Nueve personas, entre ellas un policía de la Ciudad, deberán enfrentar en los próximos días indagatorias por haber ofrecido y vendido cigarrillos electrónicos en sitios de internet. Lo curioso es que, en su defensa, uno de los acusados buscó patear el tablero: hizo su propia denuncia contra la Administración Nacional de Medicamentos Alimenticios y Tecnología Médica (ANMAT) y contra las principales empresas tabacaleras, por entender que si los cigarrillos electrónicos son peligrosos para la salud los comunes también lo son, indicaron a Infobae fuentes judiciales.
El caso se da en un momento en que el “vapeo” es cuestionado, sobre todo luego de conocerse la internación de un joven por consumir este tipo de productos tras la detección de imágenes de líquido dentro del pulmón. Es que el joven fumaba desde los 15 años, más de un atado por día, pero tres meses antes había recurrido al cigarrillo electrónico como una forma de controlar el hábito.
Días atrás, la Secretaría de Salud de la Nación emitió un alerta epidemiológica en el que invita a los profesionales de todo el país a concientizar sobre el daño del vapeo.
Ahora, el juez Sebastián Casanello instruye desde principios de año una investigación sobre el tema. Por una denuncia anónima, la Policía de la Ciudad se enteró que uno de sus agentes estaría vendiendo en sitios de internet este tipo de cigarrillos. Se inició entonces una serie de diligencias que apuntó la conexión de este policía con otras ocho personas. Hubo allanamientos en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, donde se secuestró vapeadores, aceites y etiquetas.
El juez decidió llamarlos a indagatoria para los próximos días, acusados del infringir el artículo 201 del Código Penal, que castiga la venta, distribución y almacenamiento con fines de comercialización de mercaderías peligrosas para la salud, disimulando su carácter nocivo.
Pero mientras esta causa avanzaba la defensa del policía implicado decidió radicar su propia denuncia. Los abogados denunciaron a la ANMAT y a las empresas Massalin Particulares, Philip Morris International, Nobleza Picardo y otras tabacaleras por la “fabricación, distribución y venta de cigarrillos”. Afirmaron que la prohibición de vender cigarrillos electrónicos se contradecía con la autorización de vender los tradicionales, revelaron a Infobae fuentes judiciales.
La fiscalía desestimó la denuncia y frente a eso Casanello aseguró que su tarea se encontraba acotada sin impulso del Ministerio Público. No obstante, Casanello expuso que el delito en cuestión reclama que se venda los productos en cuestión “disimulando su carácter nocivo para la salud”. “En lo que respecta a la venta de cigarrillos convencionales, lo cierto es que las diversas reglamentaciones relacionadas al tabaco y las empresas dedicadas a ello, advierten cada vez con mayor énfasis la afectación a la salud y potencial peligro de muerte que pueda ocasionar el consumo de tales productos”.
El fallo añadió que “resulta imperioso destacar que si bien el Estado argentino no prohíbe la comercialización ni el consumo de cigarrillos, lo cierto es que cada vez más desalienta tales actividades -al igual que otros países- mediante la prohibición de fumar en distintos lugares públicos o espacios cerrados, de publicitar en medios masivos y/o aplicación de fuertes gravámenes impositivos para su fabricación y venta”,
Y agregó que “la contradicción alegada por los denunciantes entre la prohibición de fabricación, venta y/o distribución de cigarrillos electrónicos con la venta autorizada de cigarrillos comunes no encuentra sustento alguno toda vez que la administración estatal es quien, en definitiva, tiene la potestad de prohibir determinados productos y autorizar otros, bajo las fundamentaciones correspondientes”.
Los abogados apelaron la resolución en la Cámara Federal y pidieron ser tenidos como querellantes de esa denuncia, pero no tuvieron suerte. La Sala II confirmó que “las circunstancias relatadas por los denunciantes no alcanzan a acreditar, siquiera de modo hipotético, la afectación de modo especial y directo que se le exige a quien procura intervenir como parte querellante en el proceso”. Ahora Casanello escuchará al policía y los otros ocho acusados en indagatoria.
Los cigarrillos electrónicos no están habilitados en la Argentina, aunque se venden por redes sociales o en plataformas en donde el comprador y el vendedor se conectan sin intermediarios.
De acuerdo al Informe sobre Control del Tabaco publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a finales de 2014, el vapor que liberan estos dispositivos no es inocuo porque contiene nicotina y otros químicos tóxicos y cancerígenos. En diciembre de 2016, a través de una Evaluación de Tecnología Sanitaria, la ANMAT decidió reiterar la prohibición para importar, distribuir y comercializar cigarrillos electrónicos y sus accesorios –lo que incluye su publicidad, promoción y patrocinio-. Esta medida ya había sido tomada por el organismo en mayo de 2011 por medio de la Disposición 3226/11.
“Si bien lo que propone, entre otras cosas, es que el fumador reemplace el tabaco para incorporar menos nicotina en su cuerpo, es muy difícil determinar qué cantidad de nicotina exactamente consumirá. Esta incertidumbre obliga a seguir muy de cerca y periódicamente las consecuencias de su uso en las personas”, entendió la ANMAT.
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