Graciela Pera: "Parece que tenemos que tener suerte con el Poder Judicial, como si fuera una quiniela"

La corriente garanto-abolicionista que se enseñoreó de la justicia argentina en la última larga década prácticamente puso a las víctimas en el banquillo: constantemente, los familiares de personas asesinadas por delincuentes se ven en la obligación de aclarar que no buscan venganza sino justicia. Su reclamo se ha visto deslegitimado por una ideología que siempre encuentra atenuantes y justificaciones al delito y se muestra absolutamente indiferente al sufrimiento causado por la violencia criminal.

Esa indiferencia se ve prolongada por un sistema penal que no les concede a los familiares de las víctimas casi ningún derecho. En especial en la etapa posterior al juicio, durante la ejecución de la sentencia, cuando el juez no está obligado siquiera a notificarlos de ningún beneficio -salidas transitorias, libertad anticipada, condicional- otorgado a los victimarios.

Es esta la anomalía que la Ley Nacional de Protección, Derechos y Garantías de las víctimas de delitos, -que en noviembre obtuvo media sanción de diputados y que se encuentra en revisión- busca corregir.

De ahí la importancia de estos debates en el Senado. En la tercera jornada de expositores sobre diferentes aspectos del proyecto, la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, aseguró que hay "mucha dispersión normativa" para castigar a los responsables de delitos sexuales, de género, de trata y con menores como víctimas y remarcó que "el Estado tiene interés de que no se cometan más delitos" pero mientras ello no ocurra "se tiene que castigar a los culpables".

Una de las claves para poner fin a la exacerbada costumbre de estos años de conceder beneficios a delincuentes, con total desconsideración de su propensión a reincidir, es que se escuche la voz de quienes hasta ahora han sido convidados de piedra en los procesos.

Por el lado de los familiares de las víctimas de delitos expuso, entre otros, Graciela Pera, madre de Matías Díaz (21) asesinado de un disparo en el corazón por un delincuente reincidente que entró a robar en el local en el que trabajaba, hace 13 años. "Las víctimas queremos justicia no venganza… -dijo- Que el que cometió el ilícito, respetando todas sus garantías constitucionales, sea condenado y si está probado (el delito) que vaya preso y cumpla su pena en prisión, como debe ser y no que después estemos con las salidas transitorias, con la (libertad) condicional porque las penitenciarias están superpobladas, lo que no es culpa nuestra (…) El que mató a mi hijo era un reincidente que había salido 73 días antes de matarlo". En clara queja por la actuación general de la Justicia, Pera hizo sin embargo una salvedad al referirse a la causa de Matías. "Me tocó un buen fiscal, parece que tenemos que tener suerte con el Poder Judicial, como si fuera una quiniela. Este fiscal me permitió participar de la causa, que tardó 4 años en llegar a juicio y fue muy difícil probar el hecho". También se refirió a la desprotección que padecen tras la pérdida: "Creo que las victimas de delitos graves, como la muerte de un ser querido, deben recibir asistencia legal y psicológica porque cuando vamos a la morgue a recibir a nuestros hijos no estamos preparados".

Pera, que integra la asociación Usina de Justicia, exigió que se respete el articulo 16 de la Constitución Nacional que establece la igualdad ante la ley: "Lo único que pedimos es la igualdad ante la ley entre víctima y victimario; a veces me da la sensación de que estoy mendigando algo que es tan obvio que emana de la ley suprema de la nación; igualdad ante la ley, no venganza, y que el Estado no cumple, como no cumple con las cárceles para reinserción del reo, se hace un círculo vicioso, vuelven a matar, vuelven a violar… las victimas ya no podemos más, el Estado nos tiene que dar la posibilidad de tener un abogado, las victimas debemos tener ese derecho… somos sometidas a las peores revictimizaciones y a la peor de las desigualdades que existe en un país que es no respetar la Carta Magna. Les pedimos casi como un ruego a ustedes que son nuestros representantes que voten una ley que pueda ser aplicada y que nos ponga en igual de condiciones con quien mató o violó a nuestros hijos. No es mucho pedir, es lo justo".

En la misma jornada, también expuso Guillermo Bargna, padre de Soledad Bargna, asesinada de 26 puñaladas en mayo de 2009 por un vecino que debía estar preso pero tenía salidas transitorias para trabajar. "Salvo en contadas excepciones, no creemos en la justicia penal, porque muchas veces tratan a las víctimas como victimarios y a los victimarios como víctimas".

Por su parte, Roberto Almeida, viudo de Ana María Domínguez, asesinada en abril del 2000 cuando estaba junto a su hija de apenas siete meses, y organizador de la convocatoria #ParaQueNoTePase, detalló sobre lo que sucede en los "centros de protección a la víctima" que ya existen en el marco de la provincia de Buenos Aires.

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La iniciativa que obtuvo media sanción por unanimidad establece, entre otras cosas, la creación de Centros de Protección y Asistencia a las Víctimas. Estos espacios, según el proyecto, deberán contar con médicos, psicólogos, asistentes sociales e investigadores especializados. Allí se podrán realizar denuncias y estarán abiertos las 24 horas.

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