Condenaron a una escribana por falsificar una firma para apropiarse de una casa que iba a ser donada a una iglesia

La Justicia de la provincia de Mendoza condenó a la escribana Silvia Marcela Herrero, de 46 años, por su participación en una maniobra fraudulenta que tenía como objetivo quedarse con una vivienda que iba a ser donada a una institución religiosa.

El hecho ocurrió en 2015, pero la sentencia se dictó en los últimos días, tras un acuerdo judicial que incluyó también al otro acusado, Gustavo Daniel García, el inquilino de la casa en cuestión, de 45 años.

La propiedad está ubicada sobre calle Coronel Díaz, en el límite entre la Cuarta Sección de la ciudad de Mendoza y el departamento de Las Heras. En esa casa vivía una mujer de edad avanzada y en situación de vulnerabilidad, quien alquilaba la cochera de su propiedad a García, comerciante de la zona. La relación entre ambos era de arrendamiento, y no existía vínculo familiar ni de confianza profunda, según testificaron vecinos y conocidos de la víctima.

El 13 de febrero de 2015, la propietaria sufrió una grave descompensación a raíz de un cuadro severo de diabetes, enfermedad que ya la había obligado a someterse a una amputación de una pierna. Fue internada de urgencia en el Hospital Español y su estado de salud se deterioró rápidamente. Durante su internación, los médicos detectaron signos de un síndrome psicótico, lo que complicó aún más su cuadro clínico. La mujer falleció un mes después, el 15 de marzo de 2015.

En vida, la víctima había manifestado de forma constante su intención de donar la vivienda a la Asociación Civil Cristiana Bíblica, una congregación evangélica a la que asistía con regularidad desde hacía años, y que había sido su principal sostén emocional tras la muerte de sus padres. Incluso había dejado instrucciones claras a su tío para que, tras su fallecimiento, formalizara la donación a favor de la entidad religiosa. La sucesión se encontraba en curso y, hasta ese momento, no existían objeciones ni disputas sobre la voluntad de la mujer.

La situación cambió de manera sorpresiva cuando, el 2 de noviembre de 2015, García se presentó en el expediente sucesorio con un documento en el que alegaba haber adquirido los derechos hereditarios sobre el inmueble, a través de una supuesta cesión firmada por la mujer.

El escrito llevaba como certificación de firma la rúbrica de la escribana Silvia Herrero. Este movimiento provocó inquietud entre los familiares y representantes de la iglesia, quienes aseguraron que nunca se había hablado de un traspaso de la vivienda a favor del inquilino.

Ante la denuncia, la Justicia ordenó una pericia caligráfica sobre la firma atribuida a la fallecida. El informe fue concluyente: la firma era falsa. Además, la fecha del documento coincidía con el período en el que la mujer se encontraba internada y en un estado clínico que, según los informes médicos, la incapacitaba totalmente para otorgar cualquier tipo de acto jurídico.

La investigación quedó a cargo de la fiscal de Delitos Económicos Susana Muscianisi, quien imputó a García por el delito de tentativa de estafa, y a Herrero por falsedad ideológica, una figura penal que contempla sanciones a funcionarios públicos o profesionales que, en ejercicio de su función, introducen datos falsos en documentos oficiales.

Según publicó Diario Uno, la fiscalía reunió pruebas documentales, testimonios y dictámenes periciales que sostuvieron la acusación. Durante el proceso, ambos imputados admitieron su participación en los hechos, lo que facilitó la posibilidad de avanzar en un juicio abreviado, figura procesal que permite una resolución rápida de la causa si hay reconocimiento de culpabilidad.

En la audiencia final, celebrada recientemente, la Justicia homologó los acuerdos alcanzados. En el caso de García, el tribunal le otorgó el beneficio de la suspensión del juicio a prueba (probation). Como condiciones, deberá cumplir normas de conducta estrictas durante un período determinado y realizar una donación de 50.000 pesos al comedor comunitario Los Horneritos, ubicado también en el departamento de Las Heras. Si incumple alguna de estas condiciones, la causa será reactivada.

En cuanto a Herrero, la escribana fue condenada a un año y cuatro meses de prisión condicional, es decir, sin cumplimiento efectivo, y un año de inhabilitación para ejercer su profesión.

Las fuentes judiciales consultadas señalaron que no es la primera vez que Herrero enfrenta una condena por hechos similares. Anteriormente, ya había sido encontrada culpable en otra causa vinculada a falsificación de documentación notarial, aunque no trascendieron mayores detalles sobre aquel expediente.

El caso generó malestar en el ámbito notarial y en la comunidad religiosa afectada. Desde la Asociación Civil Cristiana Bíblica, sus representantes lamentaron que la voluntad de la fallecida haya sido alterada de forma fraudulenta y expresaron su confianza en que la justicia civil termine restituyendo la propiedad a su destino original.

Mientras tanto, las autoridades judiciales confirmaron que se abrirá un nuevo expediente en el fuero civil para revisar la validez del título de propiedad actual y resolver la situación dominial del inmueble, cuya posesión sigue siendo motivo de litigio.