Mendoza: buscan enducecer las penas contra funcionarios públicos por alcoholemia positiva

La Cámara de Diputados de Mendoza analiza dos proyectos que podrían cambiar el sistema de sanciones por alcoholemia positiva. En este sentido, ambas iniciativas buscan fortalecer las penas contra funcionarios públicos que sean detectados manejando bajo los efectos del alcohol.

La discusión comenzó a tomar forma luego de una seguidilla de casos en la provincia en los que cinco funcionarios resultaron detenidos por alcoholemia positiva entre 2025 y lo que va de 2026. El episodio más reciente involucró a Diego Silvestre, excoordinador del ETI de San Rafael, quien fue sorprendido el 5 de julio de 2026 con 2,26 gramos de alcohol en sangre, pocos días después de asumir un nuevo cargo en el Consejo de Minería.

El primer proyecto, presentado por el diputado Edgardo Civit Evans (Jubilados Auténticos), propone incorporar un agravante a la Ley Contravencional 9.099 para que las sanciones por conducir alcoholizado se dupliquen en mínimo y máximo cuando el infractor sea funcionario público en ejercicio. El texto sostiene que los episodios protagonizados por funcionarios afectan la institucionalidad y la confianza de la ciudadanía, y que la función pública exige una responsabilidad agravada. El objetivo es que la mayor severidad opere tanto como correctivo como medida preventiva.

La segunda iniciativa, impulsada por la diputada Stella Huczak (PRO), plantea una reforma más amplia de la Ley de Seguridad Vial y el Código Contravencional. En este punto, mantiene el esquema actual para alcoholemias inferiores a 1 gramo por litro de sangre, pero endurece sanciones y plazos de inhabilitación para funcionarios que superen ese límite.

Además, incorpora nuevos mecanismos como la obligación de informar la infracción a la autoridad superior, la prohibición de reemplazar multas por trabajo comunitario, la retención del vehículo y el requisito de cursos de capacitación obligatorios. También establece que la inhabilitación para conducir se aplique incluso si se paga voluntariamente la multa y presume la infracción cuando el funcionario se niegue al test de alcoholemia.

Ambas propuestas, ingresadas durante sesiones extraordinarias, no avanzaron de momento en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales que preside la diputada Beatriz Martínez (UCR). Desde el Ejecutivo provincial, según informó el medio Los Andes, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, señaló que ya existen agravantes específicos para funcionarios en el régimen contravencional, aunque admitió que en la Ley Vial no hay diferencias subjetivas. Según la ministra, la sanción vial máxima alcanza hoy los 5 millones de pesos.

Antecedentes de funcionarios mendocinos alcoholizados

En el último año y medio, cinco funcionarios públicos fueron detectados conduciendo con alcohol en sangre en Mendoza. El caso más reciente fue el de Diego Silvestre, con 2,26 g/l el 5 de julio de 2026 en San Rafael, tres días después de asumir como representante de los abogados en el Consejo de Minería. Cinco días después, presentó su renuncia. En febrero de este año, el consejero del Río Atuel en el Departamento General de Irrigación, Gustavo Villegas, renunció tras ser detenido con 1,44 g/l en General Alvear.

Durante 2025, resultaron detenidos por alcoholemia positiva los concejales Miqueas Burgoa (UCR), en Guaymallén, con 1,25 g/l el 10 de mayo, y Martín Antolín (Partido Libertario), en San Rafael, con 1,15 g/l el 24 de noviembre. Ambos continuaron en sus bancas tras los episodios. En enero de 2025, el entonces presidente del Ente de la Movilidad Provincial (EMOP), Jorge Teves, fue detectado con 0,89 g/l y también presentó su renuncia.