El Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Fiscalía del Distrito Medio de Florida presentaron este martes una demanda civil de desnaturalización ante el Tribunal de Distrito en Orlando, contra un hombre oriundo de Argentina, acusado de haber obtenido la ciudadanía ocultando información y realizando declaraciones falsas en el proceso de inmigración.
El caso tiene como protagonista a un hombre de 50 años, cuyas iniciales son F. A. M. B., quien reside en Windermere, Florida. De acuerdo con la presentación, habría logrado su cometido de manera ilegal al acceder primero a la residencia permanente mediante una afirmación falsa de nacimiento en Cuba. En el proceso, utilizó un certificado y un pasaporte cubano, ambos documentos fraudulentos para acogerse a los beneficios migratorios que otorga la Ley de Ajuste de Refugiados Cubanos, tras haber ingresado al país con una visa de visitante.
“El Departamento de Justicia está comprometido a preservar la integridad de la ciudadanía estadounidense y perseguirá enérgicamente la desnaturalización de los estafadores que mienten para obtener beneficios migratorios”, sostuvo el Fiscal General Adjunto Brett A. Shumate, de la División Civil del Departamento de Justicia.
En este sentido, explicó que la desnaturalización civil constituye una herramienta clave para asegurar que solo las personas calificadas y de buena conducta moral reciban la ciudadanía de los Estados Unidos, y subrayó que este caso busca “enviar un mensaje claro: si no dice la verdad a los funcionarios de inmigración e infringe nuestras leyes migratorias, lo procesaremos y lo desnaturalizaremos”.
Según comunicaron desde la Oficina de Asuntos Públicos (OPA, por sus siglas en inglés), las maniobras ejecutadas por F. A. M. B. salieron a la luz en 2013, cuando regresó a Norteamérica desde Colombia, por el Aeropuerto Internacional de Miami. Un agente de Aduanas y Protección Fronteriza reconoció su acento argentino y, tras una revisión, se corroboró la falsedad de sus declaraciones anteriores. En aquel proceso judicial que se le inició tras ser arrestado y acusado de presentar información falsa y de uso indebido de documentos oficiales, se declaró culpable.
Admitió que, luego de llegar a tierra estadounidense, recurrió a la compra de documentos cubanos falsos para así ajustar su estatus migratorio. “El 9 de mayo de 2005, firmó el primer Formulario I-485 bajo pena de perjurio, certificando que toda la información era verdadera y correcta”, indica la denuncia respecto al papeleo que hizo en aquel entonces para su propósito. La presentación continúa diciendo: “El funcionario de USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos) preguntó por su país de nacimiento y el demandado, bajo juramento, respondió oralmente que había nacido en Cuba”. Dos años después, le otorgaban la residencia permanente en el país, retroactiva a 2004. Finalmente, fue condenado en el Distrito Sur de Florida por fraude de pasaporte.
Según la acusación actual, estos hechos constituyen causales para que el Tribunal ordene la revocación de la ciudadanía estadounidense, conforme a las disposiciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. El texto de la demanda enumera los argumentos por los cuales ha procedido en este sentido, entre ellos por “el incumplimiento de cualquiera de los requisitos previos establecidos por el Congreso para la adquisición de la ciudadanía mediante naturalización convierte la orden que otorga la ciudadanía en ‘obtenida ilegalmente’”.
Mientras tanto, este miércoles partirá desde Estados Unidos el primer vuelo con 16 ciudadanos argentinos deportados, con destino el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La aeronave de la empresa Omni Air International, un Boeing 767-300 rentado por la administración estadounidense especialmente para este tipo de operativos, realizará escalas técnicas en Bogotá, Colombia y Brasil, antes de aterrizar en suelo argentino.
Se estima que el avión llegará durante los primeros minutos del jueves, aunque desde fuentes aeronáuticas advirtieron que los horarios pueden variar. El arribo de este grupo ocurre en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump desde su regreso a la presidencia.
Según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la repatriación involucra principalmente a personas que ingresaron o permanecieron en ese país de manera ilegal, infringieron leyes migratorias, fueron condenadas por delitos o consideradas amenazas para la seguridad nacional.
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