La historia de la ciudadana china que llegó hasta la Corte Suprema para ser reconocida como argentina

“Estoy muy contenta”, les dijo Liu Cairong en español a sus abogados apenas recibió la noticia. La llamada le avisaba lo que tanto esperaba: que la Corte Suprema de Justicia acaba de darle la razón en su pelea por convertirse en argentina.

Liu Cairong tiene 43 años. Nació en China, pero decidió irse. A su familia le explicó que se iba al sur de América en búsqueda de "prosperidad y bienestar”. Eligió Argentina. Explicó que había averiguado que aquí los extranjeros eran bienvenidos y se respetaban los derechos a las mujeres.

Se instaló en Junín y puso un supermercado en la calle Benito de Miguel, de esa ciudad. Se dio cuenta que su nombre era demasiado difícil y decidió llamarse “Ana”. Después de dos años fue a la Justicia para pedir la ciudadanía argentina. El juez federal de Junín, Hector Plou, le otorgó el aval. Pero el fiscal apeló: es que la mujer no hablaba español, dijo. “Estaba nerviosa, no es que no las supiera. Determinaron que no sabía español en función de esas dos preguntas”, se quejó ante Infobae el abogado Germán Pérez, representante de la mujer.

Cuando los jueces de la Cámara Federal de La Plata estudiaron el caso, le negaron la posibilidad de nacionalizarse. ¿Por qué, si la ley no obliga a los extranjeros que quieren tener la ciudadanía a hablar español? Es que en ese fallo se entendió que, aunque no fuese un requisito clave, la imposibilidad de hablar el idioma local le impediría ejercer derechos, como el voto.

Según se explicó, el conocimiento del idioma nacional constituye una exigencia implícita porque resulta imprescindible para el ejercicio de los derechos políticos. Y aludió a un fallo de la Corte en donde se sostenía que "la circunstancia de que un requisito no esté expresamente incluido en la ley no es óbice para que sea exigido si se trata de una condición indudablemente inherente a la naturaleza del derecho cuyo otorgamiento está en tela de juicio".

Sin embargo, los representantes legales de “Ana” apelaron porque los únicos requisitos que establece el artículo 2 de la ley 346 de Ciudadanía y Naturalización es que los extranjeros mayores de 18 años, que residan en la República dos años continuos y manifestasen ante los jueces federales de sección su voluntad de serlo pueden ser naturalizados.

Pusieron como ejemplo un fallo de la Corte de 1949 en donde un inmigrante brasileño llamado Cayetano Jiménez Gutiérrez pedía ser naturalizado. Hacía 20 años que vivía en el país, tenía dos hijos nacidos aquí, pero como no sabía firmar, determinaron que era analfabeto y por lo tanto no podían reconocerlo argentino. Un juez de Mendoza aseguró que “el alto honor que significa la ciudadanía argentina sólo puede ser conferido a quien reúne además de conducta y moralidad intachable es el mínimo de cultura que suponen los conocimientos primarios de escritura y lectura”. Pero la Cámara Federal de Mendoza primero y luego Corte Suprema rechazó esa interpretación y le dieron la ciudananía: no sólo dijeron que “sería por lo menos temerario atribuir deficiencia moral” a un analfabeto “por el hecho de serlo” sino que el fallo afirmó que reclamar saber leer y escribir para convertir a un inmigrante en argentino “trascendería los límites de la función propia de los jueces”.

En 2017, un dictamen de Víctor Abramovich de la Procuración General dio la razón a “Ana” analizando toda la jurisprudencia. "Mal podría entenderse que el conocimiento del idioma nacional constituye un requisito implícito para ser ciudadano argentino”, dijo.

Lo curioso es que el razonamiento sobre la ciudadanía de “Ana” cruzó la historia de la Argentina. La ley que permite a un extranjero nacionalizarse es la numero 346, bajo la presidencia de Domingo Sarmiento. Allí no se pedía ningún requisito para saber idioma si un inmigrante quería acceder a la ciudadanía. Durante la dictadura, sin embargo, esa norma fue sustituida por la ley 21.795 que reclamaba que el extranjero que quería la ciudadanía debía poder “expresarse en forma inteligible en el idioma nacional”. La democracia, sin embargo, derogó esa ley de facto porque era discriminatoria y “persecutoria” para “los extranjeros deseosos de naturalizarse argentinos y de incorporarse plenamente a la comunidad”. Fue así que el Congreso devolvió la vigencia a la ley original.

“La condición de ciudadano argentino no es un privilegio que otorga la ley ni la justicia, sino un estado que involucra derechos y consiguientes compromisos. Bajo este prisma, tampoco resulta plausible el argumento de que el dominio del idioma nacional es una condición imprescindible para ejercer los derechos políticos”, dijo Abramovich, en su rol de representación de los fiscales. “Si la vara de la ciudadanía se expresa en el derecho al voto basta señalar que la normativa electoral no establece este recaudo para ejercer derechos electorales activos ni pasivos, ni mucho menos controles o exámenes de dominio del idioma como barrera para la participación en los comicios”.

Hace dos semanas, la Corte Suprema decidió darle la razón a “Ana”. “Carece de sustento la afirmación según la cual el conocimiento elemental del idioma nacional resultaría una condición imprescindible para el ejercicio de los derechos políticos, pues no es evidente que la falta de ese conocimiento constituya en la actualidad una barrera que impida a todo extranjero residente en el país acceder a la información necesaria para ejercer diligentemente su derecho a votar”, sostuvo la Corte. “La valoración del grado de dificultad en .que pueda hallarse un extranjero que no conoce el idioma castellano, así como la conveniencia de establecer dicha exigencia y determinar sus alcances, son aspectos que escapan al escrutinio judicial para ingresar dentro de un ámbito de exclusiva discrecionalidad del legislador”, dijeron los jueces Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz.

En un voto propio, Rosenkrantz, presidente de la Corte, acotó que "la valoración de si el conocimiento del idioma nacional resulta una condición imprescindible para el ejercicio de los derechos políticos es una cuestión de mérito o conveniencia que escapa al escrutinio judicial".

Con el fallo de la Corte, se sienta un precedente clave para los inmigrantes que, sin dominar el idioma local, busquen nacionalizarse. Para Ana, eso ya no es un problema. Habla mejor español de lo que pensó el fiscal cuando rechazó su pedido de ciudadanía, aunque eso ya poco importe.