“Los docentes no pueden imponer sus preferencias lingüísticas”: el gobierno porteño defendió en la justicia la prohibición del lenguaje inclusivo

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires defendió en la justicia la prohibición del lenguaje inclusivo en las escuelas y pidió que se rechace la medida cautelar para suspender esa decisión que se planteó en un amparo colectivo por considerar que la medida es discriminatoria, viola la libertad de expresión y el derecho a la identidad.

“Los usos del lenguaje en la enseñanza de la lengua en la educación no son terrenos donde los/las docentes puedan imponer sus preferencias lingüísticas particulares y que un adecuado desarrollo del lenguaje, facilita el aprendizaje, siendo éste la base del rendimiento escolar”, sostuvo la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en la presentación -a la que accedió Infobae- que hizo ante la jueza en lo contencioso administrativo y tributario Romina Lilian Tesone, a cargo de la causa.

A través de la la resolución 2022-2566 del Ministerio de Educación de la ciudad, a cargo de Soledad Acuña, el gobierno de la ciudad prohibió el uso del lenguaje inclusivo -puntualmente aquellas expresiones que incluyen la “e”, la “x” o el “@”- en las escuelas públicas y privadas de los tres niveles tanto para el aprendizaje en el aula como en la comunicación con las familias. Sostuvo que “los/as docentes deberán desarrollar las actividades de enseñanza y realizar las comunicaciones institucionales de conformidad con las reglas del idioma español, sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales para su enseñanza”.

La decisión generó críticas políticas por la prohibición de una forma de expresión generalizada en muchas personas, entre ellos alumnos como una forma de integración. “Hay que pensar que si tantos chicos y chicas usan ese lenguaje refleja otra cosa, una situación de injusticia, de machismo con las chicas y mujeres argentinas, y que si lo usan es porque entienden que es una herramienta para que eso cambie”, dijo el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk.

En la justicia se presentaron medida docenas de demandas para que la prohibición sea revocada. La primera -un amparo colectivo- la iniciaron la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT+); María Rachid, integrante de la Federación, titular del Instituto contra la Discriminación de la ciudad de Buenos Aires y ex legisladora porteña del Frente de Todos, y Mariana Gras Buscetto, profesora de la universidad nacional de La Plata y de la de Tres de Febrero.

Pidieron la inconstitucionalidad de la medida por considerarla discriminatoria, porque vulnera la libertad de expresión y el derecho a la identidad y expresión de género de docentes y estudiantes y porque el lenguaje inclusivo busca abarcar todas las identidades reconocidas por la legislación argentina que no se sienten expresadas por el género femenino o masculino.

“Les estudiantes de la Ciudad tienen derecho a aprender en la pluralidad, a saber que el lenguaje inclusivo es una posibilidad para visibilizar otras identidades y que pone en práctica la legislación en relación a género y diversidad más avanzada del mundo. Algunas personas pueden no compartirlo, no estar de acuerdo, o no sentirse cómodas utilizándolo, y nadie pretende obligarlas a usar el lenguaje inclusivo. Como tampoco la Ministra, ni ningune funcionarie, puede imponer su forma de pensar sobre el resto de la población prohibiendo una forma de comunicación que solo aporta a visibilizar a la diversidad”, señalaron en la presentación.

Antes de resolver la medida cautelar que si pidió en la causa -suspender la prohibición hasta que se resuelva si es inconstitucionalidad-, la jueza Tesone le solicitó opinión al gobierno de la ciudad que en su respuesta de 35 páginas defendió la medida.

El abogado Roque Di Biase señaló en su presentación que la pandemia del coronavirus significó un retroceso en el aprendizaje por el tiempo que los alumnos no asistieron a las escuelas. En base a estudios puso como ejemplo que muchos alumnos ingresaron a primer grado sin los hábitos que se aprenden en sala de cinco años como el uso de lápiz y cuaderno, también el desconocimiento de las vocales y la imposibilidad de escribir su nombre. En alumnos de segundo grado, más del 50 por ciento volvieron a las escuelas sin saber escribir y aproximadamente el 40 por ciento de chicas y chicos de sexto y séptimo grado tuvieron dificultades para tomar notas y en la comprensión de textos.

Ante esos datos, el gobierno sostuvo en la justicia que “resulta fundamental estudiar correctamente la gramática y la función lingüística ya que permite a los/las estudiantes mejorar el uso de la lengua en aspectos como la ortografía y la fonética” y que para eso “las/os docentes del sistema educativo cumplen un rol fundamental para la efectivización del derecho a la educación”.

“Por ende y a los fines de llevar adelante el proceso de enseñanza y aprendizaje de las/os estudiantes y en relación a la comunicación institucional, las/os docentes en el ejercicio de sus funciones deben hacer uso de las reglas del idioma español, su gramática y los lineamientos oficiales para su enseñanza, respetando la libertad de los/las estudiantes”, agregó el escrito.

Por eso todo la comunicación institucional debe ser “respetando las reglas del idioma español, sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales para su enseñanza, a los fines de favorecer los aprendizajes, a cuyo fin se agregan las guías elaboradas y ya mencionadas para una comunicación inclusiva.”

El gobierno sostuvo también que la Real Academia Española dijo que el uso de la @, la «e» y la «x» son ajenas a la morfología del español.

Sobre el pedido de suspender la prohibición del lenguaje inclusive, el gobierno dijo que el amparo colectivo es “absolutamente infundado e improcedente”, por lo que pidió que se rechace la medida cautelar.

En la causa ya habían opinado el asesor tutelar Damián Corti y la fiscal Marcela Monti que pidieron que se convoque a una audiencia de diálogo con todas las partes para escuchar sus posturas. La Fiscalía aceptó que el caso se trate como un proceso colectivo y así lo inscribió la jueza Tesone que convocó durante 10 días a todas las personas que quieran dar su opinión en el expediente.

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