La historia del femicida japonés que mató en Tokio y cayó en Buenos Aires

Takiya Tomoyasu no era alguien difícil de distinguir: era el único japonés en situación de calle en todo el centro porteño. Con 45 años, Tomoyasu dormía en plazas y veredas y se ganaba unos pesos pegando volantes de prostíbulos, su único ingreso. Con su situación migratoria irregular y sin DNI nacional, su historia era básicamente un misterio. Ayer por la noche, el japonés quedó detenido.

La división Fugitivos-Interpol de la Policía Federal, que depende del área de Delitos Federales de la fuerza, lo arrestó en la esquina de San Martín y Lavalle. La orden había venido, precisamente, desde Interpol en Tokio: de vuelta en su país, Tomoyasu está acusado de matar a su pareja, una prostituta.

El crimen ocurrió el 13 de julio de 2010 en la capital japonesa, de acuerdo a la imputación en su contra; Tomoyasu la estranguló en su casa luego de discutir por dinero. Llegó a la Argentina como turista ese mismo año, para quedarse indefinidamente y convertirse en un inmigrante irregular. 

Tomoyasu tenía algo de dinero al llegar; terminó en la calle cuando se le acabó. Al no tener ningún oficio, no pudo conseguir un empleo. El japonés, por otra parte, no llegó a la Argentina con un pedido de captura en su contra, algo que la Justicia japonesa resolvió con su llegada a la Argentina.

Eventualmente, Interpol lanzó una circular azul en su contra, pidiendo su ubicación a nivel internacional y que sea retenido de inmediato. Es un honor raro: de acuerdo al sitio oficial de Interpol, solo once japoneses prófugos tienen pedido de captura en todo el planeta. Sin embargo, no todo era tan simple. El caso de Tomoyasu probó ser una suerte de encerrona para el derecho penal internacional. 

La circular azul también se sumó a una presión de la Embajada de Japón en Argentina para extraditarlo. Tomoyasu deberá será enjuiciado al llegar a Japón. El panorama no es nada alentador: en su país, el crimen del cual se lo acusa se castiga con la pena de muerte.

Según fuentes en la investigación, el Estado argentino, que se opone a la pena de muerte, se negaba a extraditarlo "por razones humanitarias". Mientras tanto, la PFA monitoreaba a Tomoyasu en sus movimientos.  El pedido de Interpol Tokio, que también envió personal al país para discutir el caso de Tomoyasu con miembros de la PFA y Migraciones, forzó un cambio en la postura oficial. Tomoyasu tenía que irse.

La Dirección General de Migraciones también interviene en el caso, a causa de la situación irregular de Tomoyasu en el país. Fuentes en el organismo aseguran que en un momento el japonés hasta fue intimado para poner sus papeles en regla. Así, su situación irregular se vuelve un factor de peso para que la Argentina no tenga reservas en echarlo, más allá del pedido de captura.

La semana próxima, una escolta de la Policía Nacional de Japón llegará para llevar a Tomoyasu de vuelta a su país, donde, si un juez lo decide, morirá ejecutado.