El montonero acusado de traición y condenado a muerte por sus jefes: dos disparos y arrastrado por el pavimento

Hay personajes que entran casi de costado en los libros del pasado. Se instalan sin pedir permiso y no se distinguen por sus hazañas. Nacido en Córdoba en 1949, el montonero cordobés Fernando Rubén Haymal, conocido como “Valdés” es uno de estos. Provenía de una familia humilde dedicada al rubro de la construcción. Fue testigo del “Cordobazo” de mayo de 1969 y tres años más tarde, en plena euforia de la izquierda revolucionaria contra el gobierno militar, se une a la organización Montoneros. Corrían los años del gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse y “Valdés” habrá de ser conocido dentro de la organización por su facilidad en hacer los “berretines”, escondites donde se guardaban armas, dinero y documentos. Los “berretines” o “embutes”  no habían sido ideados por Montoneros, serán los uruguayos “Tupamaros” sus creadores y el “know how” se lo transfirieron primero a los muchachos del Ejército Revolucionario del Pueblo y más tarde a los militantes que se decían peronistas. Si de construcción se habla, habrá que decir que Haymal /Valdés también participo en el levantamiento de cárceles del pueblo, imprentas clandestinas y otras obras.

Tras la asunción de Héctor J. Cámpora, el 25 de mayo de 1973, la provincia de Córdoba sobresalía en el panorama nacional de la violencia terrorista. Las autoridades de la Bolsa de Comercio, lideradas por Luciano Tagle, le solicitaron al gobernador Ricardo Obregón Cano la adopción de medidas urgentes para frenar el avance de la guerrilla que castigaba todos los días a alguna empresa industrial o de servicios, con secuestros de ejecutivos para reclamar rescate o bien robo de vehículos que transportan comestibles para repartirlos entre habitantes de barrios humildes. El desorden cordobés era imparable. Cámpora abandonó el gobierno tras 49 días de gestión siendo reemplazado por el diputado nacional Raúl Lastiri. Como resultado de las elecciones presidenciales del 23 de septiembre de 1973, asume la Presidencia de la Nación el teniente general Juan Domingo Perón. Eran tiempos difíciles y Perón había retornado a la Argentina para imponer el orden y terminar con “la infiltración marxista en el Movimiento” y las gobernaciones de Córdoba, Buenos Aires y Mendoza no estaban entre sus preferidas.

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A menos de un año de haber jurado como presidente Perón comenzaba a interferir las gestiones de estos gobernadores más afines con Montoneros que con el Presidente de la Nación. “En ese país se ha declarado una guerra santa contra un genérico marxismo que no se termina de definir”, al tiempo que adhería “a la posición asumida por el jefe de mi partido, el doctor Ricardo Balbín, porque de lo contrario serán argentinos los que se matarán entre sí”, dijo el senador radical Juan Carlos Pugliese. Ricardo Obregón Cano fue destituido a comienzos de 1974 pero será elevado a los altares por esa “melánge” de la izquierda peronista. Los años darían la razón de dónde estaba parado el dirigente cordobés al integrar, ya en el exilio, la mesa directiva del Movimiento Peronista Montonero. Fue condenado en la Causa 4230 a seis años de prisión con inhabilitación para ejercer cargos públicos “por asociación ilícita en calidad de jefe u organizador” en un fallo firmado por los camaristas Jorge Valerga Aráoz, Andrés J. D’Alessio y Guillermo Ledesma. La sentencia de 62 páginas es la historia de la organización Montoneros, sus delitos y sus crímenes. Ricardo Obregón Cano fue el primer indultado por el presidente Carlos Saúl Menem en 1989. Durante agosto de 1975 el “Sunday Telegraph” de Londres titulaba: “La Argentina, un país enamorado de la muerte con una inflación que pasó la barrera del sonido, se encamina hacia la desintegración”.

El 5 de agosto la Policía de Córdoba detiene a Haymal/Valdés y confiesa bajo tortura la dirección de una casa y un local de la organización en cuya construcción había participado. El viernes 8 de agosto, el jefe de policía de Córdoba, comisario inspector Carlos Alberto Chuox, informó sobre los detalles de los procedimientos que condujeron a la detención de 36 terroristas. Aunque Choux no lo reconoció, se supo que entre ellos estaba Marcos Osatinsky, un “oficial mayor” de Montoneros de frondoso prontuario. A la  imputación de graves delitos a la seguridad pública se le agregó el delito de cohecho: Marcos Osatinsky ofreció 100 millones de pesos a la policía “para arreglar el asunto” (para que lo dejen libre).

El lunes 8 de septiembre de 1975, la organización Montoneros fue declarada ilegal. En los medios de la época aparecerá citada con la sigla ODI (Organización Declarada Ilegal). Se le prohíbe “el adoctrinamiento, proselitismo, difusión, requerimiento de ayuda para su sostenimiento y cualquier otra actividad.” Un cálculo impreciso, difícil de establecer, suponía que Montoneros contaba entre 5000 y 10.000 combatientes y milicianos. Sus simpatizantes sumaban millares.

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Tras una severa y profunda investigación Montoneros llega a la conclusión que Fernando Haymal fue la fuente que brindo la dirección de la casa en la que fue detenido Osatinsky. Como conclusión, el 3 de septiembre de 1975, se lo condena a la pena de muerte contemplada en el Código de Justicia Revolucionario, en cuya redacción trabajaron ex miembros de las FFAA retirados. Haymal fue secuestrado cuando tomó un colectivo y es obligado a descender por dos terroristas que lo esperaban. Tras esto, es subido a un Peugeot 404 donde había dos terroristas más. Después de un recorrido, en la Alta Córdoba, se le disparan dos tiros de calibre 45. No contentos con la ejecución los Montoneros ataron sus pies a una cadena y su cuerpo fue arrastrado hasta dejarlo tirado sobre el pavimento en estado casi irreconocible.

Se lo considera el primer caso de justicia revolucionaria y Montoneros le dio amplia difusión en su revista Evita Montonera. La sentencia debía realizarse a “ser pasado por las armas en el lugar y momento en que se lo encuentre” por “traición” y “delación” y “haber causado con su delación torturas y vejámenes a más de diez compañeros” y de “haber causado la muerte del compañero Marcos Osatinsky”.

No sería el último condenado por la justicia montonera. El  sábado 4 de octubre de 1975, durante una reunión de la conducción nacional de Montoneros, Roberto Quieto solicitó alejarse de la organización por problemas políticos y personales. Se le negó la autorización y es bajado del nivel 2 al 3. Como una premonición, en esta reunión se aprueba el “Código de Justicia Revolucionaria”. El 5 de octubre se realizó el ataque al Regimiento de Formosa. En diciembre,  Quieto estaba reconsiderando la posibilidad de volver a unirse con su esposa. Ponía a los hijos como pretexto o justificación de su conducta. El jueves 28 de diciembre de 1975, Roberto Quieto concurre a la playa “La Grande” en Martínez, Buenos Aires, con 13 miembros de su familia: la madre, los hermanos, la esposa y los hijos. “Alguien” lo  reconoció y fue detenido en la playa. Al verse rodeado y apuntado por armas, Roberto Quieto exige delante de sus familiares, la identificación de los policías y ofrece identificarse él mismo (con sus documentos falsos). El diálogo se prolongó por varios minutos, durante los cuales, Quieto no realiza ningún intento de resistencia, se mantiene calmo y tranquiliza a su esposa que intenta aprovechar la presencia de bastante público. Finalmente uno de los miembros del grupo se acredita como oficial de la Policía Federal, acercan un vehículo e introducen a Quieto en el mismo. Este sólo ofrece una resistencia pasiva aferrándose a un árbol. Eran las 19.30. Frente al hecho la organización Montoneros comienza una campaña para obtener su liberación, de la que participan políticos muy conocidos del exterior. La campaña se detiene al comprobarse que lugares muy reservados de la organización comienzan a caer en manos de las FFAA. Consideran que Quieto ha producido la liberación y es severamente sancionado por traición. La sentencia no se concreto porque Roberto Quieto, tras una larga detención, nunca más fue visto.

Lo sorprendente del caso Haymal es que sus parientes cobraron del Estado una indemnización por ser considerado una víctima del terrorismo de Estado y su nombre está en el pared de la memoria levantado en el Monumento de las Víctimas del terrorismo de Estado.

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