Sobrevivientes de los abusos sexuales en el Instituto Próvolo de Mendoza viajarán a Roma e intentarán ser recibidos por el Papa

Más de catorce años tuvieron que pasar desde que comenzaron los ataques sexuales y las torturas contra 11 niños y adolescentes sordomudos en el Instituto Antonio Próvolo de Luján de Cuyo, en Mendoza, para que el pasado 25 de noviembre las víctimas tuvieran el consuelo de una sentencia contra los abusadores. Ahora, los sobrevivientes a esos delitos aberrantes y los abogados querellantes Sergio Salinas y Lucas Lecour (de la ONG Xumek, que los patrocinó) presentarán un informe contra el Vaticano -al que acusan de encubrimiento- en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. La invitación les fue cursada por la ECA Ending Clergy Abuse, una organización internacional que lucha por el fin del abuso eclesiástico en el mundo.

El viaje tendrá lugar entre el 14 y el 22 de febrero próximo y la delegación, en nombre de todos los abusados, mantendrá encuentros con diversos organismos y ONG's internacionales, como el Comité contra la Tortura (CAT, según su sigla en inglés) y el Comité de los Derechos del Niño.

Luego se trasladarán a Roma, Italia, donde se reunirán con víctimas y sobrevivientes que sufrieron los mismos delitos en Verona -sede central del Instituto Próvolo-, por parte del sacerdote Nicola Bruno Corradi. Hoy confinado a una silla de ruedas, Corradi fue encontrado culpable en grado de autoría y coautoría o partícipe necesario, con figuras como la promoción de la corrupción de menores. y condenado a 42 años de cárcel. El religioso había sido enviado a la Argentina después que el escándalo amenazara con escalar en su país natal, y aquí continuó con sus prácticas de abusos.

En la sentencia del Tribunal Penal N° 2 de Mendoza, integrado por los jueces Carlos Díaz, Mauricio Juan y Aníbal Crivelli, comprobó 28 delitos cometidos entre el 2005 y el 2016. Además de Corradi fueron sentenciados el cura Horacio Hugo Corbacho y el jardinero Armando Ramón Gómez, a 45 y 18 años respectivamente. El primero recibió imputaciones como abuso simple y con acceso carnal agravados por ser el encargado de la guarda de sus víctimas y ser ministro de culto, además de aprovechar la convivencia. El jardinero, que es sordo como las víctimas, recibió una pena menor ya que para el fiscal Alejandro Iturbide tenía atenuantes, como ser una persona analfabeta, de poca instrucción y claramente influenciable.

Para culminar el viaje, la delegación solicitó audiencias con el Papa Francisco y otras autoridades eclesiásticas, que según informaron no fueron confirmadas hasta hoy. Lucas Lecour detalló a FM Vos de San Rafael que “El Vaticano, como Estado, ha ratificado algunos tratados, como el de los derechos del niño, y ha sido controlado por los comités de los derechos de los niños y contra la tortura, por lo que en 2014 ambos recomendaron colaborar con la Justicia, con la investigación e indemnizar a las víctimas de este tipo de abuso. La presentación es para informarle al comité que, en el caso Próvolo, el Vaticano no se hizo de lo que se le recomendó, también tenemos una denuncia penal contra Dante Simón". Este último fue enviado por el Papa Francisco en 2017 para investigar los hechos desde la órbita eclesiástica .

Además, Lacour señaló que por un tratado especial que la Iglesia Católica tiene con el Estado Argentino no pudieron acceder a toda la información que requerían. “En las demandas civiles, la Iglesia católica sigue defendiéndose como si fuera una compañía de seguros en un accidente de tránsito, y sigue negando lo que pasó. Pondremos en conocimiento a la ONU de todo lo que está sucediendo en Argentina respecto al caso Próvolo; ellos se ampararon en un concordato que tienen formado con el país desde el año 68 y habla de que no tienen la obligación de informar, algo que nos impidió conocer los hechos”, indicó.

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