Cómo se vivió el UPD en las escuelas de todo el país: controles de alcoholemia y estrictos protocolos de seguridad

El Último Primer Día (UPD) se desplegó este lunes en escuelas de todo el país y dejó escenas que van mucho más allá de la postal habitual de alumnos celebrando el inicio de su último año. La llegada de controles de alcoholemia, protocolos preventivos y un notable despliegue de fuerzas de seguridad en varias provincias marcó un giro en la manera en que los establecimientos y las autoridades enfrentaron el ritual estudiantil que gana fuerza año tras año.

En la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Educación optó por un endurecimiento de las normas. Desde el primer día del ciclo lectivo quedó establecido que aquellos estudiantes de último año que se presentaran en la escuela bajo los efectos de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas no podrían ingresar y se les computaría una falta. También quedaron excluidos quienes mostraran comportamientos disruptivos o llegaran con objetos peligrosos.

Las autoridades educativas debían resguardar a los alumnos en un espacio controlado, contactar a las familias y dejar constancia formal de lo ocurrido. De detectarse riesgos para la salud, la intervención era derivada al SAME u otros servicios de emergencia. La cartera educativa porteña fundamentó la medida en la necesidad de garantizar la seguridad de los estudiantes y el desarrollo normal de la jornada escolar, en un contexto donde el UPD se consolidó como ritual de paso que, en muchos casos, incluye consumo de alcohol y reuniones nocturnas.

En Córdoba, la reacción fue preventiva y articulada entre distintos organismos. El Ente Municipal de Fiscalización y Control, junto a la Policía provincial y la Guardia Urbana, coordinó un operativo que incluyó monitoreo en tiempo real de las convocatorias juveniles, inspecciones en kioscos y desarticulación de fiestas sin habilitación.

Según reportó el Gobierno de Córdoba, el despliegue derivó en 57 eventos desarticulados, 11 fiestas clandestinas clausuradas y 15 comercios cerrados por venta irregular de alcohol. El operativo permitió contener a 1.850 menores y secuestrar más de 15 millones de pesos en bebidas y objetos asociados a la actividad ilegal.

Las acciones se apoyaron en controles en la vía pública, monitoreo de redes sociales y respuestas inmediatas ante denuncias al 911. Las autoridades subrayaron que la organización de fiestas clandestinas y la provisión de alcohol a menores constituyen infracciones graves derivadas a la Justicia de Faltas.

En Mendoza, la Dirección General de Escuelas (DGE) apostó a la prevención mediante el protocolo “UPD 360. Antes, durante y después”, que involucró tanto a escuelas estatales como privadas. El dispositivo se enfocó en guiar a las instituciones y a las familias para anticipar riesgos, promover el diálogo y firmar actas de compromiso parental.

Según consignó el diario Los Andes, el balance inicial del UPD resultó “tranquilo” y no fue necesario activar protocolos en los colegios por consumo de alcohol entre los estudiantes. La directora de Educación Secundaria, Cecilia Páez, explicó: “El acta compromiso era clara: la responsabilidad era de los padres, porque estaban en horario extraescolar”.

Además, muchas escuelas organizaron desayunos con la participación de familias y docentes, buscando sumar espacios alternativos de encuentro después de la noche de festejos. El Ministerio de Seguridad provincial interrumpió 18 fiestas, la mayoría por expendio de bebidas alcohólicas y presencia de menores. En domicilios particulares, solo se intervinieron encuentros cuando se detectó venta o suministro de alcohol a adolescentes.

El caso de Salta mostró otro matiz: varios colegios privados, tras manifestar su rechazo al UPD, decidieron implementar controles de alcoholemia antes del ingreso a la institución.

Según se detalló, la medida se comunicó previamente a las familias, en línea con el protocolo provincial, que deja a criterio de cada establecimiento el modo de prevención. Las escuelas públicas y privadas mantuvieron el foco en la vigilancia y la comunicación con los padres, mientras que la jornada inaugural transcurrió con normalidad en la mayoría de los casos.

Mientras tanto, el fenómeno del UPD fue objeto de análisis por parte de especialistas. La psicóloga Charo Maroño, entrevistada por Infobae en Vivo, caracterizó al evento como “un rito de finalización, también de iniciación a aquello que está por venir”. Maroño advirtió: “El aspecto negativo tiene que ver con el consumo de alcohol desenfrenado, sin la presencia de adultos responsables”.

Sobre el rol de las familias, enfatizó: “No sé si la palabra es prohibir, pero sí, tal vez dentro de los mejores escenarios, un diálogo conjunto entre padres, chicos y la escuela”. A su vez, la psicóloga subrayó el impacto físico y emocional de la falta de sueño y la necesidad de redes de cuidado para evitar riesgos. Desde la DGE mendocina, Páez remarcó la dimensión cultural del UPD y el desafío de modificar prácticas instaladas, al tiempo que valoró el acompañamiento adulto y la apertura de espacios de diálogo.

En el centro de la escena, el UPD evidenció la tensión entre la tradición festiva juvenil y la obligación institucional de garantizar la seguridad. El fenómeno, lejos de apagarse, impulsó la actualización de normativas, el despliegue de operativos de control y el diseño de estrategias de prevención en todo el país, en una jornada que puso a prueba los límites y las respuestas del sistema educativo, la familia y la comunidad.