
A poco más de un año de los terribles incendios que arrasaron con pueblos enteros en Chubut y Río Negro, las llamas vuelven a ser el foco de la atención informativa. Esta vez es Corrientes, una de las provincias de la Mesopotamia, que vive un verdadero desastre ecológico.
Las imágenes impactan: víboras disecadas, yacarés que le escapan a las llamas, bomberos voluntarios que hace más de un mes trabajan sin descanso y no logran contener la catástrofe. Son la imagen de la impotencia, de la falta de planificación, de la falta de prevención y de los nuevos escenarios que la crisis climática transmuta en cotidianos.
Las autoridades provinciales y nacionales estaban alertadas de que esto podía ocurrir. Y las advertencias llegaron de diferentes sectores: el reporte mensual que elabora el Plan Nacional de Manejo del Fuego mostraba a Concordia como un polvorín que se podía encender con sólo acercar una colilla. El INTA presentó datos señalando que la bajante histórica del Paraná y la seca que lleva tres años podían provocar en Corrientes este ecocidio. También el Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre el efecto que La Niña, aunque débil, en un contexto de crisis climática, provoca en esta zona. Misiones, donde están las Cataratas del Iguazú, tuvo que declarar la emergencia hídrica.
¿Por qué entonces no se pudo evitar este desastre que sigue descontrolado?
“El problema es que el diagnóstico, en el que todos coincidimos, es de tal nivel de profundidad y de adversidad que nos damos cuenta de que es bastante difícil poder tener una respuesta asequible. La situación es muy delicada, pero antes del fuego habría que evaluar las consecuencias y calamidades que provoca el cambio climático que hará que estos fenómenos sean algo frecuente en los próximos años. Los Esteros del Iberá hoy literalmente no existen, todo ese espacio anfibio es tierra. Y esa tierra se está prendiendo fuego”, explicó a Infobae Sergio Federovisky, viceministro de Ambiente de la Nación.

La falta de precipitaciones, las altas temperaturas y la sequía prolongada que sufre el litoral argentino desde hace más de dos años generaron estas condiciones que hacen que la vegetación baja, sin humedad se transforma virtualmente en un papel. Cualquier chispa puede crear una tragedia.
Manuel Jaramillo, ingeniero forestal y director ejecutivo de la Fundación Vida Silvestre Argentina, advierte que esta situación será cada vez más frecuente, tal como lo indican los científicos. “Los megafuegos van a ser la moneda corriente. Se están quemando áreas que no se quemaban. Por eso la acción de las provincias que son las responsables de su administración pero también de la prevención y planificación, y de la Nación para prevenir estos fenómenos es central. Ya con el incendio desarrollado todo es mucho más difícil”, indicó.
“Aquí toma relevancia la importancia de invertir en prevención de los incendios forestales ya que estudios internacionales indican que por cada 8 dólares invertidos en este aspecto, pueden ahorrarse hasta 100 dólares en logística de control de incendios, a la vez que se evitan los enormes impactos ambientales y sociales que estamos viendo. Con los fuegos declarados los brigadistas deben contar con los recursos logísticos y operativos necesarios y disponer de los medios terrestres y aéreos acordes para controlar los incendios”, agregó Jaramillo.

“Desbordado”
El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, pidió ayuda al gobierno nacional y a otras provincias: “Esto está desbordado. Es un infierno. Hoy tenemos doce aviones hidrantes, tres helicópteros, dos que manda la provincia de Buenos Aires, Defensa Civil, Bomberos y así y todo no da abasto. Desde que comenzaron los incendios, a mediados de enero, tenemos 7 mil focos. Imaginen lo que es”.
Las imágenes son dantescas. “Esto cambió el juego. Las estrategias de prevención cambian a partir de esto en un contexto de cambio climático. El Estado, tanto provincial como nacional, tienen su parte de responsabilidad y la lección es que se requiere un cambio central en la planificación territorial. Ya nada será igual. El tema es tomar muy en serio cómo planificar todo: la producción, la infraestructura, los caminos, las acciones de prevención. Hoy una colilla en Corrientes hace un desastre”, dijo Emiliano Ezcurra, director de la Fundación Banco de Bosques.
Cuando se habla de ordenamiento territorial hay que hablar, necesariamente, de la organización y del control de las actividades productivas. El último informe técnico de la Estación Experimental Corrientes del INTA sobre la evolución de las áreas quemadas señaló que la superficie quemada hasta el jueves pasado, ascendía a 785.238 hectáreas. El estudio determinó además que “el ritmo de progresión del fuego entre el 7 y el 16 de febrero, fue de casi 30 mil hectáreas diarias”.
“En valores absolutos, la cobertura vegetal más afectada son los esteros (y otros bañados) donde se duplicó el área, pasando de 124 mil hectáreas a más de 245 mil”, señala el estudio realizado por los técnicos: Griselda Saucedo, Ruth Perucca y Ditmar Kurtz.

La evidencia satelital señala que los incendios consumieron 408.846 mil hectáreas de malezales, esteros y otros bañados; 31.265 hectáreas de bosques cultivados y más de 28 mil de bosques nativos.
Según Federovisky, todos estos datos no hacen más que confirmar la excepcionalidad del evento: “Estamos ante una situación que no ocurrió nunca. Del total de hectáreas que se quemaron hasta el momento cerca del 90% corresponde a vegetación baja, sólo entre el 5 y el 10% corresponde a forestaciones y vegetación alta nativa (bosque). Esto demuestra que lo que se está quemando es el humedal. Es el elemento distintivo”.
¿Esto significa que la plantación de exóticas como pinos y eucaliptos para producción de celulosa no es protagonista como lo fue en la Patagonia?
“El impacto negativo de las forestaciones exóticas no está mensurado seriamente en la Argentina y como resultado de ella la aparición de fuego. Cada pino, cada eucalipto absorbe entre 300 y 500 litros de agua por día, van succionando el humedal. Pero este es un país federal y cada provincia tiene que establecer las prioridades y las políticas en su territorio”, respondió el viceministro.
¿Recursos insuficientes?
“Como política de estado en la emergencia lo principal hoy es evitar que aparezca fuego, el escenario es tan adverso que no hay otra forma. Eso es crucial, las provincias hoy tienen que perseguir, vigilar al que prende fuego porque, aunque no sea intencional, se transforma en un acto criminal. El gobierno anterior dejó descuartizado el Plan de Manejo de Fuego, lo que necesitamos y en lo que estamos trabajando es que esto se transforme en una política de Estado, porque si no reproduce de un gobierno a otro gobierno nunca se va a estar preparado para afrontar estas situaciones”, dijo el funcionario nacional.

Respecto de los recursos con los que se combate el fuego, Federovisky indicó que se está enviando a Corrientes toda la ayuda con la que se cuenta. Ayer sumaron camiones hidrantes que tienen un mayor alcance, que se complementa con los brigadistas y aviones que ya están en el territorio. Además de la provincia de Buenos Aires también se sumó Córdoba al equipo de coordinación.
“No quiero que suene a excusa, pero no sólo es una cuestión de dinero. Si la solución fuese la acumulación lisa y llana de recursos no habría incendios en California. Estamos ante una situación en la cual los recursos no determinan la posibilidad de éxito. Eso no significa que no se pueda mejorar la coordinación y evitar que la burocracia que retrase ayudas. Estamos en una situación que desborda a los estados. En este sentido no es una buena lectura o correcta interpretar que la sola aparición del fuego es el fracaso de una gestión. Hay que analizar por qué los fuegos siguen apareciendo a pesar de los esfuerzos que hacen los estados”, señaló Federovisky.
Ley de humedales
Ante la multiplicación de incendios forestales las ONGs advierten sobre la importancia de una ley que proteja los humedales, como los Esteros del Iberá, que son los verdaderos reguladores del agua en los territorios. “Una ley de humedales ayudaría a frenar y revertir la transformación de estos ecosistemas y permitiría adoptar buenas prácticas productivas adecuadas a cada región, que no solo detengan la degradación, sino que impulsen la restauración y la recuperación de la biodiversidad, central para el desarrollo de nuestro país”, advirtió Jaramillo. Este año, por tercera vez en una década, perdió estado parlamentario un intento para conseguir esa norma.

“El cambio climático no es una entelequia, es un proceso que está ocurriendo desde hace varias décadas y empieza a tener consecuencias palpables. Cuando se evalúa una ley de humedales, la política no puede apuntar apenas a su protección sino a garantizar que los servicios que presta el humedal sigan vigentes. Por ejemplo, volver a discutir seriamente qué volumen de forestaciones soporta este ecosistema, porque sabemos que esas zonas absorben el agua que tiene el humedal”, señaló Federovisky.
Ahora bien, esta posición no es uniforme dentro del gobierno nacional. Incluso dentro de Ambiente que, por ejemplo, primero rechazó la exploración de nuevas zonas offshore en la costa bonaerense y ahora encabeza la apelación de la medida que había suspendido la política.
En el Congreso, la situación tampoco es diferente. Ezcurra sostuvo: “Hay una externalidad para la industria del petróleo y los desmontes, esto es la cuenta que hay que pasarles a quienes generaron el cambio climático. Para el Congreso también. Hay diputados, incluso hoy, negacionistas del cambio climático. Si lo decimos queda todo en el síntoma y no se visibiliza la verdadera causa de la enfermedad”.
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