
Luego de que el Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza accionara con denuncias judiciales contra padres que no cumplieron el calendario obligatorio de vacunación de sus hijos, más de 70 familias se presentaron voluntariamente para cumplir con la medida sanitaria preventiva.
Mendoza se convirtió en la primera provincia de Argentina en recurrir a la vía judicial para exigir el cumplimiento del Calendario Nacional de Vacunación en un contexto de alerta sanitaria por el rebrote de enfermedades prevenibles, como el sarampión o la tos convulsa.
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Al menos hasta el último día hábil de la semana -ayer viernes- la cartera sanitaria de Mendoza había presentado 15 denuncias en la Justicia. No obstante, Rodolfo Montero, ministro de Salud, adelantó a Infobae en Vivo que las acciones judiciales “van a ir creciendo a medida que pasen los días”. Y fuentes oficiales confirmaron a este medio hoy sábado que probablemente haya más acciones la semana que viene.
No obstante, como reacción a la decisión de avanzar contra los “antivacunas” acudieron “espontáneamente” 72 padres con sus hijos a distintos centros de vacunación provinciales para cumplir con el calendario y evitar ser parte de la lista de denunciados.
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Además, cuatro de los 10 denunciados en la primera tanda fueron también a cumplir con el calendario. El resto todavía tiene 30 días para hacerlo.
Las denuncias fueron radicadas el fuero civil y se fundamentan en la Ley Nacional 27.491, que establece la obligatoriedad de las vacunas y confirma que la salud pública prevalece sobre los intereses individuales.
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“No es que uno solamente pone en riesgo a su hijo si no lo vacuna. Pone en riesgo a toda la sociedad. La vacunación no es una decisión individual, es una decisión colectiva entre todos los argentinos, de protegernos”, concluyó Romero.
Desde el gobierno provincial explicaron que las personas que recibieron la denuncia deben asistir a una audiencia en la que el equipo sanitario informa a los padres acerca de los riesgos que representa para la salud pública mantener la falta de vacunación.
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El ministro explicó que los jueces “podrían tomar el código contravencional de Mendoza, que impone sanciones económicas, trabajo comunitario, incluso algunos días de arresto para los padres que no vacunen a su hijo”.
El funcionario afirmó que estas medidas buscan proteger el derecho a la salud de los menores en un escenario nacional donde ya se registraron muertes infantiles por tos convulsa y rebrotes de enfermedades como el sarampión, que se consideraba eliminada en el país desde 2016.
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Las sanciones establecidas por la normativa contemplan multas de entre USD 84.000 y USD 336.000, además de la posibilidad de hasta cinco días de arresto o la obligación de realizar trabajos comunitarios en hospitales, según el artículo 119 del Código de Contravenciones de Mendoza.
Estas penalidades se aplican si los padres, tutores o cuidadores no cumplen con el calendario oficial de vacunación, y pueden duplicarse o triplicarse en caso de reincidencia o si otros responsables, como instituciones educativas o funcionarios públicos, omiten la denuncia.
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La resolución provincial ratifica que el interés superior de la salud pública prevalece sobre la decisión individual y garantiza la protección de los derechos de los menores a una vida sana. Iris Aguilar, responsable del Departamento de Inmunizaciones de Mendoza, sostuvo: “El objetivo es claro: que los niños se vacunen. No buscamos castigar, sino proteger a los chicos. Es el juez el que determina qué hacer. Nuestro rol es activar el sistema cuando se vulnera el derecho a la salud del niño”.

Además, Aguilar detalló que “el mayor déficit está en las vacunas que se aplican a los quince meses, debido a la disminución en controles de niños sanos, que se realizan de manera más espaciada”.
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La cobertura de vacunación escolar en Mendoza supera el 80%, “un porcentaje aceptable pero que debería superar el 95% para evitar la reaparición de enfermedades que gracias a las vacunas se encuentran eliminadas o bajo control”.
El descenso en las tasas de vacunación preocupa especialmente en la adolescencia, donde la cobertura ronda el 75%. En el caso de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), incorporada al calendario a los once años, la cobertura alcanza el 66,98% con la primera dosis entre las niñas y el 60,92% en varones, pero desciende a 34,62% y 27,82% para la segunda dosis respectivamente.
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