos de estafa y lavado de dinero, acusado de engañar a por lo menos 370 inversores en lo que sería el mayor esquema Ponzi de la historia argentina, con una facturación estimada de 72 millones de dólares y 275 millones de pesos por año, un hombre capaz de estrechar las manos de dos papas consecutivos, dejó un poco en cada lado. Su portfolio de inversiones inmobiliarias incluyó propiedades esparcidas por todo el continente, en campo y ciudad.

Blaksley tuvo, por ejemplo, dos departamentos en Miami, ubicados en el lujoso hotel Conrad Espirito Santo sobre la Brickell Avenue, un edificio en pleno downtown en donde un tres ambientes puede superar el millón de dólares. Ambas propiedades fueron a remate a comienzos de 2017, Blaksley las había hipotecado, dejando las hipotecas impagas. Dos jueces de la Circuit Court de Miami fallaron a favor del Biscayne Bank, que buscó una restitución de más de medio millón en moneda norteamericana. Esos dos departamentos no habrían sido los únicos. Se sospecha que habría comprado al menos cinco más en el estado de Florida mediante diversas sociedades.

Servini también envió oficios a todo el planeta para conocer el patrimonio de Blaksley y más de 40 empresas nacionales e internacionales que fueron parte de su entramado, con pedidos remitidos a países como Suiza, Marruecos y las Islas Vírgenes Británicas. La Justicia de Panamá fue la primera en responder: un fiscal del país centroamericano detectó diez propiedades en la torre The Panamera Residences de la capital del país centroamericano. Servini ordenó congelarlas, para que Blaksley no las convierta en dinero frente a su debacle financiera que incluye más de 25 pedidos de quiebra y que llegó a acumular cinco millones de pesos en cheques sin fondo.

Blaksley, con vínculos con apellidos fuertes del polo como el histórico clan Heguy y Adolfo Cambiaso, del cual fue sponsor, hasta tuvo su propio club, La Indiana, con un torneo abierto montado para autopromocionarse en mayo de 2014. Compró un terreno para esto, una parcela de diez hectáreas en General Rodríguez valuada judicialmente en 4,6 millones de dólares, con otra parcela adjunta del mismo tamaño.

Blaksley también jugó al mercado de propiedades. El emprendimiento Verazul, en la zona de Villa Rosa, Pilar, a cuatro kilómetros campo adentro del kilómetro 50 de la Panamericana, fue su gran negocio fallido. Promocionado como un futuro country con espacio para dos mil parcelas y con una laguna de 33 hectáreas para deportes náuticos según su folleto de lanzamiento en 2013, era, básicamente, un gran humedal. Hoy, Verazul está bloqueado para la construcción por una orden originada en el Juzgado Federal N°1 de Campana y que por estos días tramita en el despacho del fiscal Juan Bidone, el mismo que investigó el Triple Crimen de 2008.

Blaksley también llegó a Nordelta. Hoy, Servini busca saber de qué se trataron sus negocios en uno de los complejos más exclusivos y emblemáticos de la Argentina.

El 12 de marzo último, el Juzgado Federal N°1 libró un oficio a los administradores y representantes legales del proyecto Antares Senior Living para que informe en un plazo de 72 horas sobre 14 departamentos del emprendimiento. Servini preguntó expresamente sobre el estado de estas unidades, la cantidad de metros cuadrados de cada una, si están ocupadas o no y si Hope Funds, Enrique Blaksley o cualquiera de sus empresas vinculadas fueron o son propietarios de estos inmuebles. Servini, por otra parte, ya había ordenado en una larga batería de medidas que se decrete la "prohibición de contratar" para las propiedades ligadas a Blaksley en el proyecto Antares.

Lanzada en 2009 con tres edificios y 132 departamentos en el barrio El Portal por los arquitectos y desarrolladores Laura Valiente y Oscar Stefani bajo el concepto de senior living –apuntado a un público de sesenta años en adelante, con amenities como un centro de salud, un minicircuito de golf, sector de juegos "para compartir con nietos", dos saunas y enfermería las 24 horas-, Blaksley ingresó al negocio al año siguiente, el 30 de abril de 2010.

Según documentos del juzgado a cargo de Servini, el financista habría adquirido una serie de unidades del edificio "Fuoco" en una preventa al pozo por un total de 1606 metros cuadrados. Hoy, de acuerdo a precios publicados por reconocidas inmobiliarias, un departamento de 70 metros cubiertos asciende a 198 mil dólares, 2800 dólares el metro cuadrado. De cara a estos números, el pozo total de Blaksley valdría actualmente a precio de mercado casi 4,5 millones de dólares.

El financista, básicamente, compró para vender. Pero no vendía departamentos enteros. "Vos no te llevabas toda la unidad", revela un ex colaborador estrella de Hope Funds a Infobae, "sino que te llevabas un pedacito. Enrique hacía de fiambrero, compraba el jamón, pero te vendía las fetas". La jugada tenía un rótulo, una sigla: "CIP, o certificado de inversión y participación", una maniobra no muy frecuente, pero que fue usada por otras empresas en el mercado inmobiliario a lo largo del tiempo. El negocio, dice el ex empleado de Blaksley, "era genial, ganaban todos, el atractivo de invertir por poco en la marca Nordelta se caía de maduro. Pero como todas las ideas de Enrique, terminó mal".

Un CIP, básicamente, era como comprar títulos de acciones, "vos tenías un título y ese título lo podías revender de acuerdo a la curva del mercado", asegura el ex colaborador de Blaksley. La operación fue un éxito, Hope Funds agotó la oferta. Hubo, en total, cerca de 100 CIP de 16 metros cuadrados cada uno aproximadamente, vendidos a más de 25 mil dólares cada uno.

El ex Hope Funds asevera: "Enrique te revendía el pozo al doble de lo que lo había comprado, pero vos podías revender al precio de mercado que quisieras". Sin embargo, no todo era tan sencillo: "Vos no hacías negocios con la desarrolladora del proyecto o con Nordelta; lo hacías con Blaksley. Y cuando Hope Funds entró en crisis, no tenías a quién reclamar. Quedó gente ensartada, mucha".

Infobae accedió al modelo de contrato, un documento de 14 carillas que los vendedores de Hope Funds entregaban a los compradores. Las dudas de Servini se evacúan en el documento: 15 y no 14 unidades funcionales son mencionadas como adquiridas por la empresa en el edificio "Fuoco", cada una de 114 metros cuadrados en total, 88,5 de ellos cubiertos con cochera y balcón incluidos. El precio de venta era de 27.500 dólares por cada CIP que equivalía a 16 metros cuadrados, con cada metro tasado en 1700 dólares, inversión que devendría en "un rendimiento o plusvalía" luego de un cálculo de "utilidad de inversión."

La venta final de las unidades quedaba a discreción de Hope Funds, que, paradójicamente, se obligaba a sí misma a devolver la plata si es que Antares no concluía la construcción, lo que sí ocurrió. En paralelo, Hope Funds ofrecía folletería para vender el proyecto en donde su logo convivía codo a codo con el de Antares.

Los responsables de Antares Senior Living no habrían respondido el oficio enviado aún por la jueza Servini de acuerdo a fuentes con acceso a la causa. Nadie contesta en los teléfonos de contacto que la firma publica en su web o en firmas relacionadas. Saber el monto de las propiedades de Nordelta es un punto clave para abogados querellantes en la causa como Víctor Varone, Hernán Vega, Gonzalo Romero Victorica y Ezequiel Altinier, que representan a presuntos estafados por Hope Funds constituidos en el expediente de la jueza Servini, que ya aportaron documentación y que buscan recuperar su dinero.