Una investigación judicial culminó con la imposición de resarcimientos económicos superiores a 14 millones de pesos para cuatro personas halladas responsables de cometer estafas mediante el uso de tarjetas de crédito ajenas en distintas ciudades del país. Además, los acusados deberán asumir el pago de los costos procesales, según dispuso el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Las maniobras se realizaron en Santa Fe, Santo Tomé, Coronda y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) e incluyeron adquisiciones ilegales de electrodomésticos y servicios de hotelería.
Según el portal del diario La Capital, la Fiscalía calificó a los imputados como miembros de un grupo delictivo con participación distribuida en distintos niveles. L.B.R. (26 años) y F.E.B. (28 años) recibieron penas en suspenso luego de pactar procedimientos abreviados con la Justicia. Dos mujeres, identificadas con las iniciales C.M. (21) y S.G.E. (52), accedieron a la suspensión de juicio a prueba (probation) debido a su grado de involucramiento y compromiso con la reparación.
El Ministerio Público de la Acusación informó que el presunto cabecilla, de iniciales F.A.M. y de 28 años, permanece con prisión preventiva mientras avanza la investigación.
El fiscal Agustín Nigro, responsable del caso, explicó que las maniobras consistían en contactos telefónicos con comercios en distintas jurisdicciones. Con datos obtenidos de forma fraudulenta, los acusados se hacían pasar por titulares de las tarjetas o sus cónyuges con el fin de realizar compras no autorizadas.
Nigro precisó: “En las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé y Coronda, así como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el hombre identificado como F.A.M. cometió diez estafas entre abril y mayo del año pasado”. En ocasiones, otros miembros del grupo retiraban personalmente los productos luego de haber realizado las compras por teléfono con tarjetas de terceros. Los bienes adquiridos incluyeron ocho equipos de aire acondicionado y seis televisores.
El mismo esquema fue utilizado en el sector hotelero. “En julio del año pasado, el grupo delictivo estafó a los dueños de un hotel en CABA”, mencionó Nigro. El contacto telefónico, la utilización de identidades ficticias y el pago con una tarjeta no autorizada permitieron el alojamiento de dos integrantes, lo que provocó un nuevo perjuicio económico, ya que la transacción fue desconocida por el titular y la empresa hotelera no recibió el pago correspondiente.
La serie de estafas se interrumpió cuando las víctimas detectaron consumos no autorizados y los denunciaron ante las entidades bancarias. El fiscal explicó que, al advertir compras efectuadas a su nombre, los titulares informaron a los bancos que no habían realizado esos movimientos, motivo por el cual las compañías desconocieron las operaciones y los vendedores no pudieron cobrar.
El monto global de las maniobras originó reclamos de comerciantes y prestadores de servicios, afectados por importantes pérdidas económicas.
En otro episodio, F.A.M. intentó aplicar el mismo esquema en una mueblería santafesina, pero el vendedor advirtió la irregularidad y canceló la operación antes de la entrega de la mercadería.
La Justicia provincial resolvió que los acusados cumplan con la reparación económica, la cual será prorrateada entre las víctimas en función de los perjuicios sufridos. Esta cifra asciende a los 14 millones de pesos. Además, deberán asumir los costos de los procesos judiciales derivados de la investigación.
Respecto a L.B.R. y F.E.B., el fallo consideró penas en suspenso de acuerdo a sus conductas y grados de participación. Las dos mujeres implicadas accedieron a suspensiones de juicio bajo condiciones fijadas por el tribunal. El principal acusado continúa detenido y a disposición de la Justicia.
El caso sigue bajo la órbita del fiscal Agustín Nigro, quien no descartó futuras acusaciones o imputaciones a otros eventuales cómplices en función del avance de la causa y la ejecución de los resarcimientos.
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