La División Antifraudes Policía Federal Argentina -que depende de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la fuerza- desarticuló una compleja organización que se dedicaba a falsificar agroquímicos de la más alta calidad para venderlos en el mercado interno y en los países limítrofes de Bolivia y Brasil, a través de presuntas maniobras de contrabando, indicaron fuentes del caso a Infobae. Hay siete sospechosos imputados.
La causa comenzó a fines del 2022, cuando apoderados de la reconocida empresa Syngenta Agro denunciaron haber tomado conocimiento de la venta de fungicidas con etiquetas falsificadas. Según trascendió, habían detectado publicaciones a través de distintas redes sociales y plataformas de pago sobre la venta de productos de esa marca.
Luego de realizar algunas compras, se pudo certificar que las etiquetas y el producto químico eran apócrifos y potencialmente dañinos para la salud.
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Poco tiempo antes, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, había recibido la denuncia de un productor agropecuario de la zona Norte de la provincia de Buenos Aires, por lo que la nueva causa recayó en su juzgado-
González Charvay delegó la investigación a la División Antifraude, especialista en delitos de violación a la ley de marcas, y la principal fuerza investigadora de la mafia china en Argentina.
Tras ocho meses de investigación, los detectives siguieron el rastro de los vendedores de productos falsos y lograron articular, con colaboración del Departamento Delitos Ambientales, una compleja investigación interprovincial, donde se llevaron a cabo tareas encubiertas en las provincias de Salta Fe, Córdoba, Catamarca, Misiones, Tucumán y Salta.
La investigación logró individualizar a los miembros de más alta jerarquía de esta organización criminal, detallaron las fuentes.
Las intervenciones sobre los teléfonos utilizados por los cabecillas permitieron obtener pruebas para desentrañar a la organización que estafaba a productores agropecuarios de todo el Mercosur, indicaron. Para desbaratar al grupo, fue vital el intercambio de información con autoridades y organismos de Bolivia y Brasil.
Los detectives sospechan que la banda incurría en otros delitos, como “Bolsa Blanca”, en cuanto a los granos, utilizando para ello galpones clandestinos; “Venta de IVA” y otros hechos que son materia de investigación.
Se presume que la organización tenía ramificaciones para comercializar los productos en el exterior, principalmente en la ciudad boliviana de Yacuiba; y en menor medida zona brasileña de la triple frontera. Justamente, Brasil es un país con complejas prohibiciones en canto a los agroquímicos y los productos herbicidas, perjudiciales para la salud y el medio ambiente.
Las sustancias eran sometidos a técnicas de rebaje o corte, para multiplicar su cantidad y lograr abultadas ganancias en divisas extranjeras, habida cuenta de que su venta ronda entre los 30 y 90 dólares el litro; o el kilogramo.
Estos productos son utilizados para prevenir o controlar cualquier plaga en la época de siembra y cosecha, con lo cual más allá de la falsificación de sus etiquetas, cualquier alteración en el contenido podría tener consecuencias graves sobre la salud y el ambiente. Al mismo tiempo, se tiene en cuanta las graves consecuencias monetarias que sufren los productores al aplicar estos falsos fungicidas, que no cumplen con los efectos prometidos.
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Respecto de los galpones clandestinos utilizados para la maniobra, ninguno cumplía con la habilitación o recaudo de seguridad e higiene, ni medidas de preservación para el medio ambiente, lo que sería un agravante por la contaminación que podría producir tanto para los sectores del campo, como para la salud de la población.
El juez ordenó los registros de los puntos detectados, procedimientos que fueron llevados por detectives de Antifraude, con la colaboración del Departamento Delitos Ambientales, ambos de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA; que contaron con la colaboración de otras cuatro delegaciones de Policía Federal, con radicación en Salvador Mazza, Salta capital, San Miguel de Tucumán y Santa Fe.
En los procedimientos se incautaron más de 1.400 litros de agroquímicos de distintas calidades, todos ellos de dudosa procedencia y con etiquetas aparentemente de fabricación casera, por lo que el material será sometido a distintas pericias.
Las fuentes estiman que el valor del producto incautado supera los $40.000.000 y, teniendo cuenta que mayoría de los productos fue secuestrado en zona fronteriza, en la localidad de Profesor Salvador Mazza, se presume que eran acopiados allí con fines de contrabando.
Según informaron las fuentes consultadas, es una investigación pionera en su tipo y siete personas fueron imputadas por Infracción a la Ley 22.362 (Marcas y Designaciones), aunque sus identidades se mantienen bajo absoluta reserva.
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