Mendoza: denunciaron un esquema de certificados truchos de vacunación que compraban padres “antivacunas”

El Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza denunció el pasado viernes que un grupo de padres antivacunas compraba certificados truchos de vacunación para que sus hijos aparezcan en el registro de los niños vacunados. La investigación que se dio a conocer en las últimas horas apunta a un esquema que funcionaba por WhatsApp y que requería de una clave para comenzar con la maniobra fraudulenta.

Según pudo reconstruir Infobae, todo apunta a un enfermero que participaba de un programa oficial de vacunación del gobierno provincial en el Centro de Salud N°22 de El Pastal, en el partido de Las Heras, y era el encargado de generar los registros falsos de la vacunación. También investigan a una segunda persona que podría estar involucrada.

De acuerdo a lo que relató una fuente a este medio desde el Ministerio de Salud provincial, la maniobra fue descubierta por un médico pediatra de la localidad de San Rafael que detectó una irregularidad en el SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria), donde todas las personas que son inoculadas aparecen registradas.

Justamente, este profesional descubrió que varios hijos de padres abiertamente antivacunas que residían tanto en San Rafael como en el Valle de Uco tenían el registro completo de inoculaciones y comenzó a sospechar por las inconsistencias registradas. Decidido a saber qué pasó, buscó la trazabilidad de las dosis que supuestamente se les habían aplicado a estos niños y encontró que todos aparecían vacunados en el mismo Centro de Salud, ubicado a casi 300 kilómetros, y que los menores habían recibido las vacunas en días y horarios similares.

La investigación que realizó la cartera sanitaria descubrió que el mecanismo que utilizaban las familias involucradas comenzaba a través de un intercambio por WhatsApp con un número al que se llegaba por recomendación y en el que se pedía que den la clave: “Plan B”. Automáticamente, desde otro teléfono comenzaban con las instrucciones para falsificar el documento.

Una vez iniciado el intercambio, las familias aportaban los datos necesarios, les colocaban el registro de las dosis que necesitaban y transferían el dinero. Por cada uno de los certificados que se ingresaban en el sistema pedían cerca de 160 mil pesos. Además, para sumar cada una de las dosis que eran obligatorias para los menores, se pedía un extra de 60 mil pesos.

Según comentaron, en Argentina existe la Ley Nacional 27.491, que obliga a todas las personas que habitan el territorio a aplicarse todas las vacunas incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación, las recomendadas para grupos de riesgo y las indicadas en emergencias epidemiológicas. El no tener este registro al día puede llevar a complicaciones en trámites diarios, inscripciones a colegios y podría suspender el pago de asignaciones familiares. Otro detalle no menor es que las vacunas son gratis y las familias pagaron para tener el registro al día.

En ese marco, la causa quedó a cargo del fiscal Juan Manuel Ticheli, de la Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos. Si bien todavía no tienen imputados ni aprehendidos, la justicia avanza sobre un cohecho pasivo y la violación de las normas de la salud pública.

Otra de las cosas que resta determinar es la cantidad de familias involucradas y si esto se extendió a otros puntos de la provincia.

Justamente, este jueves realizó junto a la Policía de Mendoza seis allanamientos en los departamentos de Las Heras y Lavalle. El foco principal del operativo fue el Centro de Salud 22, además de domicilios particulares, espacios de uso interno del establecimiento y un vehículo vinculado a la causa.

Durante el operativo, se secuestraron más de 160 certificados de vacunación, sellos oficiales de distintos centros de salud, recetarios médicos, computadoras, dispositivos de almacenamiento y teléfonos celulares.

Según informaron, ahora el material incautado será analizado para determinar el alcance de las maniobras y establecer las responsabilidades correspondientes, en el marco de la causa que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal.