El Tribunal Oral en lo Penal Económico (TOPE) N°1 dispuso la incautación de 13 propiedades registradas a nombre de personas físicas y jurídicas vinculadas al contador público Diego Xavier Guastini, condenado en septiembre de 2019 como uno de los líderes de una organización dedicada al lavado de activos de origen ilícito, en su mayoría provenientes del narcotráfico, y al contrabando. Guastini no pudo cumplir con su pena, puesto que los capos narco a quienes entregó a la Justicia tomaron venganza y ordenaron su asesinato. Fue baleado por un sicario en 2019.
La resolución, firmada por la jueza Sabrina Namer, responde a un pedido presentado por el fiscal Marcelo Agüero Vera, titular de la Fiscalía N°1 ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico. La solicitud estuvo acompañada por la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI) y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) de la Procuración General de la Nación.
Con esta medida, la cantidad de bienes decomisados a la estructura liderada por Guastini asciende a 26 inmuebles, dado que los 13 recientemente incautados se suman a otros 13 ya decomisados en abril de 2023. Estos activos, ahora bajo resguardo del Estado, fueron calificados por la Justicia como producto directo del narcotráfico internacional y de maniobras de lavado de dinero desplegadas entre 2013 y 2014.
El caso
La condena a Guastini y varias personas de su entorno fue dictada el 20 de septiembre de 2019, por integrar una asociación ilícita dedicada al contrabando, lavado de activos y delitos vinculados, tras haber reconocido su participación en el esquema.
Según la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal y los informes recolectados en el expediente, durante el período investigado, la organización ingresó al país importantes sumas de dinero obtenidas en el extranjero a cambio de la comercialización de estupefacientes.
Las ganancias de esa actividad ilegal se destinaron principalmente a la adquisición de propiedades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, según informó la página web de los fiscales.
Las operaciones se concretaron a nombre de Guastini, allegados y empresas especialmente creadas, en un intento deliberado por ocultar el origen de los fondos y eludir eventuales medidas cautelares o decomisos. Este esquema formaba parte de una ingeniería de lavado ideada por el propio contador, con el objetivo de dotar de apariencia legal a sus activos.
Durante la investigación, los registros de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), los informes de los Registros de la Propiedad Inmueble y la documentación secuestrada en allanamientos resultaron elementos clave para reconstruir el flujo de fondos y confirmar el carácter ilícito de los inmuebles. Un archivo titulado “Propiedades”, hallado en la computadora personal de Guastini, fue central para el avance de la causa. Ese listado incluía la ubicación, titulares y sociedades interpuestas utilizadas para la compra de los bienes.
En todos los casos, la Justicia comprobó que ni los titulares registrales ni las personas jurídicas interpuestas justificaban, según sus declaraciones impositivas, la capacidad económica para adquirir esas unidades. En muchos casos, las empresas carecían de actividad real y presentaban balances sin movimientos o en números rojos.
Los imputados admitieron durante el debate oral haber actuado por indicación de Guastini, quien dirigía toda la estructura destinada al ocultamiento de los fondos. La jueza Namer destacó en la resolución que el decomiso resulta fundamental para revertir las maniobras de ocultamiento patrimonial y recuperar para el Estado bienes generados por el narcotráfico y el contrabando.
Además de los elementos de la investigación, en el expediente fue fundamental el testimonio del contador y financista, que terminó por exponer a los narcotraficantes. Como represalia, fue asesinado a tiros por sicarios.
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