
El tránsito a través de un tramo de la ruta provincial 12 en Chubut, cerca de la localidad de Gualjaina y a 60 kilómetros de Esquel, quedó restringido debido a que lugareños colocaron una especie de tranquera de hierro para impedir la circulación de vehículos, en el marco de una disputa territorial en la que plantean que la traza fue construida dentro de un territorio privado.
La particular medida provocó que un grupo de familias que reside en la zona quede aislada y no pueda utilizar el trayecto para movilizarse hacia localidades cercanas.
Los primeros testimonios recabados en la zona señalan a un poblador norteamericano que habría adquirido tierras a un particular y habría ordenado restringir el paso de vehículos por un sitio de circulación libre.
Sin embargo, una de las pobladoras que está detrás de la medida descartó la existencia de un inversor privado y asumió la responsabilidad de haber colocado el umbral en el lugar, aunque aclaró que el tránsito vehicular “está permitido”.
Luciana Zárate, propietaria de un campo ubicado en ambas márgenes del trazado provincial, aseguró que el tránsito en la ruta provincial 12 “nunca se cortó” y rechazó las versiones que apuntan a un ciudadano norteamericano de haber colocado el portal de acceso.
“No sé de dónde sacan que hay un terrateniente norteamericano, somos los dueños de los campos, gente trabajadora, y el trazado atraviesa nuestro campo” aseguró a través de las redes sociales. Fuentes del gobierno chubutense confirmaron la versión de que la traza atraviesa predios particulares.

Las imágenes del portal inundaron los portales de noticias de la Patagonia. Vecinos de la zona denunciaron la existencia de la estructura metálica que atraviesa el trazado y acusaron a “matones” de impedir el paso de vehículos.
Dijeron que “no sólo se colocó un portal, sino también un portón que permanece cerrado e impide la circulación de autos”. Zárate desmintió, en parte, la información y aseguró que “el portón está sin candado, se puede pasar y no está impedido el paso”.
La pobladora aseguró que “el asfalto está en nuestro campo y para poder utilizarlo, el gobierno de Chubut tendrá que expropiarlo. Llegaremos a un acuerdo para el uso público, pero mientras eso no ocurra, la tranquera permanecerá donde está”.
Además argumentó que la decisión de interrumpir la circulación vehicular es para prevenir hechos delictivos, ya que en los últimos meses les sustrajeron “más de 30 animales”.
El conflicto no sólo confronta a los pobladores con el gobierno de Chubut, sino también con una de las familias que quedó aislada por la interrupción del trazado.
“Se trata de una situación grave, ya que la instalación de una tranquera en una ruta pública implicaría restringir el acceso a un camino que debería ser de libre circulación” denunciaron los pobladores en las redes sociales, aunque el caso aún no tuvo repercusión en estamentos judiciales.
El conflicto generó un enorme impacto en los portales informativos de la región. Quienes se hicieron eco de la medida fueron voceros de comunidades mapuches que se sorprendieron con el corte de la ruta y denunciaron: “Si hubiésemos sido las comunidades las que cortábamos la ruta, ya nos hubiesen desalojado”.
En ese contexto, cuestionaron la “lenta intervención provincial para dirimir el conflicto”.
Fuentes gubernamentales, en diálogo con Infobae, confirmaron la existencia de un litigio “que aún no fue resuelto” relacionado a la regularización administrativa de las tierras.
“La ruta provincial 12 atraviesa tierras privadas y nunca se cumplimentó el trámite judicial para su expropiación debido a que la construcción de la ruta quedó trunca, por lo que los pobladores tienen derechos sobre el trazado”, indicaron. Es decir que quienes interrumpieron el paso de vehículos “habrían actuado bajo derecho”.
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