
En un insólito fallo, la Sala I de Lomas de Zamora le dio un giro gigante al caso de abuso de menores en la pensión del club Independiente: tras más de cuatro meses de tener el proceso, cambió la caratula para tres de los imputados y les sacó el delito de abuso sexual de menores pasándolo al más benigno promoción a la corrupción de menores, por lo que además ordenó la inmediata excarcelación de los acusados, que se materializará en pocas horas más desde la Alcaidía Departamental de Lomas de Zamora.
Los beneficiados por la medida son el árbitro Martín Bustos, que fue el primero en caer detenido y que estaba acusado por tres casos de abuso, el relacionista público Leonardo Cohen Arazi, la figura con más exposición por su relación con el mundo del espectáculo y que tenía para la fiscalía cuatro hechos comprobados, y el representante de jugadores juveniles Alberto Ponte, quien al principio había terminado en prisión acusado del delito de grooming (acoso por vía web) y después se le había sumado un hecho de abuso sexual. Si bien los tres seguirán ligados al proceso (mañana tienen que presentarse en el juzgado tres de Avellaneda para notificarse de su nueva situación), sólo tendrán algunas restricciones de libertad ambulatoria, como tener que pedir autorización cada vez que quieran salir del país. Pero ya no volverán tras las rejas.
En cambio, sí seguirán en esa condición los otros tres imputados: el administrador de consorcios, Alberto Dal Cin, con diez presuntos casos, el organizador de torneos amateurs, Juan Díaz Vallone, supuestamente con dos y el empleado de comercio Silvio Fleytas, con dos casos denunciados.
El cambio de carátula es llamativo y cercano al escándalo: para la Sala I los delitos de los tres liberados se encuadran en el artículo 125 del código penal que establece que "quien promoviere o facilitare la corrupción de menores de dieciocho años, aunque mediare el consentimiento de la víctima será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años. La pena será de seis a quince años de reclusión o prisión cuando la víctima fuera menor de trece años. Cualquiera que fuese la edad de la víctima, la pena será de reclusión o prisión de diez a quince años, cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción, como también si el autor fuera ascendiente, cónyuge, hermano, tutor o persona conviviente o encargada de su educación o guarda".
En este caso, la Sala optó por la primera vía, cuyo mínimo de pena es tres años, que la hace en caso de obtener esa pena, excarcelable. Y además, para la Sala I no hay riesgo de fuga sobre los tres acusados ni ven posibilidades de que entorpezcan la investigación, algo sumamente discutible. El recurso de apelación que logró la excarcelación había sido liderado por el abogado Adrián Cornaglia, defensor de Cohen Arazi, quien declinó opinar sobre el tema hasta leer los fundamentos del fallo. Lo mismo ocurrió con Julio Chavarría, abogado de Bustos y que también había apelado con recurso propio, quien ante la consulta de Infobae prefirió esperar hasta conocer en profundidad la decisión.

El tema es que el criterio de la Sala tiene aristas extrañas. Por ejemplo, en el caso de Bustos tuvo relación con un menor de 15 años quién admitió en cámara gesell que llevaba un año siendo abusado por mayores en la causa Independiente. Por lo que mal podría Bustos estar promoviendo lo que ya ocurría: simplemente era abuso, era un consumidor. Así podría extenderse este ejemplo al resto. Este era el criterio de la fiscal Soledad Garibaldi y del juez de garantías Luis Carzoglio, quién el 29 de abril resolvió procesar a los seis por los dos delitos: abuso sexual agravado y corrupción de menores. Ahora la Cámara optó por volar para Bustos, Cohen Arazi y Ponte el primero de los delitos, el más grave, el que tiene pena de hasta 15 años de prisión y cuyo mínimo de cinco no es excarcelable.

"Estamos muy sorprendidos con el fallo y se va a trabajar con el fiscal de Cámara para apelarlo. No entendemos qué criterio utilizaron, acá estaba muy claro todo lo que había ocurrido", le dijo el Procurador bonarerense, Julio Conte Grand, a Infobae, apenas conocida la decisión. También ronda la idea en el Ministerio de Justicia provincial de impulsar un jury de enjuiciamiento para los tres magistrados que firmaron la resolución y que le pusieron un dique de contención a una causa aberrante que pide a gritos justicia.
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