El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal se presentó en el expediente acompañando a los defensores legales de Débora Pérez Volpin, porque considera abusivas ciertas decisiones del juez Javier Anzoategui en contra de los abogados de la fallecida periodista. Creen que hubo "un evidente exceso por parte del magistrado actuante".
Con el fin de hacer efectiva la inviolabilidad del libre
ejercicio profesional, el Colegio se presentó ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 8 para defender a uno de sus miembros.
Mediante un escrito presentado, explicaron que "el profesional –Diego Pirota– manifestó, en síntesis, que viene a solicitar de este Colegio Público que efectúe su acompañamiento a los efectos de que se haga saber al Tribunal actuante su posición ante la posibilidad de que se le apliquen sanciones por simples declaraciones periodísticas realizadas fuera del ámbito del Tribunal".
Además, desde el Colegio Público de abogados porteños recordaron que "históricamente ha sostenido que las sanciones impuestas por los magistrados en razón del ejercicio profesional del abogado, vulneran el principio constitucional del debido proceso, de defensa en juicio y de igualdad ante la ley, siendo esta Institución el único órgano habilitado para evaluar la conducta de sus matriculados".
Para la entidad, "es por ello que toda lesión o degradación al ejercicio libre de la defensa importa una lesión o degradación al Estado de Derecho en sí mismo, resultando mucho más perturbador aún, que se pretenda sancionar a un letrado por manifestaciones efectuadas a través de los medios de comunicación, lo que constituye un claro exceso de jurisdicción y se asemeja demasiado a los viejos señoríos de los señores feudales sobre sus vasallos".
Finalmente, destacaron que "el Juez que sanciona, nunca puede evitar ser Juez y parte, lo que no sólo está en contradicción con el más elemental sentido de justicia constitucional, sino también convencional, puesto que resulta violatorio de tratados internacionales con jerarquía constitucional".
Es por eso que el Colegio Público pide al magistrado que acepte el acompañamiento al letrado y autorice a sus abogados a "examinar el expediente, retirar copias y diligenciar cédulas, oficios, y toda otra actividad que se deba efectuar en estas actuaciones".
Días atrás, el juez Anzoategui, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal 8, negó tener intención de retrasar el juicio oral que investiga la muerte de Débora Pérez Volpin, ocurrida en el Sanatorio La Trinidad en febrero de 2018, y dijo que el inicio de ese proceso está previsto para el 22 de julio.
Texto del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal
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