Operativo Independencia: cuando un DNU de la democracia empezó a convertir al Estado argentino en terrorista

Faltaban 413 días para que las Fuerzas Armadas derrocaran a María Estela Martínez de Perón -Isabelita- e instalaran la última y más sangrienta dictadura militar de la historia argentina. Pero aunque faltaba más de un año para ese quiebre feroz en la continuidad democrática, el 5 de febrero de 1975 empezó a germinar el funcionamiento terrorista del Estado, que comenzó a desplegar un plan sistemático que implicó secuestros, torturas y desapariciones forzadas. Ese plan terrorista que, ya después del Golpe, se replicaría en buena parte del territorio nacional y se profundizaría.

Todo empezó con un decreto presidencial, el 261/5, que Isabelita firmó justamente el 5 de febrero de 1975, hace exactamente 51 años. La entonces presidenta daba inicio así al llamado “Operativo Independencia”, que autorizaba al Ejército y la Fuerza Aérea a “neutralizar y/o aniquilar” el accionar de “los elementos subversivos” que desplegaban su actividad en la provincia de Tucumán. Así lo especificaba el decreto, que se firmó tras presiones de las Fuerzas para poder justificar lo que llamaban “acciones de gran escala”.

Públicamente, el Gobierno de la viuda de Juan Domingo Perón y las Fuerzas declaraban que el objetivo central de esa operación militar era combatir al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Específicamente a la Compañía de Monte “Ramón Rosa Jiménez”, que pertenecía al ERP e intentaba instalarse en la selva tucumana y convertir esa instalación en un “foco revolucionario”.

Pero el Operativo Independencia iría mucho más allá de ese foco, y desplegaría toda su fuerza no sólo sobre el ERP -y también un grupo más pequeño de integrantes de la organización Montoneros-, sino sobre obreros, estudiantes, gremialistas y la población civil en general. Era, en concreto, una especie de “laboratorio” en el que se germinó el modus operandi de la dictadura.

El despliegue concreto de fuerzas empezó apenas cuatro días después de que Isabelita firmara el decreto. El 9 de febrero, 1.500 soldados se distribuyeron en una zona de 60 por 40 kilómetros. Tanto el Ejército como la Fuerza Aérea reforzarían esas filas: en total, participaron entre 5.000 y 6.000 durante toda la duración de la operación. El ERP, según documentos militares y testimonios, contaba con entre 100 y 150 combatientes rurales. A la enorme diferencia numérica se le sumaría la de recursos y métodos.

Acdel Vilas, general del Ejército, fue el primer comandante a cargo del operativo y fue claro: no se trataba de un conflicto meramente militar. Para Vilas, la presencia de focos guerrilleros en el monte tucumano era “sólo la manifestación armada del proceso subversivo, y no la más importante”. Bajo esa hipótesis, tanto Vilas como las Fuerzas Armadas y el Ejército justificaron la represión a ámbitos que fueron mucho más allá de esos focos: atacaron ámbitos religiosos, culturales, laborales y sociales.

Antonio Domingo Bussi fue el general que sucedió a Vilas al mando del Operativo Independencia. Se convertiría en la cara de la represión ilegal en Tucumán, provincia que después gobernaría durante la democracia. Durante su tiempo a cargo de la operación decretada por Isabelita, Bussi se ocupó de profundizar un legado heredado de Vilas: bajo la definición de “enemigo” entrarían miles de personas más que quienes eran combatientes armados del ERP. Es que para los militares, la “guerra” a la que se referían y con la que justificaban la represión era, sobre todo, “cultural”.

El Operativo Independencia implicaba que las fuerzas de seguridad estuvieran subordinadas al mando militar y habilitó operaciones de acción psicológica y cívica que implicaban aislar a los integrantes de la guerrilla de la población local. Para lograr eso, los comandantes desplegaron un control avasallante sobre la vida civil: cualquier activista sindical, opositor político o trabajador de los ingenios azucareros podía ser considerado un “objetivo a aniquilar”.

Para llevar a cabo su objetivo, las fuerzas militares montaron los primeros Centros Clandestinos de Detención (CCD) del país, una práctica que sería clave no sólo para el Operativo Independencia sino, después, para el plan sistemático de represión ilegal, tortura y desaparición forzada que ejecutó la dictadura. El más emblemático de los centros del operativo fue la Escuelita de Famaillá, por donde se estima que pasaron algo más de 1.500 personas. En total, se montaron más de cincuenta centros clandestinos de detención en el contexto de esa operación militar.

En los CCD se implementaron métodos de tortura como la picana eléctrica, los enterramientos y también se colgaba a los prisioneros durante días. El secuestro seguido de la desaparición forzada de personas fue mucho más frecuente que las muertes en enfrentamientos armados. Esa era la metodología que desplegaban las Fuerzas Armadas, que por otro lado mantenían todo el tiempo una retórica bélica como discurso oficial.

Aunque el Ejército y la Fuerza Aérea hablaban de “guerra”, los enfrentamientos armados reales fueron muy limitados, y generalmente tan informales que llegaban a considerarse más bien escaramuzas. En mayo de 1975 se produjo el llamado combate de Manchalá: un grupo de soldados conscriptos improvisó la defensa a un puesto de comando.

En octubre de ese mismo año se produjo el combate de Acheral, en el que murieron 15 integrantes del ERP. Para fines de 1975, la capacidad operativa de esa organización armada en el monte tucumano estaba desarticulada por completo. Pero la maquinaria represiva de las Fuerzas Armadas no detuvo su marcha.

Montoneros también operó en Tucumán, pero con una presencia mucho menor a la del Ejército Revolucionario del Pueblo. Con más presencia urbana que rural, Montoneros envió algunos “observadores” al monte e incluso se intentaron algunas acciones conjuntas entre las dos organizaciones armadas, pero la superioridad numérica y de fuego del Estado resultó implacable.

Se estima que murieron entre 300 y 400 militantes de las organizaciones armadas. Unos 25 integrantes de las fuerzas estatales murieron en combate, y en total perdieron la vida alrededor de 70 miembros de esas fuerzas.

El impacto más cruento -y más numérico- del Operativo Independencia fue entre las víctimas que no integraban ninguna de las organizaciones armadas que el Ejército y la Fuerza Aérea buscaban aniquilar, tal como habilitaba el decreto presidencial. Se calcula que el 75% de los secuestrados eran obreros de la industria azucarera, peones rurales y trabajadores de la construcción, y se documentaron 656 desapariciones forzadas durante ese período en Tucumán.

En 2002, se descubrió el llamado Pozo de Vargas, un pozo de agua de casi 40 metros de profundidad en el que, hasta 2023 y gracias al exhaustivo trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense, se habían identificado los restos de 119 víctimas del plan sistemático ejecutado por las Fuerzas Armadas. Los testimonios de vecinos de la zona fueron clave para encontrar el sitio. Los restos encontrados, con impactos de bala y fracturas evidentes, dieron cuenta de la brutalidad del operativo.

Casi cuarenta años después de esa operación militar, la Justicia dictó la primera condena específica por las acciones cometidas por el Estado durante el Operativo Independencia, que fueron consideradas delitos de lesa humanidad. Las investigaciones lograron confirmar que se habían cometido secuestros, torturas, delitos sexuales y desapariciones forzadas, todas violaciones a los derechos humanos.

Tal como había empezado a ocurrir en el Juicio a las Juntas de 1985 respecto de los crímenes desplegados a partir del Golpe, los tribunales consideraron que el Operativo Independencia había desplegado un plan sistemático de represión ilegal y delitos de lesa humanidad. Esos meses en Tucumán fueron una especie de “ensayo represivo” de lo que las Fuerzas Armadas serían capaces de hacer cuando desplegaran su plan sistemático de secuestro, tortura y desaparición forzada de personas a lo largo de toda la Argentina.