La palabra de la joven que fue violada por un grupo de hombres en Chubut: “Necesito cerrar porque necesito seguir viviendo”

Como estaba previsto, esta mañana tuvo lugar la audiencia que encabezó el juez de Garantías Marcelo Nieto Di Biase, en la que participaron los imputados de haber abusado de una menor de 16 años en Chubut (Ezequiel Quintana, Leandro del Villar y Luciano Mallemaci) y sus abogados defensores; un psicólogo especializado en victimología; la denunciante y su terapeuta; y el fiscal Fernando Rivarola.

Finalmente, las partes ratificaron el acuerdo de juicio abreviado que tomará estado público en los próximos días.

Debido a la notoriedad que cobró el caso, tanto a nivel político como en la comunidad de las organizaciones civiles, el Ministerio Público Fiscal de Chubut brindó algunas precisiones del accionar de la Justicia. Según indicaron desde su página web, la joven manifestó que está totalmente conforme con el acuerdo y que fue aliviador, porque le permitió dar un cierre definitivo a este hecho. “Necesito cerrarlo porque necesito seguir viviendo”, sostuvo.

Además, contó que cuando comenzó la causa, el fiscal Fernando Rivarola le explicó que iba a investigar hasta donde ella aceptara y que cuando no quisiera seguir se lo informara. “El Fiscal siempre me mantuvo al tanto de cada una de las pruebas que se iban recolectando y me explicaba cuan valiosas eran o no. Nunca me sentí presionada”, dijo la chica ante el juez.

De acuerdo con su terapeuta, quien la atiende desde 2015, la joven se encontró en posición de “sujeto activo” capaz de tomar decisiones en torno a este proceso judicial. “Tiene un fuerte deseo de sanar a partir de que los imputados reconozcan que este hecho sucedió y que ellos fueron partícipes”, explicó la licenciada en Psicología y contó que, tras el acuerdo de juicio abreviado, su paciente sintió “una inmensa tranquilidad” y “empezó a retomar su vida cotidiana”.

Acerca de la decisión de la joven de no querer afrontar un juicio oral, la fiscal Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), sostiene que es importante que las víctimas tengan un rol activo en la toma de decisiones ya que es parte del ejercicio de sus derechos.

“En los delitos sexuales y de género esto tiene una particular importancia porque todavía estamos frente a un escenario donde el sistema de la Justicia responde de manera revictimizante y expulsiva con las mujeres y con las víctimas de delito. Las hacen atravesar situaciones incómodas, sometiéndolas a tests psiquiátricos, dudando de su palabra y, a veces, el camino se vuelve arduo y sinuoso y no todas quieren atravesarlo”, explica la fiscal Labozzetta a Infobae.

En sintonía con ella, la abogada feminista Sabrina Cartabia sostiene que un juicio oral es revictimizante (“Muchas veces, las mujeres pasan a ser las que están en el banquillo de los acusados”) y hace hincapié en que las alternativas a esa instancia son tan válidas como necesarias.

"Lo que se demostró con este caso es que es clave preguntarse qué es lo que necesitan las víctimas. La mayoría de las mujeres que denuncian delitos de violencia de género no quieren que los victimarios vayan presos, sino que buscan un reconocimiento de lo que les pasó o poder hablar libremente del tema sin miedo a que les hagan un juicio. Cuestiones que, muchas veces, el sistema penal no contempla”, apunta la letrada en diálogo con este medio.

Para Natalia Gherardi, abogada y directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), este juicio abreviado responde a lo que la adolescente quería de la Justicia. “Enfrentar un juicio oral para una mujer que atravesó una situación de violencia sexual no es gratuito. ¿Por qué? Porque implica enfrentarte a los agresores y a los interrogatorios y eso tiene sus consecuencias. Si ella decide que no es lo que quiere, merece ser escuchada. ¿Quiénes somos nosotros para decir si esa chica decidió bien o mal?”, reflexiona.

Por otro lado, Gherardi pone en duda la utilización del término “víctima”. “Fue víctima de un delito, pero eso no la define. No me parece bien que en nombre de la Justicia se le quite ese lugar de autonomía desde el cual, si es que tiene suficiente acompañamiento y las herramientas para procesar lo que quiere para sí misma, ella decida lo que quiere", apunta.

El debate por el término “desahogo sexual”

En su dictamen, el fiscal Fernando Rivarola modificó la calificación legal de “abuso con acceso carnal” por la de “abuso sexual simple, agravado por la participación de dos o más personas”, y argumentó el pedido de juicio abreviado utilizando la definición “accionar doloso de desahogo sexual”. Según se explicó, la modificación de la calificación legal se debió a la falta de pruebas en el expediente, la dificultad de probar una violación siete años después y la decisión de la adolescente a no “exponerse” en un juicio oral.

De acuerdo con lo expuesto por la terapeuta de la adolescente, cuando la resolución de Rivarola cobró status público, la joven volvió a sentirse una víctima. “El caso reapareció en las redes sociales y la televisión sin su consentimiento”, dijo la licenciada en psicología.

Según Natalia Gherardi, la velocidad de las redes sociales atentó contra la posibilidad de reflexión y de escucha. “Se armó una gran marea alrededor de la frase de ‘Desahogo sexual’, que generó estupor, pero no se leyó más allá. Según se consignaba, y ahora se refuerza, esto es lo que esta joven estaba dispuesta y quería de la Justicia”, explica la directora de ELA.

Para Mariela Labozzetta y Sabrina Cartabia el mensaje que se trasladó fue un retroceso en términos de los avances que se vienen haciendo durante los últimos años para incorporar una mirada de género en el sistema de Justicia.

“Creo que el lenguaje es reflejo de la realidad y, al mismo tiempo, genera realidad. El Ministerio Público Fiscal de Chubut sostuvo que el término ‘Desahogo sexual’ era correcto, como si el uso de la expresión fuera un problema de los que no entienden Derecho, cuando en verdad el problema es su falta de perspectiva de género”, advierte Cartabia.

“Más allá de que este término está en la doctrina jurídica no se puede seguir usando porque es seguir perpetrando un estado de cosas que ya no existe, es naturalizar la violencia sexual como si fuera una necesidad biológica”, concluye Labozzetta.

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