Una ley para defender a quienes educan y nos cuidan

El martes 11 de noviembre en Mar del Plata, volvimos a ver la cara más dura de la violencia. Lo que comenzó como un episodio de violencia de género dentro de una escuela derivó en una espiral de agresiones que alcanzó al presunto implicado, a su familia e incluso a las viviendas de sus allegados. Una situación inaceptable que deja al descubierto hasta qué punto la violencia se ha convertido en un lenguaje cotidiano, una forma de reacción inmediata que sustituye el diálogo, la reflexión y la búsqueda de justicia por mano propia.

La violencia en todas sus formas se ha vuelto un signo distintivo de estos tiempos: la vemos en las escuelas, en las calles, en los hogares, en las canchas, en los debates políticos y en las redes sociales. El tono de la convivencia se ha vuelto áspero, la palabra perdió su poder de encuentro y la diferencia se transformó en amenaza. Vivimos un tiempo donde la desmesura se volvió hábito.

Este ascenso de la violencia se apoya en una problemática cada vez más extendida: la anomia, un concepto desarrollado por Émile Durkheim para describir aquellos momentos en que una sociedad pierde el sentido del orden y las normas dejan de ser referencia común. Hoy toda representación del orden, de las instituciones y de las reglas es vista como una limitación a la libertad individual. Se confunde libertad con descontrol, expresión con agresión, autonomía con impunidad. En ese caldo de cultivo, la violencia deja de ser excepción y pasa a ser una forma aceptada —o incluso celebrada— de interacción social.

A ello se suma un fenómeno igual de preocupante: la apología de la violencia y la deslegitimación de la cultura democrática. Cuando desde ciertos discursos se desacreditan las instituciones, se ridiculiza la moderación y se exalta el enfrentamiento como método, lo que se está haciendo es preparar el terreno para la violencia ciudadana. No se construye una sociedad mejor sobre el resentimiento ni sobre la demolición de la convivencia democrática.

Frente a este cuadro dramático, necesitamos un nuevo contrato social en torno a la convivencia ciudadana. Un pacto básico sobre cómo queremos vivir juntos, sobre los valores que nos unen más allá de las diferencias. Hasta que no superemos el populismo axiológico —esa tendencia a desdibujar los valores— y el individualismo atroz, como bien describe Éric Sadin, no habrá expectativas reales de reducir ni erradicar las violencias.

En ese contexto se inscribe el proyecto de ley que presenté en el Senado, que agrava las penas para quienes cometan delitos contra docentes, personal sanitario o trabajadores del transporte público, cuando esas agresiones ocurran con motivo u ocasión de sus funciones. No es una respuesta punitivista, sino una señal política y moral: la sociedad debe proteger a quienes sostienen los lazos más valiosos del tejido social.

Porque quien agrede a un maestro, a un médico o a un chofer, agrede a toda una comunidad.

Necesitamos recuperar la idea de que la ley no es un obstáculo para la libertad, sino su condición. Defender a quienes educan, cuidan y sirven es el primer paso para reconstruir una sociedad que vuelva a creer en el respeto, en la palabra y en la paz.