El crimen del colectivero: un antecedente trágico y las medidas de seguridad que nunca se implementaron

El asesinato en la localidad bonaerense de La Matanza de Leandro Alcaraz, chofer de la línea 620, reactualizó el reclamo por seguridad en los recorridos por las zonas más "calientes" del conurbano.

El Gobierno anunció en las últimas horas que facilitará créditos para que las empresas instalen cámaras en todas las unidades, pero el pedido de los conductores es otro:  quieren una cabina hermética o un sistema de aislamiento, similar al de los subtes o algunos micros de larga distancia.

Este reclamo tiene un antecedente trágico: el 24 de julio de 2008, y luego de agonizar durante 24 horas, fallecía Víctor Hugo Encina Sequeira, de 44 años, chofer la línea 196. Mientras realizaba su recorrido por González Catán, un pasajero alcoholizado lo apuñaló  siete veces en el cuello, el estómago, el hígado y el diafragma, y escapó.

En aquella oportunidad, el titular de la UTA, Roberto Fernández (una década después se mantiene en su cargo como Secretario General) llevó al paro a todos las líneas de colectivos. Fueron tres noches seguidas, entre las 22 y las 05. Y fueron jornadas de reclamos y reuniones con autoridades de la provincia de Buenos Aires y del gobierno nacional.

Tras aquellas negociaciones, la secretaría de Transporte -a cargo de Ricardo Jaime- dispuso a través de la resolución 926/2008 que los colectivos debían adoptar un "Sistema de Protección Antivandálico". Para ello,  ordenó que se conforme una comisión especializada que debía establecer los detalles de la implementación del plan, algo que nunca sucedió.

No quedó claro si fue la resistencia del gremio, las barreras de las cámaras empresariales que se quejaban del costo de estas cabinas especiales o la inacción estatal lo que finalmente retrasaron la puesta en marcha de esa iniciativa. Hoy, una década después, la sociedad está debatiendo lo mismo.

"Lo importante no son los costos económicos, sino las vidas de los trabajadores", planteó Fernández en aquel momento. El plan era ambicioso:  como lo había hecho Brasil o España, consistía en equipar a 9 mil unidades -las que en ese entonces unían Capital Federal con el conurbano bonaerense- con estas medidas de seguridad.

Además de los asesinatos de Alcaraz y de Encina Sequeira, durante la última década los hechos de inseguridad en los colectivos se fueron acumulando. En diciembre del 2009, al chofer de la línea 60, Fabián Verón, unos asaltantes le cortaron un dedo en Escobar. Otro colectivero, de la línea 98, sufrió la amputación de un dedo en Avellaneda, en julio de 2010.

Más acá en el tiempo, en junio de 2017 un conductor de la línea 324 sufrió la amputación de un dedo, De nuevo al paro. El 15 de junio Carlos Sánchez (42), chofer de la línea 514, fue ultimado de un tiro en la cara en las cercanías de la estación Claypole.

Más allá del anuncio de Ritondo para la instalación de cámaras,  la misma medida habían anunciado los ministerios de Transporte de la Nación y porteño, el ministerio de Seguridad de la Nación y el de Justicia y Seguridad de la Ciudad a mediados de 2017.

En aquella oportunidad, el secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco, indicó: "Estamos trabajando en conjunto. La inseguridad en el transporte público es un problema que lo estamos combatiendo en equipo. Esta iniciativa va en línea con otras medidas como la instalación de 550 cámaras en los ferrocarriles metropolitanos. El objetivo es darle más seguridad a los pasajeros".

Es un plan por etapas. Hoy ya hay 4000 cámaras instaladas en 16 líneas (7, 10, 23, 26, 33, 42, 44, 45, 50, 53, 70, 76, 101, 135, 150 y 166). Es progresivo para llegar a 2019 con un total de 16.000 cámaras en 53 líneas. Cada colectivo tiene 4 cámaras, 3 internas y una que apunta hacia el exterior, hacia el frente del colectivo.

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