Disputa judicial sobre una tradicional confitería: piden juicio para los dueños que denuncian un plan para quitársela

La confitería “Boston”, una de las más conocidas y tradicionales de la ciudad de Mar del Plata, está en medio de una disputa judicial. El fiscal Carlos Bruna pidió que sus dueños sean enviados a juicio oral por vaciar la compañía de manera fraudulenta, mientras que la defensa denuncia que son víctimas de un plan para quitarles el negocio con la complicidad del sindicato.

La Fiscalía pidió que los propietarios sean enviados a juicio por vender propiedades de la empresa “como única finalidad llegar luego a la liquidación por quiebra sin los principales activos, que fueron extraídos, como si fuera ese el verdadero objeto de la compra de acciones operada unos meses antes”. Por su parte, el abogado de los acusados, Manuel Romero Victoria, sostiene que “existen muchos elementos para sospechar que estamos frente a un nuevo caso de abuso sindical”.

La historia comienza cuando a principios de 2016 cuando Pablo Lotero y Carl Schoenfeldt -de nacionalidad austríaca- deciden comprar “Pastelera Tecomar”, dueña de la confitería “Boston”, de las más conocidas de Mar del Plata. La empresa se presenta a concurso preventivo por las deudas que arrastraba y Gabriel Norberto, como apoderado del Sindicato Trabajadores Alfajoreros Reposteros Pizzeros y Heladeros hace una denuncia penal por vaciamiento. Además, el sindicato tomó en abril de 2018 la confitería en reclamo por la falta de pago de los sueldos, lo que se extendió hasta enero de 2019 cuando fueron desalojados por orden judicial.

El fiscal Bruna sostuvo en su elevación que la empresa vendió tres de sus inmuebles: se desconoció el comprador y el importe de las operaciones -una se hizo por 500 mil dólares- y no informada en el concurso preventivo. Para la fiscalía así “hicieron desaparecer los bienes que integraban el patrimonio de la firma como prenda común de los acreedores, y a su vez frustraron de esta manera las obligaciones emergentes de los expedientes laborales que fueran oportunamente entablados en su contra”.

“Dicha circunstancia permite presumir que esa era la intención de los nuevos adquirentes de la firma: despojarla de sus principales bienes a fin de que la sociedad quede sin respaldo patrimonial, y sin los inmuebles sobre los que desarrollaba la actividad, para concursarla y encaminarse a una liquidación falencial”, agregó y señaló que la venta de los activos “no se enmarca en un plan de negocios, no existe razón explicitada por la que se decida liquidar los últimos inmuebles sociales, no indica ni es materia de debate los valores mínimos establecidos, no se adjuntan tasaciones de martilleros ni se hace referencia a su existencia”.

La Fiscalía pidió que Loreto, su hermano Juan Manuel, Schönfeldt y Anton Schönfeldt sean enviados a juicio oral por los delitos de quiebra fraudulenta, defraudación agravada por vaciamiento de empresa, e insolvencia fraudulenta.

Los acusados negaron las imputaciones, rechazaron ser enviados a juicio oral y pidieron ser sobreseídos. “Con la venta de los inmuebles cuestionados ni se los sustrajo ni se causó perjuicio alguno a la masa de acreedores de Pastelera Tecomar, pues cada peso que cobró de dichas operaciones comerciales, fueron reaplicados para el giro comercial de la citada empresa”, sostuvo el abogado Romero Victorica en su presentación. “Nuestros defendidos compraron la firma e invirtieron fondos para mejorar la empresa y hacerla crecer, no para quebrarla”, agregó.

En diálogo con Infobae, el abogado sostuvo que los nuevos dueños invirtieron USD 1.200.000 en la confitería a pesar de lo cual “los separaron de la administración de la empresa a favor de la sindicatura concursal para que la siga explotando ésta, a menos de un año de haber solicitado voluntariamente su concurso preventivo y en pleno período de exclusividad -el plazo que tienen los administradores para poder negociar un acuerdo con los acreedores- pese a que presentaron una razonable propuesta de pago, que por supuesto fue rechazada casi de forma instantánea”.

“Si a esto sumamos que el accionar de los Sindicatos denunciantes están vinculados con escraches y toma de los locales por parte de los empleados, tal como surge de una investigación periodística local a través de la cual también pudo saberse que la mercadería que se comercializaba en los locales tomados (mientras la verdadera Boston intentaba subsistir con el único local que le habían dejado) provenía, de una fabrica clandestina vinculada con la Sra. Todorof, cabeza de uno de los dos sindicatos”, denunció Romero Victorica.

El abogado señaló que “de una fina lectura del expediente de la quiebra de Pastelera Tecomar S.A y de la investigación llevada adelante en sede penal, surge que todo pareciera ´encaminado´ desde un principio como parte de ´un plan´ a quitarles la empresa y el negocio”.

“No existe hecho delictivo alguno y la Fiscalía escogió prueba de manera evidentemente arbitraria y de forma parcial, tergiversando la realidad de los hechos y sin valorar la escasa prueba que se nos permitió producir, la que justamente desvirtúa contablemente lo aseverado por la acusación pública y acredita que nuestros asistidos invirtieron en la firma quebrada más de 1.200.000 de dólares”, concluyó.

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