“No es un masacrador de animales”: sigue la polémica por el influencer denunciado por cazar aves protegidas

Con el avance de la causa penal por la caza ilegal de aves en la Laguna Setúbal contra Milton Fabrizio Espeche, su abogado se encargó de desmentir las imágenes que circulan del acusado y cuestionó su valor probatorio que dio origen a la investigación. Por su parte, el Centro para el Estudio y Defensa de Aves Silvestres (Ceydas) rechazó el argumento de subsistencia y reclamó mayores controles en la zona.

Emanuel Márquez, quien se constituyó formalmente como defensor de Espeche, fue categórico al salir a rebatir la caracterización que tomó fuerza en las redes sociales tras la viralización del material. “Se ha generado un revuelo mediático en redes sociales en donde se lo ha intentado hacer ver a él como un masacrador de animales, que realmente no es así”, declaró el letrado.

Márquez también adelantó que, por el momento, su estrategia defensiva está en suspenso: aún no tuvo acceso completo al legajo penal y aguarda conocer la totalidad de los elementos reunidos antes de definir los pasos a seguir. “Me constituí el día de ayer como defensor del señor Espeche. Aún no hemos tenido acceso completo al legajo penal”, explicó en una entrevista con el medio regional El Litoral.

Uno de los puntos sobre los que la defensa hizo mayor énfasis fue el origen y la antigüedad de las imágenes. Según Márquez, las fotografías y los videos que dieron inicio a la investigación “no son recientes” y fueron “sacadas totalmente de contexto”. El abogado describió a su defendido como “un padre de familia” y un trabajador que, según su versión, realizaba la actividad de manera ocasional y con fines de subsistencia, nunca con la intención de dañar la fauna local ni el medioambiente.

Otro eje central del planteo defensivo giró en torno al resultado de los procedimientos realizados en domicilios vinculados al caso. Márquez subrayó que durante los allanamientos no se secuestró ningún elemento que pudiera relacionarse directamente con las imágenes denunciadas: no se hallaron ejemplares de fauna muertos ni restos biológicos recientes. Lo que sí encontraron las autoridades fueron armas de fuego correctamente registradas, con toda la documentación y habilitaciones en regla, según sostuvo el abogado. Además, destacó que Espeche colaboró con los investigadores y puso las armas a disposición de las autoridades sin resistencia.

Esa versión contrasta con el cuadro que reconstruyó el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe. El organismo señaló que Espeche carece de licencia habilitante para la caza deportiva y que, en el departamento La Capital, la caza de cualquier especie está vedada durante todo el año. El expediente administrativo también analiza las especies identificadas en las imágenes, la cantidad de ejemplares, el eventual incumplimiento de cupos y las circunstancias en que habrían tenido lugar las jornadas. Entre las aves registradas figura el pato crestudo, considerado por las autoridades provinciales como una especie protegida y amenazada en el territorio santafesino.

Desde la organización ambientalista que impulsó la denuncia inicial, la explicación de Espeche —que había salido a decir que cazaba patos “para el consumo, para llegar a fin de mes”— no convenció. Gabriel Bonomi, profesor y referente de Ceydas, fue directo al cuestionar esa justificación a partir de las cantidades que, según afirmó, pueden observarse en el material analizado.

“Quien ve los videos, quien ve las fotos, se da cuenta de que cazar por jornada 25 patos, obviamente no lo está haciendo para comer”, señaló Bonomi en declaraciones por la radio Aire de Santa Fe. “Eso es una masacre, es terrible”, agregó, y remató: “Cualquiera que esté en fiscalización o en control se da cuenta de que esto no es una caza de supervivencia”.

El referente ambiental también detalló las irregularidades detectadas a partir del análisis de las publicaciones, realizado junto con guardafaunas. Según Bonomi, en los registros se identificaron 10 especies de aves cazadas, siete de ellas protegidas. Entre las mencionadas figuró el pato crestudo, al que describió como una especie amenazada de extinción a nivel nacional.

Más allá del caso puntual, Bonomi advirtió que la situación en la costa este de la Laguna Setúbal no es nueva. Según su testimonio, en esa franja del espejo de agua se escuchan habitualmente disparos de escopeta, incluso desde la Costanera santafesina. “No estamos hablando de uno o dos disparos aislados, sino de una verdadera balacera”, sostuvo.

Quién es Milton Espeche

Milton Espeche tiene 38 años y trabaja en el Hospital Cullen de la ciudad de Santa Fe como empleado de planta permanente desde hace más de una década, aunque no integra el cuerpo médico de la institución. Para complementar sus ingresos, según reconoció él mismo, también realiza trabajos de jardinería y otras changas.

El caso tomó estado público cuando Ceydas expuso en sus plataformas el material que Espeche había compartido durante varios meses en Instagram y Facebook. Las imágenes, tomadas en la costa este de la Laguna Setúbal, mostraban aves muertas de al menos diez especies distintas, varias de ellas protegidas por ley. Ante la repercusión, Espeche publicó un video en el que salió a rebatir las acusaciones más duras. “No soy ningún asesino, no estoy en contra de nadie”, afirmó, y luego explicó que cazaba para el consumo y para llegar a fin de mes. Consultado sobre los volúmenes, precisó: “Yo por ahí agarro 15, 20, no más. Lo justo y necesario para comerlo o, ya digo, vender, llegar un poquito a fin de mes”.

Espeche también confirmó que ya tuvo contacto con la Justicia y que no tiene intención de eludir el proceso: “Ya me llamó la Justicia, estoy a disposición para que se queden tranquilos, que afronto las consecuencias”.

La investigación avanza en dos frentes. Por un lado, la causa penal tramita ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA), donde deberá determinarse el alcance probatorio de las publicaciones en redes sociales. Por otro, el expediente administrativo continúa su curso en paralelo, con el impulso de la multa máxima prevista por la normativa de fauna silvestre, cuyo monto asciende a $ 3.456.434,80.