La Justicia imputó a cuatro funcionarios por el caso del padre que no pudo ver a su hija enferma antes de morir debido a la cuarentena

Fue una de las historias más tristes del estricto confinamiento del año pasado: la de Pablo Musse, el hombre que no pudo ver a su hija Solange -enferma de cáncer- antes de morir a raíz de las restricciones impuestas durante la cuarentena. Nueves meses más tarde, la Justicia imputó a cuatro funcionarios.

Solange Musse falleció el viernes 21 de agosto de 2020, luego de una larga lucha contra el cáncer de mama. La joven vivía en Alta Gracia y esperó hasta sus últimas horas por un abrazo de su papá. Él viajó desde Plottier, en Neuquén, donde vive, consciente de que podría ser el último encuentro con su hija, pero las autoridades le negaron el ingreso a Córdoba por no poseer un hisopado con resultado negativo de COVID-19 y lo obligaron a volver.

La autorización llegó varios días más tarde, mediante un recurso de amparo. Pero ya era tarde, Solange había muerto y el acceso al distrito terminó siendo para organizar el sepelio con el entorno familiar más cercano.

El punto del conflicto se originó en el límite provincial entre La Pampa y Córdoba, en el puesto caminero próximo a Huinca Renancó. Allí fue donde se le impidió el ingreso a Musse, que había viajado desde Neuquén para ver a su hija luego de estar cinco meses separados a raíz de la cuarentena.

Mientras tanto Solange se encontraba en una casa alquilada en Alta Gracia con respirador, asistencia y acompañamiento médico. Finalmente la joven no pudo tener el abrazo de su padre antes de morir. El caso cobró trascendencia luego de que el hombre denunciara en los medios todo lo que había padecido para intentar entrar a Córdoba.

Confesó que nunca tuvo síntomas compatibles con COVID-19 ni se había contagiado, y que al llegar al control de Huinca Renancó fue sometido a dos test que decían que habían dado positivo. Sin embargo, al regresar a Neuquén se realizó otra prueba que dio negativo.

Pablo Musse trasladó la denuncia a la Justicia luego de la muerte de su hija de 35 años y este jueves la fiscal federal de Río Cuarto, Alicia Viviana Cena, dictó la imputación a cuatro personas por violación de los deberes de funcionario público y por abuso de autoridad.

Los imputados son un sargento primero de la Policía Caminera, con base en la localidad de Huinca Renancó, dos médicos del COE (dependiente del Ministerio de Salud provincial) y una trabajadora social en esa órbita, quienes fueron llamados a declaración indagatoria.

Musse está representado legalmente por el abogado Carlos Nayi, a través de quien la familia hizo otra denuncia pero contra el Estado Nacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la presunta violación de las garantías nacionales e internacionales, y solicitaron al gobierno de Alberto Fernández que suspendiera las restricciones a la “libertad ambulatoria”.

Luego de la muerta de Solange, Pablo Musse escribió una dura carta contra el Presidente de la Nación. “Usted y el gobierno de Córdoba le quitaron la libertad y sus derechos a mi hija Solange, derechos básicos universales de cualquier persona en sus últimos momentos de su vida. Pidió verme antes de su partida, pero no se lo permitieron. No solo eso, sino que a mí y a mi cuñada Paola Oviedo, con discapacidades diferentes, nos trataron como terroristas, escoltados por la policía de cuatro provincias un trayecto de 900 kilómetros”, reclamó Pablo en el texto que publicó en su cuenta de Facebook.

“Usted los domingos almuerza con la gente que quiere, mi hija el domingo 16/08 no pudo almorzar conmigo, ¿que ironía no? Usted sí, mi hija no. Lamentablemente no vi ni escuche declaraciones de los derechos humanos, violaron el código penal 248, tampoco vi ni escuche al INADI, por maltrato a una persona con capacidades diferentes”, cuestionó Musse.

“Las últimas palabras de mi hija fueron ‘hasta el último suspiro tengo mis derechos’. Que estas palabras tal vez le lleguen al corazón, si es que lo tiene”, concluyó sus palabras hacia Alberto Fernández.

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