El caso de un especialista en redes sociales de 19 años, detenido en San Salvador de Jujuy, expuso cómo el empleo de herramientas tecnológicas avanzadas puede diseñar engaños y concretar delitos graves. El joven, identificado con las siglas G.F.F., desarrolló un falso programa de becas educativas e ideó una compleja pantalla institucional valiéndose de la inteligencia artificial, captando así la confianza de tres mujeres que creyeron en la promesa de una oportunidad académica y laboral en Jujuy. Dos de ellas eran menores de edad al momento de los hechos.
El imputado, cuya actividad como community manager en Santa Fe y vinculación laboral con el sector municipal le proporcionaron conocimientos informáticos y manejo de redes, creó desde cero la infraestructura digital de una entidad imaginaria: el “Centro Estudiantil Interprovincial Joven Norte”. Mediante sitios web, flyers y documentación apócrifa elaborada con el auxilio de la aplicación de inteligencia artificial ChatGPT, el acusado logró simular la existencia de una organización y un programa de becas ante las jóvenes y sus familias. Nadie advirtió la falsedad del organismo; incluso fijó como domicilio la Casa de Gobierno de Jujuy para conferir verosimilitud a la propuesta.
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La maniobra culminó cuando las víctimas, de entre 17 y 21 años, viajaron desde una localidad del interior de Santa Fe hasta San Salvador de Jujuy, creyendo que participarían de la Fiesta Nacional del Estudiante como parte del programa de becas anunciado. G.F.F. alquiló un departamento en el barrio Alto Padilla, donde se alojaron durante su estadía. El desenlace sobrevino el 23 de septiembre, cuando una de las adolescentes descubrió que “un reloj colocado en un esquinero en el sector de la ducha” ocultaba en realidad una cámara espía, según relataron el fiscal federal Federico Zurueta y la auxiliar fiscal Romina Verdur durante la audiencia de formalización, de acuerdo a la comunicación del sitio Fiscales.gob.
El hallazgo se produjo porque la joven intentó poner el reloj en hora y notó que no funcionaba; al inspeccionarlo, identificó la presencia del dispositivo espía, el cual también registraba audio. El grupo, alarmado, confrontó al acusado y notificó la situación a personal policial ubicado en un puesto de la Ciudad Cultural. En ese contexto, según lo informado por los representantes del Ministerio Público Fiscal en la audiencia, G.F.F. mostró nerviosismo, e intentó luego desprenderse de la cámara arrojándola por la ventanilla de un patrullero, hecho advertido por una de las adolescentes. Los agentes de policía lograron recuperar el dispositivo y hallaron la tapa entre las pertenencias del acusado.
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El peritaje preliminar de los elementos incautados permitió detectar “15 videos y 68 fotos” que reflejaban la grabación de las tres mujeres durante su estancia en el departamento. Además, se localizó material semejante de otras posibles víctimas, así como una considerable cantidad de material de abuso sexual infantil. Ante estos hallazgos, la fiscalía agravó la imputación y solicitó nuevos peritajes, con la finalidad de determinar no solo la tenencia de estos contenidos, sino la posibilidad de que hubieran sido producidos por el propio imputado, y si existía la participación de otras personas.
Durante la audiencia que tuvo lugar el 28 de octubre, el juez federal de Garantías N.º 1 de Jujuy, Eduardo Hansen, consideró válidos los argumentos de la fiscalía y ordenó la prisión preventiva para G.F.F., a la par que autorizó la profundización de las pericias en todos los dispositivos electrónicos secuestrados, entre ellos celulares, computadoras, discos externos y tablets. En el mismo acto, se fijó un plazo de investigación de 90 días.
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La estrategia utilizada por el acusado, que incluyó la generación de documentación creíble con herramientas de IA y la simulación de canales de comunicación formales, generó un marco de confianza que no fue detectado como falso ni por las propias víctimas ni por sus familiares. La información recolectada por Fiscales.gob señala que inclusive se firmaron los permisos de viaje y estadía exigidos para el traslado y alojamiento de las jóvenes, lo que permitió que el viaje se concretara sin alertas previas.
La defensa de G.F.F., durante la audiencia, intentó oponerse a la prisión preventiva ofreciendo garantías patrimoniales y el compromiso de colaboración con los peritos, pero el juez desestimó el planteo.
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