Las calles y terminales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) comenzaron a mostrar un nuevo escenario para quienes dependen del transporte público: una reducción en la frecuencia de colectivos afecta a miles de usuarios, generando largas filas y demoras inesperadas en los trayectos cotidianos.
Desde el miércoles 1 de abril, un grupo de empresas de transporte urbano implementó la medida en jurisdicciones tanto nacional como provincial, según lo difundido por la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A.), la Cámara Empresarios Unidos del Transporte Urbano de la Provincia de Buenos Aires (C.E.U.T.U.P.B.A.), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (C.E.A.P.) y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (C.E.T.U.B.A.).
El anuncio, que llegó a través de un comunicado conjunto, argumentó que el reciente aumento del precio del gasoil hizo inviable el mantenimiento de los servicios en las condiciones habituales. Las entidades resaltaron que la operación del sistema “se encuentra en serio riesgo” y solicitaron a las autoridades la adopción de medidas urgentes para restablecer la normalidad. Las cámaras empresariales pidieron disculpas a los usuarios afectados y reclamaron comprensión ante la coyuntura actual.

La situación, lejos de limitarse a un asunto administrativo, ya tiene impacto concreto en la vida diaria de quienes dependen del colectivo para ir a colegios, universidades, trabajos y otros destinos esenciales. En puntos neurálgicos como Plaza Constitución, la postal se repite: filas de hasta tres hileras para abordar un mismo colectivo, unidades que llegan repletas y usuarios que miran el reloj con ansiedad.
“En 10 minutos entro al trabajo y todavía sigo acá”, relató un pasajero a TN. Otro usuario expresó su frustración por el aumento de tarifas y la caída en la calidad del servicio: “Cada vez más caro y el servicio empeora”.
Una mujer que viajaba desde Plaza Constitución hacia Ezeiza contó que se enteró ese mismo día de la reducción de frecuencias: “Me lo tomé mal, porque vamos a tardar más en llegar, las unidades van a venir más llenas, vamos a viajar más incómodos”.
El impacto no se limita al centro porteño. En Boulogne, una pasajera detalló que desde el día anterior la espera se extendió por más de dos horas: “Mucho tiempo esperando, desde ayer tengo una demora de dos horas. Quizás más. Los colectivos ya vienen llenos y te tenés que quedar esperando”. El testimonio recogido por TN reflejó la incertidumbre de quienes dependen del transporte para cumplir con sus obligaciones laborales y familiares.

“Voy a Bella Vista, trabajo acá, voy y vengo. Es el único que nos trae para esta zona”, explicó. Además, la pasajera mencionó las dificultades económicas de recurrir a alternativas como autos de aplicación, cuyo costo elevado no siempre es reconocido por los empleadores.
Con tono de angustia, también compartió su preocupación por la logística diaria: “Tengo un nene y tengo que volver para buscarlo al jardín, pero ya no llego. Ahora tengo que ver una mamá que me ayude”.
El propio presidente de la Asociación Argentina de Empresas del Transporte Automotor (AAETA), Lucano Fusaro, dialogó con Infobae en Vivo y describió el escenario desde la perspectiva de las empresas. Fusaro detalló que las compañías mantienen un contrato de explotación que estipula obligaciones tanto para los operadores como para el Estado.
Según su explicación, los operadores deben contratar personal, poner los colectivos en la calle y garantizar frecuencias adecuadas, mientras que el Estado debe asegurar las condiciones económicas, ya sea a través de tarifas o subsidios. “Si una de las partes del contrato no hace su parte, la otra falla. Esto es lo que está pasando. El gasoil se disparó”, señaló Fusaro.
El directivo advirtió que la fórmula para calcular los costos del servicio, fijada por el Estado, quedó desactualizada tras el aumento del combustible. “Esa cuenta quedó desfasada. Si no se actualiza, las empresas no es que tienen una reserva de dinero para estos casos”, afirmó. Fusaro subrayó que las empresas enfrentan una situación de fuerza mayor al no contar con los medios materiales o recursos financieros para sostener la totalidad del servicio.
Fusaro explicó que, en situaciones como esta, se suelen adelantar los francos de descanso de los choferes, que corresponden a seis por mes, o se administran licencias. Sin embargo, si la caída en la demanda del servicio se extiende en el tiempo, la reducción de personal se convierte en una alternativa sobre la mesa. “Si la caída es estructural, es decir, se prolonga en el tiempo, ahí ya tenés que pensar en reducción de personal”, reconoció.

Además, el incremento de los gastos operativos y la demora en la entrega de subsidios podría ocasionar la suspensión del servicio de colectivos este miércoles, con el consiguiente impacto sobre miles de usuarios, según informó Marcelo Pasciuto, director de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA).
Pasciuto señaló que el aumento en el valor del combustible, vinculado a la crisis en Medio Oriente, y la falta de envío del “60 % del subsidio que normalmente se transfiere en los primeros días” han vuelto insostenible la situación.
Detalló además que la falta de pago puntual provoca que muchas empresas no cuenten con los fondos necesarios para cubrir los salarios al cuarto día hábil.
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