Caso Loan: la fiscalía volvió a pedir con urgencia el inicio del juicio oral

Mientras la familia de Loan Danilo Peña reclama respuestas tras casi dos años sin noticias de su paradero, la causa judicial permanece estancada. En este marco, los fiscales federales que intervienen en el caso solicitaron con urgencia la fijación de la fecha para el inicio del juicio oral.

El reclamo fue presentado este martes por los fiscales generales Carlos Schaefer y Tamara Ahimara Pourcel ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes. Hay que recordar que el expediente se encuentra sin avances desde la última audiencia preliminar, realizada a fines de febrero.

El niño visto por última vez el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal de la provincia de Corrientes, durante un almuerzo familiar en la casa de la abuela de Loan. Según la acusación, un grupo de adultos apartó al menor bajo la excusa de buscar frutas en un naranjal cercano.

Los investigadores sostienen que Loan fue sustraído y ocultado deliberadamente, maniobra que consideran respaldada por pruebas materiales y contradicciones en los relatos de los involucrados.

La fiscalía solicitó que un equipo de siete fiscales y auxiliares, junto con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), participe en el debate oral. Esta decisión generó objeciones por parte de defensores de algunos imputados, que advirtieron un posible desequilibrio procesal.

Los fiscales argumentaron que la complejidad del expediente, que incluye dos causas acumuladas, más de 90 cuerpos y unas 900 páginas de prueba digitalizada, exige una intervención múltiple para garantizar un desarrollo adecuado del proceso.

El Ministerio Público Fiscal aclaró que la ley no limita el número de fiscales que pueden actuar en un juicio, y que el organismo funciona como un “órgano único e indivisible”. Según el escrito, la actuación conjunta no vulnera garantías constitucionales y se ajusta a la reciente implementación del sistema acusatorio en la jurisdicción, vigente desde diciembre de 2025.

La defensa, por el contrario, planteó que debería aplicarse un criterio simétrico al que restringe a dos los defensores por imputado, pero la fiscalía citó antecedentes judiciales que avalan la presencia simultánea de varios fiscales cuando la magnitud del caso lo requiere, como sucedió en una causa compleja de 2022 ante el Tribunal Oral Federal de Paraná.

Según lo planteado ante el tribunal, la organización interna del MPF busca evitar privilegios o desventajas procesales, y garantizar tanto la defensa de los imputados como el acceso a la justicia de la familia de Loan.

“La familia damnificada sigue sin acceder a la justicia y el menor continúa desaparecido”, sostiene el escrito fiscal, que reclama acelerar el inicio del juicio oral.

Los fiscales advirtieron que la demora prolonga la vulneración de derechos tanto para la familia de la víctima como para los imputados.

Los siete principales acusados en la causa son Antonio Benítez, Daniel “Fierrito” Ramírez, Mónica Millapi, Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Pérez y el excomisario Walter Maciel. A todos se les imputa la sustracción, ocultamiento y posible traslado ilegal de Loan Danilo Peña, bajo la figura de desaparición forzada de persona. Además, enfrentan acusaciones por entorpecer la investigación, manipular pruebas y desviar el curso de la causa mediante testimonios falsos y maniobras para simular la pérdida del niño.

La causa también apunta a un segundo grupo de imputados, vinculados a la “Fundación Dupuy”. Según la fiscalía, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Pablo Noguera, Leonardo Rubio, Alan Cañete, Delfina Taborda, Verónica Machuca Yuni, Valeria López, Pablo Núñez y Federico Rossi Colombo desplegaron maniobras para entorpecer la causa: retuvieron a menores y adultos en un hotel bajo la excusa de protección, manipularon testimonios y, al mismo tiempo, presentaron facturas para cobrar fondos municipales sin la titulación requerida.

En este caso, los delitos que se investigan son privación ilegítima de la libertad, estafa a la administración pública, encubrimiento y usurpación de títulos.