Mendoza oficializó un protocolo e involucró a los padres para garantizar la seguridad en las escuelas

El Gobierno de Mendoza oficializó dos guías de intervención ante incidentes de seguridad que fijan cómo deben ser las respuestas de la Policía, así como del cuerpo educativo, frente a situaciones de alta complejidad en colegios, escuelas y demás. Se aplicaría para casos como agresores armados, situaciones con explosivos y más riesgos extremos.

Las resoluciones 170 y 255 del Ministerio de Seguridad y Justicia habían sido sancionadas en enero, y su publicación formal las convierte ahora en herramientas operativas de cumplimiento obligatorio.

La medida llegó luego de las amenazas de tiroteos escolares registradas en Mendoza y en otros puntos del país, un escenario que aceleró la actualización de protocolos que databan de 2018. Los nuevos documentos no solo reformulan los procedimientos vigentes, sino que amplían el abanico de situaciones contempladas e incorporan criterios de actuación para los primeros minutos de una crisis, cuando la cadena de decisiones puede marcar la diferencia entre evitar víctimas o no.

El primero de los documentos establece el Procedimiento Integral de Actuación en Crisis con intervención de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE). Su eje es la regulación de la respuesta policial en escenarios de alta complejidad: agresores armados, incidentes con explosivos, conflictos sociales y situaciones de riesgo extremo.

Uno de los puntos que distingue a este protocolo es que contempla expresamente los casos en que el primer efectivo en llegar al lugar no pertenece a las fuerzas especiales. Ante ese escenario, la norma fija cómo asegurar el perímetro, contener la situación y sostener la intervención hasta el arribo de los equipos especializados. También define los mecanismos de aislamiento y contención ante situaciones con personas retenidas contra su voluntad y habilita la intervención inmediata de las FOE cuando exista peligro inminente para la vida.

Junto a ese procedimiento policial, el Gobierno provincial publicó una segunda guía orientada al sistema educativo. El documento establece cómo deben actuar directivos, docentes y personal no docente ante cuatro escenarios concretos que hoy forman parte del mapa de riesgos en escuelas: amenazas de explosivos, conflictos en el entorno escolar, presencia de agresores armados y crisis de salud mental en curso. La guía incorpora, además, pautas de contención emocional y asistencia profesional inmediata para abordar episodios de crisis suicidas.

El foco de esta segunda guía está puesto en ordenar la toma de decisiones dentro de la institución hasta la llegada de la Policía o de los equipos especializados. La autoridad presente en el establecimiento —director, docente o cualquier miembro del personal— cumple un papel central en ese intervalo.

La normativa instruye al Comando de Fuerzas de Operaciones Especiales a coordinar con la Dirección General de Escuelas (DGE) la realización de simulacros obligatorios, capacitaciones y jornadas de sensibilización para que estos protocolos no queden solo en papel. El personal policial y especialistas en seguridad tendrán a su cargo la instrucción de directivos, docentes y estudiantes sobre prevención de riesgos, rutas de evacuación y zonas seguras dentro de los establecimientos.

La implementación práctica ya se realiza. Las escuelas recibieron además un documento que los padres deben firmar, en el que asumen la responsabilidad por lo que los estudiantes llevan a los establecimientos y por sus conductas dentro del ámbito educativo.

Gonzalo Peña, director del Colegio Dr. José Vicente Zapata, señaló a Mdz que las reuniones con familias ya comenzaron y que la respuesta viene siendo positiva. “Los padres han concurrido, hemos tenido muy buena aceptación y no ha habido ningún problema”, afirmó. Aun así, advirtió una dificultad concreta: en una escuela con más de mil estudiantes, completar todas las firmas antes de la fecha límite representa un desafío operativo.

Ese texto incluye el llamado “deber de garantía” sobre pertenencias y comportamientos, y establece que, ante falsas amenazas que obliguen a desplegar operativos policiales o de bomberos, el Estado podrá reclamar a las familias los costos generados. La normativa también fija que la presencia de los padres es obligatoria cuando sean convocados por la institución, y que la negativa a asistir o a firmar puede derivar en intervención de organismos de protección.

Desde el Colegio San Luis Gonzaga, su rector Julio Navarro coincidió en la buena predisposición de las familias. “Hay una muy buena respuesta y comprensión, y colaboración para acompañar en esto”, sostuvo en declaraciones al mismo medio.

Algunas instituciones avanzaron también con instancias de reflexión con estudiantes. En el Colegio Dr. José Vicente Zapata se realizaron jornadas bajo el nombre “El eco de una amenaza”, con participación de equipos de orientación escolar, directivos y docentes, indicó el medio mendocino. El objetivo fue generar espacios donde los alumnos pudieran entender el impacto de las amenazas y reflexionar sobre sus consecuencias, desde lo pedagógico y no solo desde lo sancionatorio.