El 2 de julio de 1976, a las 13:20, explotó una bomba en el comedor de la sede de la ex Superintendencia de Seguridad Federal, ubicada en la calle Moreno 1431 del barrio porteño de Monserrat. El ataque fue perpetrado por la agrupación Montoneros y provocó la muerte de 23 personas y dejó 110 heridos.
A 46 años del hecho, familiares de las víctimas, acompañados de organizaciones civiles, marcharon hoy para homenajear a los fallecidos y reclamar justicia.
La movilización comenzó este mediodía en la estación de subte de la línea E “Rodolfo Walsh”, en el cruce de las avenidas Entre Ríos y San Juan. En una declaración de principios, los manifestantes partieron desde el sitio que honra la memoria del hombre señalado como ideólogo del ataque. Desde allí, caminaron doce cuadras hasta el lugar del atentado, donde se realizó un acto.
Allí, los familiares respaldaron la reapertura de la causa ordenada por la Cámara Federal, para que se investigue y juzgue a los responsables. Además, solicitaron que se instalen placas recordatorias de los 23 muertos por la bomba y que se retire el nombre de Rodolfo Walsh de la estación de subte. También pidieron “que se remueva del monumento erigido en el Parque de la Memoria a los autores de este atentado”.
La marcha fue organizada por la Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas del Terrorismo y la Comisión de Homenaje a Policías y Ciudadanos Muertos por la Violencia. Contó con la adhesión de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, y la Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas del Terrorismo en la Argentina, entre otras entidades.
Bajo la consigna “El ideólogo y la masacre. Marcha contra la impunidad”, explicaron que la movilización “buscó concientizar a la ciudadanía sobre el intento de invisibilización de este y otros atentados cometidos por Montoneros y otras organizaciones armadas”.
Durante el acto frente a la repartición de la Policía Federal, se hizo sonar una sirena conmemorativa a la hora exacta del atentado y se leyó un manifiesto firmado por todas las organizaciones que participaron de la movilización. A través del documento, denunciaron que el Estado “transformó la noble causa de los derechos en mera ideología, al servicio de la construcción de un poder perverso, cimentado en la siembra de discordia, la colonización de la justicia y la confiscación de la república”.
“Hemos dejado de manifiesto cómo la clase dirigente argentina sigue pisoteando la memoria y la dignidad de las víctimas al homenajear al ideólogo de la masacre que dejó a los 23 muertos que hoy recordamos con nuestras pancartas”, dice el texto.
Y advierte: “Estamos hartos y ya no vamos a quedarnos callados ante esta afrenta repugnante. No hay ninguna razón de bien público, ninguna consideración ajustada a los intereses del país que justifique la imposición de la mentira desde el Estado, la impúdica falsificación de la historia, la repugnante transformación de asesinos y terroristas en héroes y el cruel e inhumano silenciamiento de sus víctimas inocentes”.
Por último, se anunció que la marcha se repetirá cada 2 de julio en homenaje y recordación de las víctimas.
El último jueves 9 de junio la Cámara Federal ordenó reabrir una investigación para que se analicen las responsabilidades de Montoneros en el ataque. Los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia decidieron anular la resolución de la jueza federal María Servini que en 2006 había rechazado una denuncia contra los presuntos autores del atentado por entender que no era un crimen de lesa humanidad. La Corte Suprema ratificó ese criterio. Pero algo pasó.
A finales del año pasado, un grupo de organizaciones civiles y 400 abogados se presentaron en el juzgado para pedir la reapertura de la causa y solicitar que fuese declarada imprescriptible. En febrero de 2022, además, el periodista y escritor Ceferino Reato publicó Masacre en el comedor, cuyo subtítulo es sentencia pura: “La bomba de Montoneros en la Policía Federal. El atentado más sangriento de los ‘70″. Ambas situaciones configuraron un nuevo marco para que, pocos meses después, la Sala I de la Cámara Federal anulara el fallo de una jueza que había ordenado el cierre de la denuncia por prescripción.
La denuncia señala como responsables de esa agrupación a Mario Firmenich, Marcelo Kurlat, Horacio Verbitsky, Laura Sofovich, Miguel Ángel Lauletta, Norberto A. Habegger, Lila Victoria Pastoriza, entre otros.
“Mi hermano Ernesto tenía 23 años, estaba ahorrando para comprarse un autito, era un policía de ley. Me lo mataron, me lo arrebataron y hace 46 años que lucho, no tengo miedo y ahora tengo esperanza con la reapertura de la causa para que se haga justicia”, dijo durante la marcha de este sábado Victoria Matienzo, familiar de una de las víctimas.
Juan Blanco, hijo del cajero del comedor muerto en el atentado, acotó en la misma línea: “Yo tenía 11 años y desde hace 46 espero justicia por mi papá. Exigimos que se deje de homenajear a los asesinos”.
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