En las últimas horas se confirmó el primer caso positivo de coronavirus en el Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial Borda, del barrio porteño de Barracas.
Según indicaron fuentes del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires a Infobae, se trata de un paciente de 56 años que ya fue derivado al Hospital Penna. El caso generó alarma y las autoridades porteñas aseguraron que ya se puso en marcha un estudio epidemiológico para conocer si existen otros contagios.
Se trata, además, del primer caso en este tipo de centros de salud donde la situación, al igual que en el caso de los geriátricos, es compleja. Los pacientes cumplimentan un encierro estricto pero los trabajadores esenciales no y se transforman en vectores de contagio.
En un comunicado difundido a mediados de abril, el Órgano de Revisión Nacional de Salud Mental (ORN) -creado por la ley Nacional de Salud Mental (N° 26.657)- manifestó su preocupación acerca de la situación de las personas internadas por este tipo de patologías, por lo que consideró urgente garantizar el cumplimiento de los protocolos para prevenir contagios por coronavirus de los trabajadores y profesionales de esos establecimientos.
También manifestaron su preocupación, en el contexto de la cuarentena obligatoria, por el “cumplimiento de la garantía del derecho a comunicarse de las personas internadas con sus familiares, con profesionales, con los/as defensores/as y con el Órgano de Revisión” y respecto de la realización de testeos y dispositivos de control dentro de los establecimientos de salud mental, hasta que se determine la existencia o no de una infección.
“Las personas internadas por períodos prolongados e institucionalizadas son consideradas un grupo en alto riesgo físico y psicosocial, ya que constituyen un grupo de población vulnerable que presenta un mayor riesgo de desenlaces adversos e infecciones al convivir en estrecha proximidad con otras personas", expresó María Graciela Iglesias, secretaria ejecutiva del ORN a la agencia Télam. "De ahí que es imprescindible adoptar precauciones especiales para proteger a sus residentes y sus trabajadores”.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también expresó su preocupación en torno a esta población que, señalaron, integran en su mayoría mayores de 65 años, tienen patologías previas (predominantemente diabetes, hipertensión y enfermedades respiratorias), y consumen altas dosis de medicación psicofarmacológica. “Dicho de otro modo, las internaciones crónicas son las causantes de que estas personas sean consideradas grupo de riesgo”, manifestaron.
También señalaron que en el Borda hay faltante de equipos de protección para los trabajadores e insumos para evitar el contagio, ausencia de controles, deterioro en los tratamientos y falta de comunicación de los residentes. “Lejos de cumplirse el plazo planteado por la Ley Nacional de Salud Mental para el cierre definitivo de los hospitales psiquiátricos y su sustitución por ámbitos de atención en la comunidad, la situación descrita muestra graves vulneraciones al derecho a la salud y mayor precarización de la vida”, indicaron.
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