La ONU publicó un informe crítico sobre la situación de los niños en la Argentina

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentó un documento crítico sobre el rol del Estado argentino con relación a la situación de los niños. Con 17 páginas de extensión, el Comité de los Derechos del Niño (CRC, por las siglas en inglés), con fecha del jueves, hizo público el informe que cuestiona el DNU 70/2033 firmado por el presidente Javier Milei.

De manera puntual, enumera los cambios propuestos hacia fines del año pasado: la reducción, fusión y eliminación de ministerios, como el de las Mujeres, Géneros y Diversidad; el reemplazo de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) por la Subsecretaría de Asuntos Familiares, el cierre del INADI y la reducción en el presupuesto para políticas de género.

Así, el texto refirió a una “continua y drástica disminución” en las asignaciones presupuestarias para niños, incluyendo “desinversión en salud y educación en los últimos meses” y enumeraron entre sus principales preocupaciones a: niños con discapacidades, pertenecientes a comunidades indígenas y privados de un entorno familiar, así como el estándar de vida en el país y la administración de la justicia. Cabe destacar que el CRC usa el término “niño” para referirse, en realidad, a todos los menores de edad.

El extenso informe, además, aludió a numerosas temáticas que giran en torno a los niños como la discriminación, salud mental, situación de calle, educación, nutrición, salud mental y libertad de expresión, entre otras.

“El 57% de los niños viven en hogares que no pueden cubrir sus necesidades no alimentarias, como la ropa y el transporte”, advirtieron desde el Comité de la ONU, e indicaron que hay tasas altas de pobreza y extrema pobreza en niñas, menores de edad migrantes, con discapacidades, pertenecientes a comunidades indígenas, privados de su libertad, lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales.

Las recomendaciones de la ONU a la Argentina

Desde el Comité, a su vez, instaron a eliminar las disposiciones del Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación -comúnmente conocido como “antipiquetes”- que “restringen los derechos de los niños para participar en protestas”. A su vez, recomendaron:

1. Terminar con la restricción al lenguaje inclusivo en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires.
2. Reforzar el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA).
3. Simplificar el acceso a medidas de protección social, como la Asignación Universal por Hijo (AUH)
4. Mantener la edad mínima de imputabilidad en 16 años.
5. Expandir progresivamente los días de licencia por paternidad e incluir a trabajadores autónomos y monotributistas.
6. Asegurar el acceso a salud a niños de todas las provincias y recuperar la cobertura del calendario de vacunación, reduciendo las diferencias significativas entre jurisdicciones.
7. Elevar la edad mínima de matrimonio a 18 años. Los mayores de 16 años pueden casarse con autorización de sus padres, mientras que antes de esa edad es posible hacerlo con la autorización de un juez.
8. Terminar las restricciones al acceso a atención médica no urgente para niños migrantes sin documento de identificación.

Mortalidad infantil y violencia sexual

Algunas de las preocupaciones reportadas por el CRC son el proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad a 13 años, las “altas tasas de violencia sexual y abuso durante la infancia”, el “aumento exponencial” de los casos de uso de niños en materiales pornográficos, las tasas de suicidio y la situación de los niños con discapacidades.

Si bien valoraron los esfuerzos para disminuir la tasa de mortalidad infantil entre 2018 y 2020, aseguraron notar discrepancias respecto a los niños de comunidades indígenas. En esa línea, también se refirieron a la falta de registro de nacimientos y documentos de identidad en áreas rurales e aborígenes.

A su vez, aseguraron que la inseguridad nutricional moderada y severa ha aumentado “de forma alarmante” en los últimos años, y que la interrupción en la provisión de comida y beneficios económicos a comedores comunitarios tiene un efecto negativo en los niños.

La respuesta del Gobierno

Desde Casa Rosada, ante la consulta de Infobae, señalaron que “no se puede cambiar en nueve meses la pobreza estructural que sufre el país desde hace décadas” y destacaron que “los ingresos reales de las familias más vulnerables se reforzaron”.

En este punto, enumeraron las siguientes medidas adoptadas desde el inicio de la gestión libertaria, en diciembre de 2023: “Profundizamos las políticas de asistencia directa y la transparencia: la AUH, AUE se aumentaron un 308%; la Ayuda Escolar Anual aumentó un 548% la nómina; logramos un 137,5% para la Tarjeta Alimentar y el Plan 1000 aumentó un 1126%”.

“En diciembre del 2023, con una inflación de 30% mensual, la suma de Asignación Universal por Hijo y Tarjeta Alimentar cubría el 49% de la canasta básica alimentaria. En agosto de 2024, con una inflación de 3,9%, las prestaciones cubren el 86% de la canasta básica alimentaria”, ampliaron.

Por último, completaron: “Se atienden 4.834 comedores efectivamente registrados y en lo que va del año se incrementó un 115% el valor de la cápita de las raciones y los módulos alimentarios. Se repartieron 2.583.221 kilos de alimentos a escuelas vulnerables a través de las provincias con 23 acuerdos firmados”.