La Justicia allanó la Legislatura de Córdoba por la causa vinculada los contratos de personal

Durante las horas de la mañana de ayer viernes se vivió una fuerte conmoción en el Poder Legislativo de Córdoba.

Por orden del fiscal Anticorrupción Franco Mondino, agentes de la Policía de Córdoba y de la Dirección de Investigación Operativa del Ministerio Público Fiscal ingresaron a distintas dependencias de la Legislatura provincial para incautar documentación en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en contratos de personal.

La medida fue autorizada por el juez de Control Gustavo Hidalgo y apunta a esclarecer posibles maniobras fraudulentas en el manejo de recursos humanos y contratos dentro de la institución.

La noticia se conoció a través de un medio periodístico que detalló que el procedimiento buscó secuestrar contratos, normativas internas y reglamentos relacionados con la designación y funcionamiento del personal legislativo. En el interior de la sede legislativa, el operativo no pasó desapercibido para funcionarios y empleados, quienes permanecieron expectantes al desarrollarse las tareas judiciales.

La causa que motivó la intervención judicial es una derivación directa del caso denominado de la “empleada fantasma”, que sacudió el ámbito público provincial y llevó a la detención de dos personas bajo sospecha de defraudación a la administración pública.

La investigación tiene como origen una denuncia presentada a partir de un hecho detectado en enero de este año. Según la reconstrucción de los hechos, Guillermo Kraisman —imputado en la causa— acudió junto a Luciana Castro a una entidad bancaria con la intención de cobrar el primer sueldo a nombre de Virginia Martínez, quien había sido recientemente contratada por la Legislatura. Para efectivizar la operación, ambos presentaron el DNI de la empleada y se identificaron como beneficiarios de la transacción.

Tal maniobra fue advertida por el cajero, quien notó inconsistencias en la presentación y consultó con autoridades superiores. Frente a las dudas, se impidió el cobro y se dispuso la intervención policial inmediata. Tanto Kraisman como Castro fueron detenidos el 16 de enero, acusados de intentar apropiarse ilícitamente de fondos estatales a través de la utilización de una identidad ajena.

Desde ese momento, el caso pasó a tener notoriedad pública. El hecho de que una persona figure como empleada, sin realizar funciones efectivas ni percibir el sueldo en forma directa, encendió las alarmas sobre el posible uso de “empleados fantasma” en el ámbito del Estado cordobés y abrió la puerta a una pesquisa mayor sobre el funcionamiento de los contratos laborales dentro de la Legislatura.

Según informó el portal El Doce.tv, el allanmiento dispuesto por el fiscal Mondino responde a la investigación formalmente abierta para determinar la existencia de irregularidades más allá del caso puntual denunciado.

De acuerdo con lo informado, el objetivo principal del procedimiento fue asegurar contratos laborales, normativas administrativas y toda reglamentación que pudiera dar cuenta tanto de la legalidad como de las condiciones de las contrataciones efectuadas en los últimos meses.

Los registros y normativas secuestrados serán analizados por equipos técnicos de la fiscalía a fin de detectar posibles patrones o sistemas de incorporación irregular de empleados. La medida fue ejecutada durante la mañana y estuvo acompañada por personal especializado en la gestión de documentos administrativos, bajo la supervisión directa del Ministerio Público Fiscal.

La intervención judicial busca delinear responsabilidades sobre la autorización y supervisión de los contratos. Hasta el momento, no se ha confirmado la existencia de nuevos imputados, pero fuentes judiciales adelantaron que no se descarta la posibilidad de que surjan nuevas derivaciones en las próximas semanas, una vez que se avance con el análisis de la documentación incautada.

Tras el allanamiento, los investigadores continuarán con el análisis de los datos recopilados. Entre los principales objetivos se encuentran determinar el número real de contratos activos, las condiciones de ingreso y las verificaciones correspondientes para descartar o confirmar la existencia de otros casos similares.

El expediente, que ya tenía a Kraisman como principal imputado, podría ampliarse a medida que surjan nuevos elementos de la investigación documental. Las autoridades judiciales buscan establecer si existió un patrón de irregularidades administrativas o si el caso fue un hecho aislado.