Subastaron una Ferrari decomisada a una conocida banda de narcotraficantes: la cifra que recaudó el Estado

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) concretó la subasta electrónica de una Ferrari F430 incautada en la causa penal contra el clan Loza, una de las organizaciones criminales de mayor peso en el norte de la Argentina, acusada por la justicia federal de traficar cocaína hacia Europa y realizar maniobras de lavado de activos. El vehículo, confiscado en 2018 tras el desmantelamiento de la banda, alcanzó un valor final de 310.000 dólares, luego de una puja que partió desde una base de 182.277 dólares fijada por el juzgado interviniente.

La operación fue comentada a través de redes sociales por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien celebró la realización del remate: “El Estado Nacional ha subastado una Ferrari F430 decomisada en la causa ‘Loza’ (narcotráfico y lavado de activos). El valor base de la subasta fue fijado por el juzgado interviniente en 182.277 dólares y terminó hace algunos instantes en USD 310.000 dólares”, expresó el funcionario en su cuenta oficial. Adorni añadió que las subastas públicas organizadas por la AABE se realizan de manera electrónica, permitiendo la participación de oferentes de todo el país con trazabilidad y transparencia.

La decisión de vender anticipadamente este y otros vehículos de lujo surgió por orden del Juzgado en lo Civil y Comercial Federal N° 10, a cargo de Gonzalo Auguste, quien aceptó el pedido fiscal de apurar el proceso debido a los altos costos que implicaba para el Estado mantener los bienes en depósito. Según informaron fuentes judiciales, la medida se aplicó por primera vez en el país dentro de ese fuero, marcando un precedente relevante en la administración de bienes decomisados provenientes de delitos complejos. El magistrado consideró que “los gastos mencionados incluían traslados ($226.725), reparaciones ($982.320), seguros en el caso de los bienes de mayor valor (Chevrolet Camaro SS, tenía un premio anual de $74.536,61 y las Ferrari de $55.075,69 y de $358.842,48) y la custodia de los vehículos en un estacionamiento ubicado en la calle Uruguay ($652.491,22 por mes)”.

El lote de bienes confiscados al clan Loza incluía, además de la Ferrari F430, otros automóviles de alta gama, como una Ferrari California valuada en más de 300.000 dólares y dos camionetas Chevrolet de colección. Todos fueron secuestrados en 2018, al momento de la desarticulación de la organización. El clan, con base en Salta, fue señalado por la justicia federal como responsable de exportar grandes cantidades de estupefacientes a territorio europeo y de montar una red de lavado de dinero que permitió el ingreso al circuito legal de millones de dólares obtenidos por actividades ilícitas.

La subasta se concretó después de que el juzgado resolviera que la administración estatal de estos bienes generaba gastos extraordinarios que contrariaban los fines de la ley que habilita la extinción de dominio. En su fallo, Auguste sostuvo que “no es razonable, a primera vista y en este estado de la causa, que la administración de estos bienes en cabeza del Estado Nacional mientras se sustancia la causa, genere gastos extraordinarios que desvirtúan uno de los objetivos que guiaron la implementación de este instituto”. El juez también señaló que durante el tiempo en que los vehículos permanecieron en depósito “se habían realizado gastos importantes para mantener esos bienes, los cuales ya se habían desvalorizado notablemente. Y con el avance del proceso se generaría una desvalorización aún mayor”.

De acuerdo con la investigación, la Ferrari subastada no corresponde al modelo que perteneció a Diego Maradona, que también estuvo en manos del clan Loza pero fue decomisada de manera definitiva en una causa penal distinta. El vehículo vendido había sido transferido a la órbita de la AABE, que lo mantuvo bajo custodia hasta concretar la subasta electrónica.

El objetivo central de la extinción de dominio es, según la normativa vigente, “extinguir por vía de una acción civil el derecho sobre los bienes que hayan sido mal habidos por efecto de actos de corrupción o crimen organizado, a fin de recuperarlos en beneficio del conjunto de la sociedad”.