El abogado Alejandro Vandenbroele se presentó este lunes por la tarde y solicitó declarar como arrepentido en la fiscalía a cargo de Jorge Di Lello. Lo hizo apenas 10 días después de la detención del ex vicepresidente Amado Boudou y de su amigo José María Núñez Carmona. Una vez producidas esas detenciones, el letrado investigado como testaferro del ex ministro de Economía ahora pidió acogerse a la ley del arrepentido.
Hace dos meses Vandenbroele había manifestado su voluntad de brindar su testimonio bajo esta modalidad que prevé la morigeración de la pena para quien aporte información que permita esclarecer un ilícito o encontrar a sus responsables. Sin embargo, en esa oportunidad –según pudo saber Infobae– una convincente amenaza de la que fue objeto Vandenbroele lo obligó a repensarlo evitando declarar en ese momento.
Luego cambió de abogados con quienes habría vuelto a considerar la posibilidad de colaborar con la investigación. Pero fue solo a partir de la detención de José María Núñez Carmona y de Amado Boudou que Vandenbroele se sintió seguro de brindar su testimonio como arrepentido.
Es así que la decisión del juez Ariel Lijo de poner tras las rejas al ex vicepresidente y a su amigo "Nariga" fue la que actuó como disparador para que Vandenbroele se animara a hablar y brindar información que podría ser relevante para la resolución de la investigación y la eventual determinación de la responsabilidad de los autores.
Explican en tribunales que el motivo no escrito en la orden de detención firmada por Lijo era que Vandenbroele temía por su vida.
La llamada "ley del arrepentido" prevé un mecanismo para determinados delitos de tráfico de estupefacientes, delincuencia organizada y corrupción en la administración pública mediante el cual se establece una reducción de las escalas penales. Los partícipes o autores pueden acceder a este beneficio cuando durante el proceso den datos precisos y comprobables que permitan esclarecer el hecho, revelar la identidad o el paradero de otros responsables, proporcionar información que permita un avance significativo de la investigación o el paradero de las víctimas privadas de su libertad en casos de secuestro, y averiguar el destino de los bienes o ganancias producto del delito.
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