A pesar de tener poco más de 20 mil habitantes y estar enclavado en el extremo norte de la provincia de Río Negro, fuera de los focos de las grandes ciudades, la rionegrina Catriel parece condenada a ser noticia nacional.
Después de que en marzo pasado el presidente del Concejo Deliberante local amenazara con un arma a la intendenta y quedara registrado en cámaras de seguridad, ahora Catriel atraviesa otro escándalo: una filmación dejó registro de la actividad sexual que dos trabajadores -un hombre y una mujer- del Municipio tuvieron en un baño del vivero público.
La intendenta, Daniela Salzotto, tomó la decisión de despedir al hombre y, según informaron medios locales, no hizo lo mismo con la mujer ya que entendieron que “estaba en un estado de vulnerabilidad”.
El trabajador estaba a cargo de la cuadrilla del Vivero Municipal. Según trascendió, las cámaras registraron que junto a su compañera de trabajo entraron al baño juntos en horario laboral para tener tener relaciones sexuales, aun cuando sabían que podrían estar siendo filmados.
De acuerdo a lo que consignó el sitio Catriel 25 Noticias una fuente municipal explicó que sólo se despidió al empleado porque era “un superior” de la mujer y se interpretó que pudo haber existido abuso de poder. No obstante, no trascendieron sus identidades.
Las cámaras también captaron una amenaza con un arma a la intendenta
En marzo pasado, las cámaras de seguridad del municipio de Catriel lograron captar la amenaza que Alberto Ariaudo, por entonces presidente del Concejo Deliberante local, hizo contra Salzotto.
Es que el funcionario fue filmado mientras exhibía un arma impunemente. Fue la escena final de una secuencia de amenazas contra la intendenta y el resto de los funcionarios que trabajan a su lado durante más de un año.
Según contaron, Ariaudo tenía diferencias de gestión pero las exponía de manera violenta, con hostigamientos por WhatsApp y en persona. Nunca había escalado al punto de poner en el medio un arma de fuego como ocurrió ayer. Según explicaron en el municipio de Catriel, la última reacción de Ariaudo fue consecuencia de un proyecto de ordenanza para llevar controles de consumos problemáticos de sustancias ilegalizadas.
Ariaudo fue denunciado y detenido. En el allanamiento de su domicilio no encontraron el arma que usó para amenazar y que quedó registrada en las cámaras.
La fiscalía lo acusó por “coacción agravada por haber tenido el propósito de obligar a una persona a abandonar su trabajo”, “amenazas reiteradas” y “portación ilegal de arma de fuego de uso civil reiterada”. Y, según contaron fuentes judiciales a Infobae, estaba dispuesta a pedir su prisión preventiva.
Sin embargo, en la audiencia Ariaudo se arrepintió. “Expresó estar arrepentido de lo sucedido y ofreció la renuncia al Concejo Deliberante”, contaron fuentes judiciales de Río Negro.
“El hombre llegó detenido a esta audiencia, la fiscalía iba a solicitar su prisión preventiva y su desafuero pero él decidió colaborar con el órgano municipal y también con la investigación que concretará el Poder Judicial. Privilegió lo institucional, evitó que la cuestión continuara”, expresó el fiscal jefe Gustavo Herrera.
La Justicia lo obligó a fijar y mantener domicilio y estar a disposición de la justicia a través de presentaciones personales una vez a la semana,. “Además no debe realizar ninguna obstaculización con el accionar de la Justicia, por ello el hombre no puede entrar en contacto por ninguna vía ni por terceras personas con los testigos, con la víctima principal y las demás personas mencionadas”, explicaron fuentes judiciales.
También le impusieron una prohibición de acercamiento no menor a 300 metros tanto de la vivienda de la Intendente, como del Municipio y la sede del Concejo. Tendrá vigencia por cuatro meses, que es el tiempo que tiene el fiscal Herrero para desarrollar su investigación antes del eventual juicio.
“Te voy a entregar a tus funcionarios en una bolsita”, “Ese va a ser boleta”, “Conmigo no te hagás el poronga porque te limpio”, fueron algunas de las amenazas que habrían constatado los investigadores.
Según la acusación fiscal, ocurrieron seis hechos en apenas el último mes. El primero habría sucedido el pasado 8 de marzo cuando Alberto Alfredo Ariaudo habría enviado un mensaje de WhatsApp con una amenaza al Asesor Técnico de Catriel, con el propósito de obligarlo a renunciar a su lugar de trabajo.
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