
El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, fue trasladado a la unidad penitenciaria de Esquel, en Chubut, tras permanecer detenido durante más de un año en una cárcel de máxima seguridad e iniciar una huelga de hambre extrema para lograr su derivación.
Desde que fue detenido en junio de 2025, la defensa de Jones Huala pide que lo trasladen a Esquel para que su familia, que vive en Bariloche, pueda visitarlo. La Fiscalía Federal se opuso a cada solicitud.
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El juez federal subrogante Gustavo Zapata, en una de las audiencias que presidió, autorizó la derivación del “lonko” a Esquel, aunque el Ministerio de Seguridad objetó la decisión judicial y se opuso al traslado.
Funcionarios de esa cartera esgrimieron razones de seguridad. La U14 es una unidad penitenciaria que se encuentra en pleno centro de Esquel, en el norte de Chubut, sobre la avenida principal.
El mapuche conoce de memoria los pasillos de la cárcel. Allí estuvo alojado en dos ocasiones, en la instancia previa a los dos juicios de extradición a los que fue sometido, para ser juzgado en Chile por delitos que cometió en ese país.
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El primer juicio de extradición se realizó en Bariloche en agosto de 2018, ocasión en la que el mapuche fue trasladado desde la cárcel de Esquel en helicóptero. La Justicia chilena solicitaba su extradición para juzgarlo por el incendio de una propiedad privada y la portación ilegal de un arma de fuego. Tras ser extraditado, fue condenado por el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia a nueve años de prisión por la acumulación de ambos delitos. Parte de la condena la cumplió alojado en Esquel.
La Justicia trasandina le otorgó el beneficio de libertad condicional y cuando se lo revocó, el paradero de Jones Huala ya era incierto. El 30 de enero de 2023 fue recapturado por la Policía de Río Negro en El Bolsón: estaba vestido de mujer y alcoholizado.
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Desde ese momento volvió a la cárcel de Esquel hasta principios de 2024, cuando fue extraditado nuevamente para agotar la pena que le había impuesto la Justicia del país vecino. El juicio de extradición se había realizado en junio de 2023.
Durante todos esos meses, el mapuche construyó vínculos intracarcelarios y, de acuerdo con los registros que constan en la Justicia Federal, tuvo la máxima puntuación en conducta.
La Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina celebró el traslado del activista y denunció que funcionarios del Servicio Penitenciario Federal (SPF) ignoraron la orden del juez Zapata de concretar el traslado.
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“El juez de garantías intimó una y otra vez al SPF sin obtener ni siquiera respuesta. Tuvo que amenazar a los funcionarios para que acaten la orden judicial y dio un plazo de 12 horas al director de la institución para informar el estado del trámite”, indicaron los abogados de la Gremial.
El mapuche podría seguir preso hasta junio de 2027, debido a que la causa que lo mantiene tras las rejas fue configurada como “investigación compleja”.
El Ministerio Público Fiscal busca pruebas para demostrar el accionar delictivo de la RAM en tres provincias patagónicas, donde —según la acusación— “Jones Huala intentó interponer sus ideas a través del ejercicio de la violencia, cometiendo atentados y hechos vandálicos”.
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En junio pasado el juez extendió la prisión preventiva hasta septiembre cuando, se cree, volvería a extenderse la detención por otros tres meses.
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