Las organizaciones pro-vida, lideradas por la Fundación Más Vida, que recientemente presentó una denuncia penal contra las diputadas nacionales Silvia Lospennato y Karina Banfi, entre otras, por incitación a la violencia y a cometer “crímenes de odio” en ocasión de su participación en los cánticos que referían que si no se aprobaba el aborto “cortarían rutas y quemarían la catedral”, convocaron a una movilización al Congreso mañana viernes para impugnar una designación en la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes.
La movilización a las puertas del Parlamento es para solicitar a los senadores que rechacen la postulación de Marisa Graham como candidata a ocupar ese cargo.
Según denunciaron, Graham –aguerrida militante del “pañuelo verde”– manifestó que solo defendería a los niños en etapa de gestación cuyos embarazos “quieran ser llevados a término”, motivando el repudio generalizado de las asociaciones pro-vida.
Las asociaciones “celestes” presentaron una batería de recursos judiciales impugnando su candidatura, considerándola “inhábil para ejercer dicho cargo” además de denunciarla por “discriminación” entre niños deseados y no deseados.
En este sentido, las organizaciones recordaron que la postulación de Graham –para ocupar un cargo que lleva vacante 13 años– ha atravesado un sinfín de complicaciones, que derivaron en tres intentos de tratamiento en la Cámara Alta rechazada por sus integrantes que no dieron quórum, impugnaciones administrativas y judiciales, y el vencimiento del plazo establecido para su nombramiento, lo que motivó una nueva interpretación del reglamento del Senado respecto del cómputo de plazos.
Al respecto, el doctor Raúl Magnasco, presidente de la Fundación informó: “Ya hemos realizado un sinnúmero de manifestaciones y presentaciones judiciales en torno a la causa Graham, y lo seguiremos haciendo hasta las últimas consecuencias de ser necesario”.
“Todo el mundo sabe que su postulación está viciada y que ella misma está inhabilitada para asumir tan importante cargo, no solo por el vencimiento de los plazos, sino por su misma confesión sobre cómo discriminaría y no defendería a los más vulnerables”, añadió.
Magnasco afirmó que desde su organización buscan “un defensor que defienda a todos, sin discriminar a nadie” y apelan “al criterio de los senadores para que obren conforme a derecho”.
“La presión de la calle en este tema es muy fuerte y pretendemos que se respete la voluntad del pueblo”, concluyó.
Sancionada en 2005, la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes establecía la necesidad de designar al Defensor dentro de los primeros 90 días de haber entrado en efecto.
Sin embargo, durante 13 años no se tomó ninguna medida al respecto. Fue en 2017 que el colectivo de organizaciones no gubernamentales Infancia en Deuda reactivó la elección llevando el tema a la Justicia. Como resultado de sus esfuerzos se creó la Comisión Bicameral que designó a Graham en abril de 2019.
En concreto, esta figura tiene entre sus tareas monitorear las políticas públicas en materia de infancia y velar por el cumplimiento de los derechos que el Estado tiene que garantizar. La figura del Defensor es un organismo independiente del Poder Ejecutivo.
La convocatoria de las organizaciones pro-vida está fijada a partir de las 14 y según los organizadores se quedarán allí hasta el final de la sesión, que podría darse en las últimas horas del día.
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